La delgada congresional, Elizabeth Torres, puntualizó hoy, miércoles, en entrevista con Metro al Mediodía que no comprende por qué el Partido Popular Democrático (PPD) no tomó acción antes sobre la Ley 167 de 2020, que creó la Delegación Congresional de Puerto Rico en Washington, ya que es un “cuerpo vergonzoso que nunca debió haber existido”.
Asimismo, aseguró que, en su primer informe en septiembre de 2021, le solicitó al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, que disolviera la delegación congresional porque no había que utilizar fondos públicos ya que los esfuerzos por adelantar la estadidad se podían “dar desde el ámbito privado”.
“Yo corrí, bajo unas expectativas, luego descubro que nada de eso era real y entonces entiendo que es un acto inmoral mantener la delegación (congresional) abierta. Le pedí al a la delegación del Partido Popular Democrático que, por favor, hiciese vista públicas para que nos sentasen a todos, eso lo medios también lo reseñaron, sin embargo, a puerta cerrada en acuerdo con el PNP (Partido Nuevo Progresista), desistieron de la idea”, aseveró Torres.
En el día de ayer, martes, el actual presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz junto a otros miembros del partido, anunciaron en conferencia de prensa que presentará un querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ya que los “cabilderos de la estadidad” están violando la ley porque no existe una medida que abogue por la anexión de la isla como estado federado.
“Si yo no pasé el crisol vago del tribunal, yo estoy segura, que ningún delegado va a pasar el crisol del tribunal, porque yo misma me he puesto como testigo de las cosas que yo viví, de como muchos delegados abandonaron su trabajo. Una delegada como Zoraida Buxó juramentó, cobró un dinero y juramento fuera de fecha, como establece la ley, y cobró un dinero sin haber juramentado. La Oficina de Ética Gubernamental le dijo que tenía que devolverlo, pero nosotros no sabemos qué paso. En el caso de Mayita (Meléndez) estuvo absolutamente nada porque estaba enferma. Le deseamos salud claro está, pero en contravención con la ley devenga un sueldo sin haber hecho ningún trabajo. La delegada, Melinda Romero, se fue de viaje un mes después de haber sido juramentada. Se fue de viaje y en ese viaje estuvo más de un mes fuera de sus funciones como delegada y así los medios ha reseñado los incumplimientos de la entrega de los informes, los incumplimientos en relación con informes detallados y un sinnúmero de incumplimiento y unos excesos de gastos”, detalló Torres.
Precisamente, el pasado lunes 11 de septiembre, la Cámara de Representantes aprobó a viva voz el Proyecto de la Cámara 139, de la autoría del legislador independentista Denis Márquez Lebrón, para derogar la ley que creó la delegación congresional. Cabe destacar que tanto la Cámara y el Senado de Puerto Rico aprobaron una medida que tenía la misma intención del proyecto en discusión, pero el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, lo vetó el pasado 20 de abril de 2021.
Torres reaccionó a la medida diciendo que el PPD está jugando “un juego político” y tratado de decirle a los que le exigen que tomen acción “mira, estamos haciendo algo”, sin embargo, afirmó que no va a “rendir frutos” ya que el gobernador lo vetará.
“Lo que sí puede hacer el Partido Popular Democrático es acudir al secretario de Justicia (Domingo Emanuelli), presentar una querella con los incumplimientos claros y directos, no como en mi caso, que se dice que incumplí, pero nadie sabe de que manera fue que incumplí, sino que con lo mismo que ha salido en la palestra (pública), con los incumplimientos, con las fechas, con los informes que no se entregaron a tiempo, con las prórrogas que el gobernador dio, cuando eso no se establece en la ley. O sea, si el Partido Popular Democrático quiere hacer algo que tenga resultado y no parezca politiquería, aunque tal vez no lo sea, no lo sabemos, eso es lo que parece. Pues entonces lo haría de esa manera para obligar al Secretario de Justicia a que acuda a los tribunales y que se pase a los delegados el mismo crisol”, expresó la aún delegada congresional.
Según explicó Torres, hace más de una semana apeló su destitución como delegada congresional en la Cámara baja federal por un alegado incumplimiento de las responsabilidades de su cargo, violando el Art. 12 de la Ley Núm. 167, proceso que describió como una “atropellado” donde no se le permitió testificar, ni presentar testigos y pruebas.
“Ya ese proceso de apelación está pendiente, por lo que en los casos civiles yo permanezco como delegada hasta que esa sentencia tenga final y firme, que por eso es que el gobernador expresa públicamente que que hay que esperar para poder sustituirme, hay que esperar que el proceso culmine porque no ha culminado”, dijo Torres.
Sobre el hecho de que el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Luis Dávila Pernas, ordenó suspenderle cualquier tipo de salario o rembolso, manifestó que se supone que devengue un sueldo, pero que tanto Dávila Pernas como Pierluisi “decidieron violentar la ley, violentar mi derechos constitucionales”.
“Por órdenes del gobernador, porque es el sistema que tenemos es un sistema que responde a los vaivenes políticos y a las ideologías políticas, el gobernador le pidió al director ejecutivo de PRFAA que suspendiese los pagos en contravención del Código Civil, porque de nuevo, esto es un caso civil. Y, como no se puede ejecutar esa sentencia del juez Anthony Cueva hasta que culmine el proceso, se supone que yo sigo como delegada y también se supone que yo devenga un sueldo”, añadió.
