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Un grupo de doce congresistas de los Estados Unidos firmaron una misiva donde exigen al Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) que aceleren el proceso para proveer información sobre la autoría que se lleva a cabo a nivel federal sobre alegado incumplimiento fiscal por parte de los beneficiarios de la Ley 60 (antes Ley 22) en Puerto Rico.

La acción fue liderada por la congresista demócrata Nydia Velázquez, junto a Alexandria Ocasio-Cortéz, Barbara Lee, Rashida Tlaib, Ritchie Torres, Dan Goldman, Adriano Espaillat, André Carson, Cori Bush, James P. McGovern, Raúl M. Grijalva, Lloyd Doggett y Alma S. Adams.

En la carta, se hace mención a que la llegada de los beneficiarios de esta ley, ha proliferado el uso de alquileres a corto plazo y ha aumentado el costo de las viviendas en la isla. Además, se hace referencia a un estudio del Centro para una Nueva Economía (CNE) donde se indica que la expansión de los alquileres a corto plazo en la isla afectaron al mercado inmobiliario de 2014 al 2020 al provocar un aumento en de 7% en la renta media y un 23% en el precio de una unidad de vivienda mediana.

Del mismo modo, se señala que un informe realizado por el propio IRS refleja pérdida de ingresos para los Estados Unidos por la ley 22 ya que del 2012 al 2019 el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) otorgó el beneficio a 2,331 personas, de este total unas 647 personas pagaron $557,978,112 en impuestos federales sobre la renta en los cinco años previos a mudarse a Puerto Rico.

“Aunque estos datos son muy limitados, ofrecen una idea de los ingresos críticos que Estados Unidos está perdiendo debido al esquema de evasión fiscal creado por la Ley 22″, lee la carta de los congresistas.

Para el año 2021, el IRS anunció una campaña de auditoría contra los beneficiarios de la ley en Puerto Rico. Posteriormente, en este año 2023 confirmó que estaba realizando una investigación sobre los beneficiarios. Según la carta, un grupo de defensa de puertorriqueños solicitó a la agencia que entregara información recopilada en la auditoría para marzo del 2023 y se indicó que la misma estaría lista para verano de este año. Sin embargo, se ha informado que la información se retrasó para diciembre.

“Este retraso es preocupante dada la importancia de este tema para las comunidades en Puerto Rico, así como el impacto generalizado de la posible elusión y/o evasión fiscal de la Ley 22 en los Estados Unidos continentales. Además, el número de estadounidenses continentales que se mudan a Puerto Rico para recibir los beneficios de la Ley 22 parece estar creciendo. Desde finales de 2020 hasta principios de 2023, los beneficiarios crecieron de 3.146 a 5.010, un aumento de casi el 60 por ciento”, añade el documento.

Los congresistas comunican en la misiva al IRS que el propio DDEC ha aceptado que no cuenta con herramientas suficientes para fiscalizar a los beneficiarios de la ley.

“Consideramos esencial comprender hasta qué punto el IRS y el Departamento del Tesoro de Puerto Rico están monitoreando a los individuos y empresas estadounidenses que reclaman beneficios tributarios bajo la Ley 60, particularmente porque el número de beneficiarios de la Ley 22/Ley 60 continúa creciendo exponencialmente. La provisión de información disponible sobre los esfuerzos continuos de supervisión y aplicación de la ley es fundamental para salvaguardar el sentido de justicia y confianza de los contribuyentes en agencias gubernamentales como el IRS. Solicitamos respetuosamente que su oficina acelere el procesamiento de la solicitud antes mencionada de conformidad con las reglas, leyes y regulaciones aplicables o, alternativamente, proporcione un cronograma detallado de cuándo el IRS espera brindar al público en general una actualización sobre sus hallazgos”, concluye la misiva.

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