Luego que el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TS) desestimara la apelación de la Cámara de Representantes, dando paso al aumento salarial en la Rama Judicial— que constituye una partida de $11.2 millones de dólares— las autoridades de ese brazo del gobierno esperan por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para encaminar el proceso del alza en la compensación de los jueces.

El Alto Foro determinó que la cámara baja —que había apelado una determinación judicial en un pleito incoado por jueces— no notificó a la Oficina de la Administración de Tribunales sobre la apelación, por lo que tomaron la decisión de desestimar la apelación.

“La Cámara de Representantes debió conocer que en nuestra jurisdicción una persona se considera parte una vez de diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción sobre esta. El desconocimiento de esto no constituye justa causa. En todo caso, lo antes expuesto, incluyendo que la propia sentencia que pretendía apelarse consta notificada a la OAT, debería haber llevado a que se le notificara el escrito de manera oportuna. Es decir, considerando su cuestionamiento, el abogado no debió esperar a plantear el asunto por primera vez en apelación, tras optar unilateralmente por no notificar el recurso a un organismo que ha sido emplazado y que es objeto de una sentencia que precisamente se pretendía apelar”, lee la sentencia.

La OAT indicó ayer a Metro Puerto Rico que, al no haberse presentado la apelación de conformidad con las normas que regulan el proceso apelativo, la Cámara de Representantes carece de jurisdicción para intervenir en la controversia. Por esa razón, prevalece la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI), que en noviembre de 2023 falló a favor del aumento salarial de los jueces, declarando la Resolución Conjunta 39-2023 como una ley especial que dispone este incremento.

En cuanto a los pasos a seguir luego de la determinación, la oficina de prensa de la OAT subrayó ante este medio que esperan comunicaciones por parte de la JSF.

“La Oficina de Administración de los Tribunales está atenta al desarrollo de los trámites relevantes al caso ante el Tribunal Supremo y, cuando corresponda, lo comunicará a la Junta de Supervisión Fiscal, quienes determinarán el curso a seguir”, informaron en declaraciones escritas.

Por su parte el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia, coincidió en que “están en espera de la autorización por parte de la Junta de Supervisión Fiscal”.

Al final del día el dinero está en el presupuesto. Está asignado en una cuenta custodia que por eso OGP entra en la discusión por que es el custodio de esa cuenta, pero como tiene que ser una reprogramación hace falta la autorización por parte de la Junta de Supervisión Fiscal para, esencialmente, mover el dinero de la cuenta custodia en la que se encuentra presupuestado y entonces a las cuentas de nóminas de la Administración de Tribunales”, detalló Blanco.

El licenciado afirmó que se retomarán las conversaciones hoy, lunes, con todas las partes y si no queda “pendiente” algún tipo de apelación o reconsideración, la decisión del Supremo será “final”.

Luego de la determinación del TS, el Hernández Montañez confirmó que estarán radicando un recurso de reconsideración ante la determinación del máximo foro judicial.

“Nosotros apoyamos la revisión de los salarios de los jueces y de todos los empleados la Administración de Tribunales y lo demostramos presupuestando este dinero desde el primer día. Obviamente, hay que hacer los acuerdos de acuerdo a las leyes. Lo que queremos ver, como lo hemos hecho en el ejecutivo, que hemos logrado llevar al gobierno a ser un patrono más competitivo, queremos que sea asimismo los tribunales tengan esa oportunidad de atraer al mejor talento y la compensación es parte de eso”, sostuvo.

Se argumentó en la prensa que el tranque por parte de la Cámara nace del deseo que se les aumente el salario a los senadores y representantes igualmente.

Desde 10 de noviembre de año pasado, el juez apelativo Ricardo Marrero Guerrero y la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, INC (APJ) argumentaron que la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 39-2023, la cual abre camino para legalizar los aumentos salariales, con una partida de $11.2 millones de dólares.

La demanda sostenía que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no había realizado los trámites necesarios para el desembolso de los fondos asignados para el aumento. Este incremento estaba previsto en el Plan Fiscal aprobado por la JSF.

El 14 de noviembre del 2023, la Cámara radicó una moción solicitando la desestimación, en la que alegaban que la resolución Conjunta 39-2023, no constituyen una ley especial, por lo que necesitaba el consentimiento de la legislatura para dar paso al aumento.

El 17 de noviembre del 2023, el juez superior Anthony Cuevas Ramos del TPI de San Juan, falló a favor del aumento salarial de los jueces, requieriendo a la OAT solicitar al ente fiscal la reprogramación de los fondos para que la OGP procediera con el ajuste salarial.

El 12 de enero, el cuerpo legislativo presentó una apelación para revocar la orden del TPI, la cual establecía que el juez Cuevas Ramos erró al determinar la aprobación del alza de salarios.

El 18 de enero el TS decidió intervenir en el conflicto, ordenando al Tribunal de Apelaciones (TA) a detener el trámite entre la Cámara y los demandantes.

El 2 de febrero el Supremo desestimó la apelación de la Cámara, dando paso a aumento de salario para los jueces.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes arremetió contra la Rama Judicial acusándolos de “legislar para aprobarse un aumento salarial” tras la determinación del TS, que dio paso a que se desestimara el recurso legal presentado por parte de la cámara baja.

En sus expresiones, Hernández Montañez reiteró que le informaron a todas las partes, incluyendo al Alto Foro, sobre la apelación. También, recordó los cuestionamientos que se han hecho contra los jueces por los casos de violencia de género que han atendido y han terminado en la muerte de la víctima.

“La propia Rama Judicial no está exenta de estos cuestionamientos ante las profundas deficiencias en su operación que han provocado la re victimización constante de las víctimas del crimen ante la ola de feminicidios que arropa al país, y la pérdida injustificada de vidas por la incompetencia de ese sistema que hoy se compensa a si mismo con bonificaciones y privilegios. El llamado es a la prudencia”, declaró.

Por último, el presidente cameral reveló que estarán radicando un recurso de reconsideración ante la determinación del Supremo.

“Nuestros abogados están preparando un recurso de reconsideración, fundamentado en derecho – para que el Alto Foro Judicial adjudique esta controversia en sus méritos. La Cámara de Representantes no claudicará a la defensa de sus prerrogativas constitucionales ante el uso desmedido de un tecnicismo inconsecuente para obtener un beneficio personal en menoscabo del Poder Legislativo. Confiamos en que el Tribunal Supremo desistirá de este nefasto precedente”, comunicó el líder de la cámara baja en declaraciones escritas.

Los salarios de los jueces— que no se habían sido revisados desde el 2003— tendrán un aumento sustancial. Los incrementos representan un 24% para el juez presidente, llevando su salario a $154,556 dólares; un 20% para los jueces asociados, alcanzando los $144,480 dólares; un 24% para los jueces apelativos, sumando $130,579 dólares; un 32% para los jueces superiores, llegando a $118,133 dólares; y un 32% para los jueces municipales, con un total de $91,764 dólares.