La aprobación de varios casos de aumentos salariales y negociaciones colectivas está en espera del visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Instituciones importantes como el Centro Médico, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el sistema judicial aguardan por la decisión del ente fiscal.

Las demoras en las respuestas de la Junta generan incertidumbre sobre el tiempo que podría tomar el proceso y ya ha provocado —al menos un— voto de huelga.

“La Junta no tiene un término para responder a las peticiones que se hacen de que se aprueben los convenios colectivos o cualquier aumento de salario. Así que no, no hay manera de uno predecir cuándo es que yo pueda hacer la autorización”, explicó el licenciado Rolando Emmanuelli, experto en la Ley PROMESA.

Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad y la autonomía de las negociaciones colectivas bajo la supervisión de la JSF. Según el abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), la militancia y la presión ejercida por los sectores solicitantes pueden influir en la decisión de la Junta, pero no hay garantías.

“La experiencia que yo he visto es que cuando los sectores obreros hacen presión, la Junta reacciona”, afirmó Emmanuelli, haciendo referencia a la influencia de la acción colectiva en las decisiones de la Junta. Recordó el caso de los maestros, donde la presión ejercida por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) condujo a la aprobación de aumentos salariales para los educadores.

“En los casos de los convenios se supone que la agencia sea la que solicite la aprobación de la parte económica de los convenios. En esto del empleo público, la ley es la que gobierna prácticamente esto. La ley 26 gobierna todo esto y ha ido quitando muchos de los beneficios que tenían los empleados que tenían convenio colectivo y le quitó a la agencia la discreción de negociar cosas por encima de la ley”, dijo Emmanuelli.

En cuanto al proceso de negociación colectiva, el abogado subrayó el poder absoluto de la Junta para aprobar o rechazar los convenios propuestos, lo que añade una capa adicional de incertidumbre y tensión a las discusiones laborales en Puerto Rico.

“La Junta interviene al final ellos reciben la propuesta de convenio por parte de la agencia y entonces la comentan y la aprueban o la desaprueban. Pero tienen la facultad de decir que no van a aprobarlo y habría que volver otra vez a la mesa de negociación, así que es un poder absoluto en términos de que aprueba o no se aprueba por el hecho de que tiene un impacto en el presupuesto”, explicó.

Esta dinámica, según Emmanuelli, plantea interrogantes sobre la autenticidad de las negociaciones colectivas bajo la supervisión de la Junta.

De igual forma, la presencia de la Junta de Control Fiscal en estas negociaciones plantea dudas sobre la efectividad y la legitimidad de las mismas. Emmanuelli fue claro al afirmar que, en muchos casos, estas negociaciones son más simbólicas que reales, ya que la última palabra la tiene la Junta.

“Es realmente preparar el borrador. El convenio no tiene finalidad, porque quien manda en la Junta en esos”, comentó Emmanuelli, sugiriendo que, aunque las negociaciones se lleven a cabo entre empleadores y empleados, el destino final está sujeto a la aprobación de la Junta.

Ante esta situación, los trabajadores y las agencias gubernamentales enfrentan un panorama incierto, donde la viabilidad de los aumentos salariales y los acuerdos colectivos queda en manos de un ente externo con poder discrecional.

Pendientes

Centro Médico

El pasado 25 de enero, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Administración de Servicios Médicos (ASEM) llegaron a un acuerdo que frenó a un paro indefinido convocado para la madrugada siguiente. El presidente de la UGT, Edwin Méndez, y el director ejecutivo de ASEM, Jorge Matta González, confirmaron en una conferencia de prensa que el convenio acordado contempla incluir $800 como aumento salarial mensual, y no una bonificación de retención, como se había propuesto inicialmente. El acuerdo impactaría a más de mil empleados representados por la UGT, afirmó Méndez. Sería un aumento prorrateado y ajustado, de manera que complemente la diferencia de quienes recibieron un aumento inferior a $800 por el plan de retribución.

El 7 de enero, la JSF había dado su visto bueno al Plan de Clasificación y Retribución (PCR) para los empleados del Centro Médico de Río Piedras, pero rechazó la propuesta de convenio colectivo del sindicato en esa instalación salubrista. Esto a su vez, provocó paros y choques obrero patronales en el único hospital terciario de Puerto Rico, ya que la UGT acusó al patrono de negociar de mala fe al ir ante la Junta sin notificarlo en la negociación.

UPR

La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) culminó la negociación colectiva con la Universidad de Puerto Rico en diciembre de 2023. Todas las cláusulas fueron firmadas por el Comité Negociador de la unión y la representación del patrono. La estipulación en la que se acordó el pago de una bonificación de $3,000 se hizo luego de que la administración universitaria identificara los fondos en su presupuesto. Dicho acuerdo fue aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR (JG) el 30 de noviembre de 2023. Desde entonces la administración universitaria plantea que están en espera de la aprobación de la JSF.

La semana pasada la HEEND aprobó un voto de huelga para implementarse en cualquier momento. Exigen que la UPR de paso al pago de la bonificación acordada, ya que tienen el presupuesto identificado.

Jueces

El jueves pasado, el presidente de la Asociación de Empleados Judiciales (AEJ), Amircal Gerena Román, hizo un llamado, el jueves, a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) para que solicite, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el desembolso de los 8.5 millones de dólares para el aumento salarial de los empleados del Poder Judicial. Mientras que el lunes pasado, Metro publicó que la Oficina de la Administración de Tribunales indicó que esperan que culminen los trámites ante el Tribunal Supremo para entonces comunicarse con la JSF.

“La Oficina de Administración de los Tribunales está atenta al desarrollo de los trámites relevantes al caso ante el Tribunal Supremo y, cuando corresponda, lo comunicará a la Junta de Supervisión Fiscal, quienes determinarán el curso a seguir”, informaron en declaraciones escritas.

Por su parte el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia, coincidió en que “están en espera de la autorización por parte de la Junta de Supervisión Fiscal”.

Los desahucios de viviendas por falta de pago en el 2023 aumentaron a 2,528 en comparación con los 2,042 del año 2022.

Así se desprende de un informe presentado ayer por la organización sin fines de lucro Ayuda Legal de Puerto Rico. Según los datos presentados, el 31 % de los desahucios del 2023 ocurrieron en unidades de vivienda pública.

También se resalta el aumento de los costos de construcción, lo que afecta directamente a la vivienda y las hipotecas. Se señaló que el costo promedio de una vivienda es de $193,356, y que hubo 3,140 demandas de ejecución de hipoteca en 2023, lo que equivale a 12.3 demandas por cada día laboral.

La organización apuntó al impacto desproporcionado que los desastres naturales, el desempleo y los desplazamientos tienen en las mujeres puertorriqueñas.

La falta de asesoría legal adecuada es un factor crítico, ya que el 93 % de las mujeres demandadas por desahucio carecían de representación legal, frente al 71 % de los demandantes que sí tenían asesoría legal.

Precisamente, los datos apuntan a que las mujeres representan la mayoría de las solicitantes y beneficiarias de ayudas gubernamentales, con cifras que muestran que el 67 % de las solicitantes del Programa R3, el 75 % de las beneficiarias de COVIDRenta y el 51 % de las beneficiarias de COVIDHipoteca son mujeres.

Los términos COVIDRenta y COVIDHipoteca se refieren a asistencias para renta que se repartieron en medio de la emergencia por el COVID-19.

“En Puerto Rico las mujeres tienen obstáculos para ser propietarias de casas”, explicó la licenciada Ariadna M. Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal.

La intersección entre la violencia doméstica y los desalojos también es evidente, destacando la urgencia de políticas que protejan a las sobrevivientes de violencia de género en momentos de crisis.

“No podemos pasar por alto el hecho de que el 54 % del electorado hábil y el 40 % de la fuerza laboral son mujeres, pero lamentablemente son las más vulnerables y sus necesidades son las menos atendidas”, apuntó la directora de Ayuda Legal.

El informe también señala que las mujeres se han visto especialmente afectadas por la pandemia y la falta de cuidado, lo que ha aumentado su vulnerabilidad en términos de vivienda y empleo. Se destacó que el 71 % de las madres solteras en Puerto Rico viven en situción de pobreza.

En cuanto a la vivienda y las hipotecas, se ha observado un aumento de entre el 20 y el 40 % en los costos de construcción, lo que ha impactado directamente en el acceso a la vivienda. A pesar de los desafíos, se otorgaron 10,479 nuevas hipotecas en 2023, y el Programa de Asistencia al Comprador ayudó a casi 7,000 familias a asegurar la vivienda.

El informe destaca la falta de transparencia en los fondos destinados a la energía y la necesidad de una mayor fiscalización en el uso de los fondos de recuperación.

Instan a los partidos políticos a garantizar vivienda segura

En respuesta a estas preocupaciones, Ayuda Legal propuso una serie de compromisos electorales dirigidos a abordar la vivienda, el empleo y la rendición de cuentas gubernamentales en las próximas elecciones de 2024. Estas propuestas incluyen medidas para garantizar la rendición de cuentas de los contratistas involucrados en la recuperación, proteger a las sobrevivientes de violencia doméstica en el ámbito financiero y prohibir los desalojos tras desastres naturales.

Por su parte, Godreau Aubert expresó su preocupación por el subaprovechamiento de los más de $58 mil millones asignados para mitigar los desastres naturales y la pandemia. “Ni una obra ni una recuperación significativa”, lamentó Godreau Aubert, quien subrayó la necesidad de canalizar estos fondos de manera efectiva y transparente para atender las necesidades urgentes de la población.

“Las cifras revelan que solo una fracción de fondos ha ido a las obras necesarias. El propio gobernador ha reconocido que los proyectos prioritarios de su administración no estarán listos este cuatrienio; tenemos un serio déficit de vivienda asequible y nuestros trabajadores y trabajadoras enfrentan escollos para acceder a las ayudas que necesitan”, indicó.

La abogada Verónica González Rodríguez, coordinadora de litigio de la organización, destacó la importancia de garantizar el derecho a permanecer en Puerto Rico, especialmente para aquellos afectados por desastres naturales como huracanes y terremotos, quienes enfrentan la amenaza constante de desalojo.

La organización también subrayó la importancia de abordar la violencia económica como parte integral de la violencia de género, así como de promover políticas que aseguren un acceso equitativo a la justicia para las familias en riesgo de desalojo.

Además, informaron que, a noviembre de 2023, el R3 (Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación) había contabilizado 3,900 reparaciones, 1,910 reconstrucciones y 892 reubicaciones, pero la experiencia ha sido que menos de un tercio de las personas logra su reubicación.

El Departamento de Educación (DE) planifica incluir en su oferta de escuelas vocacionales un programa para formar cuidadores de adultos mayores.

Así lo indicó la secretaria del DE al abordar el diseño curricular para las escuelas vocacionales de acuerdo con la demanda y necesidades de Puerto Rico. En ese sentido, el contexto de una población cada vez mayor dio paso a los planes sobre formación de cuidadores.

“Dentro del área de enfermería el cuidado y nuestra población, y lo hemos hablado, nuestra población está envejeciendo”, señaló Raíces durante una conferencia de prensa con GOYA Puerto Rico, empresa que impulsará los programas vocacionales.

“Una de las carreras que te tengo que decir y porque me tocó también familiarmente es el cuidado de personas envejecientes. Es algo que yo, junto con el Departamento de Educación, hemos estado trabajando en un proyecto de transformación de las escuelas para satisfacer esta necesidad creciente”. Raíces explicó que este proyecto de transformación incluye la adaptación de la infraestructura de las escuelas para albergar talleres y programas especializados en el cuidado de personas mayores.

“Estamos velando que cuando se añade un taller, ese taller responda a esa necesidad de ese municipio escolar, pero también del país”, afirmó Raíces. “El cuidado de personas es sumamente importante, y estamos comprometidos a preparar a nuestros estudiantes para abordar esta creciente necesidad en nuestra sociedad”.

Las carreras vocacionales han ido retomando el nivel de demanda que tuvieron en el pasado.

Datos recopilados por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico revelan un total de 25,853 estudiantes matriculados en instituciones postsecundarias técnico-vocacionales durante el período 2022-2023. Esto evidencia un crecimiento en comparación con años anteriores, aunque aún no se alcanzan los niveles registrados hace una década, cuando la matrícula duplicaba esta cifra.

Este incremento en las matrículas sugiere una mayor conciencia sobre la importancia de la formación técnico-vocacional, sin embargo, también pone de relieve la necesidad de reforzar y diversificar la oferta educativa para satisfacer las demandas del mercado laboral actual.

Raíces, subrayó la importancia de la colaboración con GOYA y destacó la necesidad de atraer a más estudiantes a estas carreras. “Necesitamos que los estudiantes se matriculen en nuestros cursos para poder satisfacer las demandas del mercado laboral”, declaró la titular del DE.

Además, destacó la importancia del diálogo con los alcaldes para identificar las necesidades específicas de cada comunidad. “De esas necesidades de esas carreras cortas que no tienen. Te voy a dar un ejemplo, en el caso de Orocovis, el alcalde me ha dicho, oye que no tengo aquí electricista. Tengo que venir o ir a un pueblo cercano a buscarlo, así que nosotros reconocemos la necesidad y empezamos nuestra campaña”, agregó.

Por su parte, el Dr. Jorge Acosta, Secretario Auxiliar de las Escuelas Técnicas y Vocacionales, detalló que áreas como plomería, construcción, salud, tecnología de la información y arte culinario son algunas de las especialidades con mayor demanda. Sin embargo, coincidió en que se ha observado un aumento en la necesidad de profesionales en el cuidado de personas envejecientes, reflejando el envejecimiento de la población de Puerto Rico.

En cuanto a los cursos con menor matrícula, el departamento está implementando estrategias para redirigir recursos y mantener la diversidad de programas ofrecidos. “Nuestro objetivo no es cerrar cursos, sino encontrar formas de redirigirlos dentro de nuestras escuelas para satisfacer las necesidades del mercado”, explicó Acosta.

La empresa Goya Puerto Rico y el Departamento de Educación anunciaron un plan piloto colaborativo para fortalecer el desarrollo profesional de estudiantes matriculados en escuelas ocupacionales y técnicas.

Según Jescel Rolon, directora de Relaciones Públicas de Goya Puerto Rico, el proceso iniciará con la identificación de las necesidades prácticas de la empresa, como ebanistas, mecánicos industriales, ingenieros eléctricos y otros. Posteriormente, los coordinadores de las escuelas seleccionarán a los estudiantes para participar en las prácticas que requiere la empresa.

El Dr. Jorge Acosta, secretario Auxiliar de las Escuelas Técnicas y Vocacionales, detalló que los estudiantes recibirán un certificado ocupacional al terminar el curso. Para ello, deberán completar un programa de aprendizaje basado en el trabajo (WBL, por sus siglas en inglés) durante su último año escolar, con unas 300 horas adicionales de práctica en un entorno laboral real.

El acuerdo garantiza que los estudiantes puedan desarrollar habilidades prácticas en áreas como artes culinarias, electricidad, plomería y más, con la supervisión y el apoyo de Goya Puerto Rico como recurso principal. La empresa proporcionará el equipo y las instalaciones necesarias, además de cumplir con los requisitos legales de pago durante las prácticas.

“Aspiramos a que este esfuerzo ilumine de esperanza y oportunidades a los jóvenes y como consecuencia directa, también fortalezca en Panamá el panorama laboral y económico de Puerto Rico. Agradezco al equipo de Goya de Puerto Rico por darle forma y creatividad a esta visión. Y a todo el esfuerzo que han hecho por activar esta iniciativa”, dijo la Secretaria del Departamento de Educación Yanira Raíces.

Raíces Vega destacó la necesidad urgente de profesionales técnicos cualificados para impulsar el progreso de Puerto Rico, reconociendo la demanda laboral en áreas técnicas como un pilar fundamental para el avance económico del país. En honor a la visión y misión de su padre, la Secretaria subrayó la importancia de la educación como un componente esencial para el desarrollo personal y colectivo.

Además, la secretaria de Educación resaltó el objetivo claro de la campaña de Goya Puerto Rico de inspirar e incentivar a los jóvenes a considerar las carreras técnicas y ocupacionales como una ruta hacia un futuro próspero y satisfactorio. Además, hizo hincapié en la importancia de valorar y promover el estudio de estas profesiones como oportunidades de crecimiento, desarrollo y contribución al bienestar de Puerto Rico.

El acuerdo, parte integral de la campaña “En tus manos está el futuro” de Goya Puerto Rico, pretende facilitar espacios de taller profesional y promover el contacto directo con el mercado laboral para los estudiantes. Esta colaboración representa un paso significativo hacia la vinculación entre la educación y la industria, brindando a los jóvenes puertorriqueños la oportunidad de adquirir habilidades prácticas y experiencia en sus campos de estudio.

“Hoy iniciamos una campaña que tiene como objetivo animar a los jóvenes a emprender estudios técnicos y ocupacionales con alta demanda laboral. Sobre todo, queremos significar que hay carreras técnicas que son el motor que impulsa a sectores claves de nuestra economía. Es esencial reconocer y apoyar estas profesiones que mantienen a Puerto Rico en marcha”, expresó Carlos Unanue, presidente de Goya Puerto Rico.

Además, este esfuerzo conjunto busca involucrar a diversas instituciones y universidades locales que ofrecen estudios técnicos o carreras cortas, con el fin de incentivar el interés en estas áreas de estudio y promover el desarrollo profesional de los estudiantes. Al unir fuerzas, Goya Puerto Rico y el Departamento de Educación buscan acercar estas opciones de estudio y proporcionar a los jóvenes puertorriqueños las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en el mercado laboral.

Por otra parte, anunciar el lanzamiento de su nueva campaña “En tus manos está el futuro”. La campaña incluye una inversión significativa en medios tradicionales y digitales, así como acuerdos estratégicos con el Departamento de Educación de Puerto Rico y diversas instituciones educativas locales. Además, se ha desarrollado una página web para brindar información y orientación a los jóvenes interesados en seguir una carrera técnica.

Mucho se discute sobre el fenómeno en el ámbito de la violencia de género en el que mujeres que fueron víctimas de agresiones por parte de sus parejas y obtuvieron órdenes de protección, deciden regresar con sus agresores. Este patrón de comportamiento plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas para proteger a las mujeres y pone de manifiesto la complejidad emocional que enfrentan las víctimas.

Aunque las órdenes de protección están diseñadas para salvaguardar la seguridad de las mujeres que han sufrido violencia de género, se ha vuelto evidente que no siempre son suficientes para romper el ciclo de abuso.

La doctora Esther Figueroa, psicóloga en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), destacó la importancia de entender la severidad, intensidad y frecuencia de la violencia, así como la variabilidad en la duración de las relaciones abusivas. Señaló que las víctimas, independientemente del tiempo invertido, pueden experimentar una gama de síntomas emocionales, como ansiedad, depresión y trastorno de ansiedad postraumático (PTSD).

Además, señaló que la decisión de volver con la pareja agresora podría ser influenciada por diversos factores, como la dependencia emocional, la presión social, la falta de recursos económicos y el miedo a represalias.

“La codependencia emocional es un componente fundamental en la dinámica de la violencia de género”, explicó la Dra. Figueroa, al señalar que este patrón de comportamiento se aprende culturalmente desde la niñez. La codependencia puede llevar a que las víctimas regresen a relaciones dañinas, incluso cuando cuentan con recursos y apoyo, sostuvo.

Explicó que las víctimas a menudo desarrollan fuertes lazos afectivos con sus agresores, lo que dificulta la ruptura definitiva de la relación. Asimismo, la baja autoestima y el miedo a la soledad pueden contribuir a que estas mujeres regresen a un entorno tóxico, a pesar de las medidas legales en su contra.

“La codependencia emocional es un tipo de adicción. Físicamente tiene una sintomatología y emocionalmente también, entonces es muy difícil decirle a una persona que está en un ciclo de violencia doméstica que termine la relación, no lo va a poder hacer, por la dependencia emocional”, explicó la profesional en salud mental.

La presión social también juega un papel significativo en el regreso al agresor. El estigma asociado a ser víctima de violencia de género, junto con la falta de apoyo de la comunidad, puede hacer que algunas mujeres se sientan aisladas y opten por regresar a sus parejas abusivas en un intento de evitar el rechazo social.

Además, la falta de recursos económicos puede limitar las opciones disponibles para las víctimas. Sin un respaldo financiero adecuado, algunas mujeres pueden encontrarse en situaciones donde regresar con el agresor parece la única opción viable para asegurar su supervivencia y la de sus hijos.

En el contexto del reciente caso en Yauco, donde Linnette Morales Vázquez fue asesinada junto a su madre, Lizzette Vázquez y hermano, Luis Miguel Morales Vázquez, por su pareja, Wilfredo H. Santiago Figueroa a pesar de contar con una orden de alejamiento, la Dra. Figueroa expresó su preocupación por la falta de seguimiento a las medidas de protección. Además, resaltó la necesidad de comprender que las víctimas, a menudo, no están en pleno juicio emocional para tomar decisiones, lo que puede llevarlas a regresar al ciclo de violencia.

Estrategias psicológicas

Figueroa compartió estrategias psicológicas para ayudar a estas personas a liberarse de la codependencia emocional y evitar caer nuevamente en relaciones dañinas.

“Tenemos que estabilizar a la persona primero a nivel emocional. Si hay depresiones fuertes o ideas suicidas, hay que abordar esto inicialmente como parte de un enfoque integral”, planteó.

También destacó que el proceso terapéutico es extensivo, y es esencial trabajar con otros profesionales de la salud, como psiquiatras. Además, enfatizó la importancia de grupos de apoyo y terapias basadas en trauma para brindar un tratamiento constante.

La especialización en violencia de género es crucial en el proceso terapéutico. Figueroa explicó que no todos los psicólogos son expertos en esta área, y subrayó la necesidad de buscar profesionales que comprendan la complejidad del trauma y la codependencia emocional.

“Lamentablemente, las víctimas de violencia doméstica, si no trabajan con esta codependencia emocional, vuelven a caer en relaciones inadecuadas. Vuelven a repetir el patrón, así sea con otra persona. No necesariamente tenemos que volver con el mismo agresor, volvemos y caemos en patrones con relaciones inadecuadas, porque no hemos trabajado lo que tenemos que trabajar”, indicó.

Llamado a la colaboración

La Dra. Figueroa insiste en que el problema es global y requiere un enfoque colaborativo. Lamentó que las víctimas con problemas de salud mental a raíz de la violencia no sean tratadas en conjunto con la violencia, sino que se les deje de lado, ignorando su sufrimiento y necesidades.

“No podemos seguir culpándonos unos a otros. La colaboración de todos los sectores de la sociedad es esencial para erradicar la violencia de género. Es hora de poner fin a la delación y trabajar juntos para ofrecer un apoyo integral y efectivo a las víctimas, integrando la atención de la salud mental con la lucha contra la violencia de género”, declaró Figueroa.

La psicóloga subrayó la importancia de abordar los roles de género arraigados desde la infancia. Reconoce que los adolescentes ya tienen ideas preconcebidas sobre lo que se espera de ser mujer u hombre, y destacó la necesidad de intervenir culturalmente y educar desde una perspectiva de género desde los primeros años.

“La perspectiva de género es solo el comienzo. La orientación y educación son cruciales para abordar otros factores, incluidos los problemas de salud mental, las adicciones y el maltrato doméstico”, añadió.

Al mediodía de hoy, 31 de enero concluyó el plazo para que quienes buscan cargos electivos, entreguen el 50% de los endosos requeridos por ley para seguir en el proceso ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), tanto para las primarias de junio como para las elecciones generales de noviembre.

Según datos de la CEE, para el escaño de la gobernación tres candidatos quedaron fuera de la carrera electoral. Ellos fueron Víctor Luis Medina Cruz, quien aspiraba de manera independiente; Carlos Cintrón Rivera, quien no acumuló ni un endoso y la licenciada Ada Norah Henriquez quien se desafilió del Proyecto Dignidad y buscaba la gobernación de forma independiente.

En la búsqueda por la comisaría residente en Washington, Melín Sotirou Droz quedó fuera de la candidatura a comisaría residente ya que no logró llegar ni al 10% de los endosos.

Contrario a los que se postulan para la gobernación y a comisionado residente, que se les requiere que para el 31 de enero tengan 4,000 endosos o más, a los que aspiran al senado se les exige unos 1,491 endosos.

En ese caso, el líder comunitario, Jorge Luis Oyola Torres tampoco no llegó al 10% de los endosos para correr por el Senado por acumulación, al igual que el empresario Andrés Rua González con solo 3% de los endosos. Sharon Rodríguez Diaz, quien también buscaba un escaño en el Senado solo obtuvo 16% de los endosos.

En la búsqueda de escaños en la Cámara de Representantes por acumulación quedaron fuera, Yezenia Isis Rosario con un 35% de los endosos requeridos y Ángel Rafael Pérez Rodríguez con 0% de los endosos validados.

Independientes rumbo a las elecciones

Por otra parte, de los 43 postulantes independientes, 18 alcanzaron o habían sobrepasado el 50% de los endosos necesarios en su búsqueda de cargos políticos.

El aspirante a senador por acumulación, Eliezer Molina, quien recientemente fue víctima de un atentado en su residencia en San Sebastián, presentó y validó los 1,491 endosos requeridos por la ley. Otro candidato independiente, el senador José Vargas Vidot, logró presentar un 119% de endosos, siendo validado en un 108% por la CEE.

En la misma línea, el representante Luis Raúl Torres, quien aspira a un cargo como representante por acumulación, ha obtenido el 105% de los respaldos y ha sido validado en un 88% por la CEE. Torres destaca como el único de los tres aspirantes independientes en esta categoría que ha cumplido con todos los requisitos del Código Electoral.

Además de estos logros individuales, varios aspirantes independientes a las alcaldías han logrado obtener los respaldos requeridos. Sammy Lugo en Cabo Rojo, Jasmine Negrón en Guánica, Eugenio Vázquez en Maricao, José Francisco Vargas en San Juan y Ricardo Irizarry en Peñuelas superaron el umbral necesario para participar en la lucha electoral.

Señalan problemas en el sistema

Uno de los principales problemas, según Henriquez, es la falta de actualización en la información de la CEE. Según explicó a desactualización impide que electores que votaron en 2020 aparezcan como activos, y la información de las juntas de inscripción permanente no se actualiza en tiempo real. Esta discrepancia ha llevado a situaciones en las que algunos electores que desean endosar a Henriquez no pueden hacerlo debido a la falta de actualización.

“Esto ha ocasionado que muchas veces entre 2 electores que quisieran endosarme 1 lo puede hacer y el otro no, y el problema es que la información que recibimos es que la comisión le toma entre 3 semanas y cuatro semanas poder actualizar esta información, lo cual nos deja entonces sin la capacidad de tomar esos endosos”, dijo la licenciada a Metro Puerto Rico.

Además, señaló que la firma electrónica a veces no coincide con la registrada en la CEE. De igual forma, reveló la falta de respuesta de la CEE ante su solicitud de recolección de endosos en papel. Durante la entrevista en Metro al Mediodía, Henriquez expresó que, más que una simple solicitud, la semana pasada presentaron una propuesta detallada de soluciones ante los desafíos que enfrentan en la obtención de endosos.

“Una de las soluciones podría ser que se pueda endosar en papel a esas personas que son electores nuevos o que se han reactivado y que no aparecen en sistema. Otra solución sería en lugar de tener este límite mañana que se nos permita seguir recogiendo en dos hasta el 15 de febrero de corrido y ahí tendríamos que completar los 8,000 y la cantidad extra para poder compensar cualquier endoso rechazado”, sugirió.

La candidata independiente a la gobernación, la licenciada Ada Norah Henriquez, reveló en una entrevista con Metro al Mediodía la compleja situación que enfrenta en la obtención de endosos para su candidatura. Henriquez compartió detalles sobre los desafíos que ha experimentado, destacando que, aunque han logrado más del 53% de los endosos necesarios, enfrentan obstáculos significativos.

Uno de los principales problemas, según Henriquez, es la falta de actualización en la información de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Según explicó a desactualización impide que electores que votaron en 2020 aparezcan como activos, y la información de las juntas de inscripción permanente no se actualiza en tiempo real. Esta discrepancia ha llevado a situaciones en las que algunos electores que desean endosar a Henriquez no pueden hacerlo debido a la falta de actualización.

“Esto ha ocasionado que muchas veces entre 2 electores que quisieran endosarme 1 lo puede hacer y el otro no, y el problema es que la información que recibimos es que la comisión le toma entre 3 semanas y cuatro semanas poder actualizar esta información, lo cual nos deja entonces sin la capacidad de tomar esos endosos”, dijo la licenciada a Metro Puerto Rico.

Henriquez detalló que, a pesar de tener 2,168 endosos verificados, necesitan alrededor de 2000 más para cumplir con el requisito del 50% antes de mañana al mediodía. Para el 15 de febrero los aspirantes deben entregar el otro 50% para llegar a, al menos, una suma total de 8,000 endosos.

“Estamos muy conscientes de las horas que nos restan, básicamente ya estamos a menos de 24 horas, empezó ese conteo regresivo”, añadió.

Además, señaló que la firma electrónica a veces no coincide con la registrada en la CEE. De igual forma, reveló la falta de respuesta de la CEE ante su solicitud de recolección de endosos en papel. Durante la entrevista en Metro al Mediodía, Henriquez expresó que, más que una simple solicitud, la semana pasada presentaron una propuesta detallada de soluciones ante los desafíos que enfrentan en la obtención de endosos.

“Una de las soluciones podría ser que se pueda endosar en papel a esas personas que son electores nuevos o que se han reactivado y que no aparecen en sistema. Otra solución sería en lugar de tener este límite mañana que se nos permita seguir recogiendo en dos hasta el 15 de febrero de corrido y ahí tendríamos que completar los 8,000 y la cantidad extra para poder compensar cualquier endoso rechazado”, sugirió.

Según Henríquez, la propuesta se envió el lunes a la presidenta interina de la comisión. A pesar de la urgencia del asunto al acercarse al límite de endosos requeridos, no han recibido noticias de la comisión sobre su propuesta. La candidata independiente enfatizó que su comunicado no fue un recurso buscando intervención inmediata, sino más bien una manera de presentar los obstáculos enfrentados y ofrecer posibles soluciones.

Henríquez resaltó que era importante abordar estos aspectos antes de las elecciones de 2024 para evitar desanimar a los ciudadanos que se están activando para participar. Su preocupación radica en que, sin resolver estos problemas, muchas personas podrían desistir del proceso electoral, lo que contradice el objetivo de movilizar a la gente para ejercer su voto directo.

De acuerdo con el Informe Acumulativo de Peticiones de Endosos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), actualizado hasta el lunes 29 de enero, de los 43 candidatos independientes, 17 han alcanzado el 50% de los endosos requeridos, mientras que 5 han logrado obtener el 100% en lo cuales se incluye a Henriquez.

Puedes ver la entrevista aquí:

El licenciado, Eder Ortiz Ortiz, se encuentra realizando otro intento para conseguir un lugar en la legislatura, esta vez, como senador por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD).

Igual que Ortiz, otros siete candidatos buscan conseguir el escaño por el PPD. Entre ellos, la Dra. Ada Álvarez Conde; el exsenador por el PNP, Carlos Díaz Sánchez; el portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau; el alcalde de Comerío, José Santiago Rivera; y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

El año pasado, Ortiz Ortiz intentó ingresar al Alto Cuerpo por el Distrito Senatorial de Guayama. Sin embargo, no cumplió con el requisito constitucional de un año de residencia en el Distrito. El abogado alegó en ese entonces que vivía en Orocovis, pero no pudo probarlo.

Posteriormente, la Junta de Gobierno del PPD ratificó la decisión de no dejar que Ortiz Ortiz aspirara a la silla senatorial. Ante ello, el licenciado solicitó a la Junta de Gobierno del PPD que dejara sin efecto la determinación de la Comisión Calificadora de Aspirantes de la Pava de no certificarlo para el puesto político.

Según expresó Ortiz Ortiz en declaraciones escritas, la Comisión no recomendó su certificación al secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, quien acogió la misma basándose en que no cumple con el requisito de residencia dentro del año anterior a su elección o nombramiento.

En tanto, Ortiz planteó ante la Junta de Gobierno de la colectividad, que un cuestionamiento sobre su residencia no tiene validez ya que, él es un elector registrado en el Precinto 066 de Orocovis, que es parte del Distrito Senatorial de Guayama. Indicó, además, que el pasado 7 de mayo, ejerció el derecho al voto en la elección especial para elegir el presidente del partido sin que hubiera alguna controversia sobre la adjudicación del mismo.

“Mi domicilio es Orocovis y lo ha sido por más de un año, son incuestionables mis raíces y vínculos familiares, sociales y domiciliarios en mi pueblo de Orocovis. Además, el 30 de mayo recibí un correo electrónico del Secretario General adjuntando una Resolución Sobre Consulta sobre Delegados Fuera de Lista donde me certifica como Delegado del Precinto 066 de Orocovis con todas sus facultades, incluyendo derecho al voto en dicha elección especial”, declaró el exsenador por el Distrito de Guayama.

El también excomisionado electoral del PPD agregó que esa misma Comisión avaló su certificación para el proceso que inicialmente estaba programado para el 20 de mayo de 2023, utilizando los mismos requerimientos y documentación.

“No hubo cambios sustanciales en los documentos de nuestra radicación, por lo que el resultado debería ser el mismo. Además, no existe impugnación alguna radicada en Secretaría sobre mi candidatura, por lo que la evaluación debió efectuarse al amparo de los Requisitos de la Convocatoria y los documentos de cumplimiento ya sometidos. De haber habido alguna querella, se hubiese activado el debido proceso para que pudiera argumentar en mi favor”, argumentó.

En su reclamo a la Junta de Gobierno, Ortiz Ortiz citó jurisprudencia sobre el domicilio electoral y la aplicación de los tribunales a la voluntad del ciudadano y la presunción de corrección del domicilio electoral, como lo es el Artículo 5.4 del Código Electoral.

“El Código Electoral, ni el Reglamento de la Elección Especial para Cubrir la vacante de Senador(a) Distrito Guayama con fecha del 18 de mayo de 2023, establecen ningún requisito de registración electoral previa para los candidatos. Lo contrario sería la adopción de una regla ex post facto exclusivamente para mi calificación. Tal es así que ante la vacante de Alcalde para la Ciudad de Guayama en el 2022, esta misma Comisión Calificadora, certificó como candidata oficial a ese escaño a Kia Rosario el 26 de abril de 2022 cuando esta realizó su transferencia electoral el 11 de abril de 2022. Esto es un precedente contundente a cualquier planteamiento sobre mi estatus electoral, el cual es distinto jurídicamente al domicilio”, sostuvo Ortiz Ortiz.

El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, dio a conocer el equipo que liderará su campaña de cara a las primarias que se celebrarán el 2 de junio de 2024. Ortiz quien también es el presidente de la colectividad presentó un grupo que incluye veteranos populares, mujeres y líderes de distintas regiones.

La licenciada Ingrid Colberg, quien ocupó el cargo de subsecretaria del PPD bajo la presidencia de Charlie Delgado Altieri y dirigió la Autoridad de Puertos durante la administración de Alejandro García Padilla, será la directora de campaña. Mientras que el representante Roberto Rivera Ruiz de Porras se desempeñará como Asesor Senior y Coordinador General, con la colaboración del excandidato a alcalde de Adjuntas, Víctor “Vitito” Pérez.

Además como portavoces de su campaña estará la senadora Migdalia González, el exsecretario de la colectividad y representante Ramón Luis Cruz Burgos, y el representante José Rivera Madera. Además, como Coordinador Municipal, estará el representante Juan José Santiago.

El aspecto financiero estará a cargo de Harry Vega, la Dra. Suleira Quiñones y Pedro Crespo, este último parte del equipo financiero de Ortiz durante su campaña a la Presidencia del PPD. Ortiz resaltó la importancia de estos roles, reconociendo la trascendencia de la planificación financiera en cualquier campaña política.

Ortiz también anunció la designación de la Lcda. Lizamarie Serrano como directora de política pública, para el desarrollo del Plan de Gobierno, temas electorales y movilización de electores. Destacó su especialización en política pública y gerencia, confiando en su capacidad para contribuir a la redacción de un plan que aborde las necesidades de los puertorriqueños.

“Estoy convencido, que su sensibilidad y conocimiento en los temas aportarán en la redacción de un Plan que contenga las soluciones para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños”, dijo sobre Serrano.

El equipo electoral estará liderado por el excomisionado electoral y exsecretario general del PPD, Miguel Ríos Torres, y el Lcdo. Jehu Santiago. Para la movilización de electores (GOTV), Julia Torres, exsecretaria general del partido y exdirectora ejecutiva de la Oficina de Comunidades Especiales bajo la exgobernadora Sila María Calderón, asumirá esa responsabilidad.

Ortiz González agradeció a cada miembro del equipo por su disposición para asumir el reto. Destacó que las operaciones de campo estarán bajo la dirección de Omar Vázquez, y la comunicación estará a cargo de Jossie Vega, quien desempeñará el papel de directora de comunicaciones en esta estratégica campaña electoral.

El Senado aprobó el lunes la enmienda al Artículo 2.048 de la Ley 107-2020, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, que busca otorgar discreción a los municipios para contratar a personas con antecedentes penales por delitos menos graves y graves, siempre y cuando presenten prueba del cumplimiento de su sentencia.

La ley, presentada por la señora González Arroyo y referida a la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda, busca abordar la dificultad que enfrentan las personas con antecedentes penales al intentar reintegrarse al ámbito laboral, especialmente en el servicio público municipal. La enmienda propuesta modifica las condiciones de ingreso al servicio público municipal, permitiendo la contratación de personas con antecedentes penales, excluyendo delitos de asesinato, agresión sexual, y aquellos establecidos en la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

La senadora Migdalia González, del Partido Popular Democrático (PPD) y autora de la medida, hizo especial mención a la preocupación planteada por el alcalde de Hormigueros, Pedro García, quien contribuyó a la redacción de la medida y abogó por su aprobación. González subrayó que la iniciativa es esencial para mejorar la calidad de vida de aquellos que han salido de la prisión y buscan reintegrarse positivamente en la sociedad y contribuir a la economía de Puerto Rico.

“Es importante reconocer que, aunque el gobierno ha establecido algunas iniciativas, como se ha mencionado previamente, no ha sido suficiente. Antes era la oficina de personal y de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, quien habilitaba a este personal para el servicio público. No obstante, pasó a manos del departamento del trabajo. Y es un proceso sumamente burocrático que limita la oportunidad,” destacó González.

Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot tomó la palabra durante la sesión y abogó por salir de la “manía punitiva” y romper con los castigos eternos que perpetúan un ciclo de reincidencia en el sistema correccional y de rehabilitación de Puerto Rico.

“Yo creo que, de alguna manera, Puerto Rico tiene que salir de la manía punitiva y de los castigos eternos que no llevan a ningún sitio y que nunca han servido de disuasivo frente a la idea de mantener a una persona dentro de una condena social permanente, como lo trata cuando se habla de antecedentes penales,” expresó Vargas Vidot.

El senador destacó la tendencia de que, en Puerto Rico, una persona que entra a prisión tiene una probabilidad significativa de volver a ser encarcelada. Criticó el sistema de corrección y rehabilitación, mencionando que, a pesar de algunos intentos de reforma, la reincidencia sigue siendo un problema persistente. Vargas Vidot señaló que el sistema, en lugar de cumplir su propósito de corrección y rehabilitación, a menudo lleva a la institucionalización y a la naturalización de la prisión como un hogar.

“Hasta el departamento de la vivienda le impide a una persona que cumple su sentencia. No estamos hablando de alguien que sale por algún tipo de privilegio o algo así que cumple su sentencia. Gente que ha estado 15 años, 30 años, 25 años, 10,” enfatizó el senador.

De igual forma, el senador popular Ramón Ruiz Nieves, expresó que la medida brinda una segunda oportunidad a aquellas personas que, en un momento dado, infringieron la ley y cumplieron su sentencia, permitiéndoles reintegrarse a la sociedad de manera productiva.

“El proyecto del Senado 1273 es enmendar el código municipal y darle esa herramienta, esa oportunidad al municipio, que pueda darle paso a esa parte que se llama rehabilitación. Y esa persona que sale tiene una oportunidad de ir de participar en aquellos municipios que, una vez se concreten las enmiendas y pase a la Cámara y el señor gobernador estampe su firma, tiene la oportunidad de darle paso a esa persona que vive en ese municipio. Que está allí, que desea colaborar, que va a aportar a la economía, que va a aportar a un empleo,” expresó el senador.

Ruiz Nieves señaló que, aunque existe un programa en el sistema correccional que permite a confinados brindar servicios a municipios, el Proyecto del Senado 1273 busca facilitar un trato directo entre el municipio y la persona que busca rehabilitarse. Destacó que la medida permitirá a individuos en la comunidad contribuir de manera activa y productiva.

El senador enfatizó que el proyecto no solo tiene el propósito de facilitar oportunidades de empleo, sino también de evitar que personas que han cumplido sus sentencias se vean obligadas a depender de programas de asistencia económica.

La exposición de motivos de la ley destaca la política pública de promover la rehabilitación de aquellos que han cumplido su deuda con la sociedad. Se señala que la reinsertación laboral es esencial para la completa rehabilitación, y en muchos casos, las personas se enfrentan a obstáculos al tener que presentar un certificado de antecedentes penales para obtener empleo, incluso después de cumplir su sentencia.

La enmienda permite a los municipios tener la discreción de emplear a personas con antecedentes penales siempre y cuando presenten, junto al certificado de antecedentes penales, una Certificación de Cumplimiento de Sentencia expedida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación o el Tribunal de Primera Instancia correspondiente. Además, se establece la posibilidad de presentar prueba de solicitud para la eliminación de la convicción, según lo dispone la legislación vigente.

La legislación enfatiza que la discreción otorgada a los municipios pretende dar oportunidades laborales a quienes buscan contribuir a la sociedad tras cumplir su condena y tienen interés en rehabilitarse.