En la actualización más reciente del Sistemas de Vigilancia de Influenza y COVID-19, se registraron, la semana pasada, 2,000 casos adicionales de influenza y 900 casos diarios de COVID-19, recopilados por pruebas moleculares.

La principal oficial de Epidemiología del Departamento de Salud (DS), la doctora Melissa Marzán Rodríguez, destacó, esta mañana, que Puerto Rico entra a la sexta semana consecutiva bajo alerta de influenza. Aunque las cifras varían, se estiman cerca de mil casos registrados por semana, cuya incidencia aún es menor que en noviembre, cuando se detectó el mayor número de casos en Puerto Rico.

Según las actualizaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Puerto Rico está en el nivel mínimo de actividad.

De acuerdo con los casos de COVID-19, el informe epidemiológico destacó que, aunque notaron una merma en tendencia de casos, se mantiene un nivel de transmisión alto, mayormente de la variante JN.1. Hallaron también alrededor de 120 hospitalizaciones y, en promedio, tres muertes por coronavirus, que suelen ser adultos mayores de 60 años. Marzán Rodríguez insistió en que esta población debe estar vacunada con la actualización más reciente para mitigar la mortalidad.

“El año pasado cerró, para vigilancia, como el año con menor número de casos de muertes por COVID-19 desde que comenzó la pandemia en 2020. Si comparamos los casos de muertes para el periodo del primero de enero al 10 de febrero del año pasado, con ese mismo periodo este año, es menor. Estamos observando muertes, sin embargo, vemos una tendencia de disminución cuando comparamos”, expresó la principal oficial de Epidemiología.

Con relación al dengue, se percibió estar “cerca del umbral epidémico” con 160 casos preliminares. Marzán Rodríguez alertó que, por la prolongada lluvia de la semana pasada, se recomienda inspeccionar áreas adyacentes para velar por criaderos de mosquitos. Mientras, con el virus respiratorio sincitial, se destacó una merma en la tendencia, con un total de 176 casos.

La principal oficial médico, la doctora Iris Cardona Meaux, actualizó que se han administrado 460 mil dosis de vacunas de influenza hasta el viernes pasado. Indicó que el grupo más afectado en los contagios de esta enfermedad es la población pediátrica, por lo que también exhortó a vacunar a los menores de seis meses en adelante, tanto de COVID-19 como de influenza, para evitar infecciones y complicaciones.

Para COVID-19, hasta el viernes pasado, se administraron 85 mil dosis. “Eso es bien bajo, pero se está haciendo un énfasis en la población con más complicaciones, que son los adultos mayores de 65 años”, sostuvo Cardona Meaux. Según la doctora, a través del programa de vacunación en el hogar para personas con dificultades de movimiento, se han administrado más de 5 mil vacunas.

Por su parte, la directora de la Oficina de Medicaid en Puerto Rico, la licenciada Dinorah Collazo Ortiz, actualizó que un total de 712,843 personas han sido recertificadas para el Plan Vital, que cubre las vacunaciones contra estas condiciones.

Ambas oficiales recalcaron que, para ambas enfermedades, hay medidas preventivas que permiten evitar contagios y mitigar hospitalizaciones, como la disponibilidad de laboratorios del DS para realizar pruebas, la distribución de pruebas caseras en las escuelas, agentes antivirales orales y la vacunación de la variante más actualizada.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

La merma de servicios hospitalarios, impulsado por una reducción de casi 80,000 pacientes en seis años, empleados y camas, provocaría más consolidaciones de hospitales, reestructuración de quiebras y alianzas con otros sectores de la industria de la salud, de acuerdo con un análisis de las firmas Estudios Técnicos, Inc. (ETI) y Galíndez LLC.

El análisis es parte del informe “Industria hospitalaria: su mercado y situación financiera” que presenta datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para comparar la industria en Puerto Rico y Estados Unidos. Luego de decidir realizar el estudio hace dos años, ETI desarrolló una herramienta de “big data” para procesar y analizar los datos de los estados financieros de todos los hospitales de Puerto Rico y Estados Unidos de los últimos 12 años, cuyos análisis fueron validados por Galíndez LLC.

Se encontró que, entre 2016 y 2021, la cantidad de empleados en hospitales en Puerto Rico se redujo de 31,263 a 25,416, mientras que su salario anual promedio es de $34,199, comparado con $84,373, en Estados Unidos. En los pasados nueve años, en Estados Unidos, se aumentó el salario promedio en $20,354 y, en Puerto Rico, el aumento fue de $3,111.

Estas inequidades se reflejan en manifestaciones como la protesta de los empleados de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) en Centro Médico, a mediados de enero, que reclamaba justicia salarial. La amenaza de paro se levantó tras acordar con ASEM un aumento salarial mensual de $800, sujeto a la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, a empleados que recibieron ajustes del plan de retribución menores de $800.

El presidente de ETI, Graham Castillo Pagán, planteó que uno de los principales factores que incide en la salud financiera de los hospitales es la reducción y envejecimiento de la población en Puerto Rico. “El cambio en la estructura demográfica de la isla tiene dos impactos importantes: primero, reduce la cantidad de pacientes y, segundo, reduce la rentabilidad del hospital, porque es más costoso servir las necesidades de salud de los adultos mayores”, sostuvo el economista.

Por cada 100,000 habitantes, los pacientes hospitalizados en el archipiélago disminuyeron de 9,329 a 7,585, mientras que se atendieron casi 80,000 pacientes menos entre 2016 y 2021, halló el estudio. Asimismo, la tasa de ocupación de camas en Puerto Rico, entre el 2013 y el 2022, se redujo de 74.1 % a 62.3 %.

El análisis de datos de las firmas también mostró que los hospitales en Puerto Rico han perdido un promedio de 5.6 % de lo que ingresan de servicios a pacientes, mientras que en Estados Unidos solo redujo el 1 %.

Julio Galíndez, socio de consultoría de Galíndez LLC, destacó que la protección financiera de la corte de quiebra a la que se han acogido hospitales como el Sistema Hospitalario HIMA San Pablo y el hospital San Jorge apuntan a que “no son eventos aislados”. “Entendemos que próximamente se estará dando un proceso de consolidación cuando sistemas de hospitales ya establecidos adquirirán o fusionarán otros hospitales a sus sistemas”, planteó el contable.

Según el informe, el sector de hospitales se enfrenta a múltiples factores externos que incentivan el cuidado primario o tratamientos ambulatorios, como modelos de prestación de servicios, avances tecnológicos de medicamentos que reemplazan servicios hospitalarios, una estructura de compensación económica que incentiva no referir pacientes al hospital y un sistema tarifario en el que el hospital no participa en el proceso de establecer tarifas de pago.

El estudio señala varias recomendaciones al sector hospitalario de Puerto Rico, entre ellas, buscar alternativas de métodos de pago de acuerdo con el perfil clínico del paciente y sus complejidades.

“Al presente, un método muy frecuente es que los planes médicos pagan por el día que el paciente está en el hospital (per diem), pero este tipo de pago no considera la complejidad clínica que ese paciente puede tener durante su estadía en el hospital. Los hospitales van a tener que moverse a otras metodologías de pago que atienda más la inversión en recursos que el hospital hace por la condición clínica que el paciente presenta”, estipuló Galíndez.

Otras recomendaciones incluyen analizar datos que apoyen a los hospitales en la generación de estrategias de negocios; alianza con patronos, médicos primarios, especialistas, subespecialistas y otros proveedores de servicios para desarrollarse y complementarse con más oportunidades de fortalecimiento económico”, concluyó Castillo Pagán.

Galíndez añadió que han identificado que “a medida en que el hospital se acerque más a un patrono, ese grupo de asegurados, que posiblemente los tiene cerca de la institución hospitalaria donde se pueda identificar los patrones epidemiológicos de ese grupo, pudiera ofrecerles una oferta de servicios médicos, haciendo que el hospital sea el protagonista de la prestación de servicios”.

La merma de servicios hospitalarios, impulsado por una reducción de 80,000 pacientes en los pasados seis años, quiebras y menos empleados y camas, provocaría más consolidaciones de hospitales, protección y reestructuración de quiebras y alianzas con otros sectores de la industria de la salud, de acuerdo con un análisis de las firmas Estudios Técnicos, Inc. (ETI) y Galíndez LLC.

El análisis es parte del informe “Industria hospitalaria: su mercado y situación financiera” que preparó ETI en colaboración con la firma de contadores públicos autorizados Galíndez LLC. El informe presenta datos reveladores, recopilados de los Centros de Medicare y Medicaid, que comparan la industria en Puerto Rico y Estados Unidos, como tasas de ocupación de camas, pacientes atendidos, factores de pérdida económica, entre otros.

Entre 2016 y 2021, la cantidad de empleados en hospitales en Puerto Rico se redujo de 31,263 a 25,416, mientras que su salario anual promedio es de $34,199, comparado con $84,373, en Estados Unidos. Asimismo, por cada 100,000 habitantes, los pacientes hospitalizados en el archipiélago disminuyeron de 9,329 a 7,585.

El presidente de ETI, Graham Castillo Pagán, planteó que uno de los principales factores que incide en la salud financiera de los hospitales es la reducción y envejecimiento de la población en Puerto Rico. “El cambio en la estructura demográfica de la isla tiene dos impactos importantes: primero, reduce la cantidad de pacientes y, segundo, reduce la rentabilidad del hospital, porque es más costoso servir las necesidades de salud de los adultos mayores”, sostuvo el economista.

Por su parte, Julio Galíndez, socio de consultoría de Galíndez LLC, destacó que la protección financiera de la corte de quiebra a la que se han acogido hospitales como el Sistema Hospitalario HIMA San Pablo y el hospital San Jorge apuntan a que “no son eventos aislados”.

“Entendemos que próximamente se estará dando un proceso de consolidación cuando sistemas de hospitales ya establecidos adquirirán o fusionarán otros hospitales a sus sistemas”, planteó el contable.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

Un sistema de querellas por impericia médica ineficaz manejado por poco personal en la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM), es lo que salió a relucir este miércoles en una vista pública ante la Comisión Conjunta Sobre Informes Especiales del Contralor.

El abogado Rafael García Rodón resaltó un caso en el que un paciente que necesitaba atención ortopédica recibió una intervención quirúrgica del doctor Jorge Rodríguez Wilson. El ortopeda no tenía seguro de impericia médica, contaba con más de 40 querellas y tenía tres sentencias de distintos pacientes por la misma lesión, contó el licenciado.

“Lo fueron amputando poco a poco hasta que murió”, relató García Rodón. Pese al historial de “incompetencia manifiesta”, la JLDM le asignó al galeno 12 créditos de ética provisional adicionales, cuya determinación no sopesa la gravedad de los antecedentes, opinó. Aunque radicaron una moción de reconsideración en 2018, aún no se ha resuelto y el doctor mantiene su práctica.

Según un informe de la Oficina del Contralor que abarca entre 2019 y 2021, la JLDM no resolvió poco más de 500 casos de conducta no profesional ni de impericia médica desde 2001 y 2003, respectivamente. La auditoría, además, señala que la Junta no contaba con un inventario ni un plan de retención de los expedientes médicos y que el área de archivo no tiene iluminación adecuada ni suficientes anaqueles.

La directora ejecutiva de la Junta, la licenciada Dana Miró Medina, aseguró que se atendieron la “mayoría de esos casos” señalados por la contralora e informó que, actualmente, hay 305 casos radicados pendientes. Atribuyó el retraso en atención a los escasos recursos legales disponibles en la JLDM, que cuenta con un abogado contratado por la organización y un oficial investigador asignado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

El abogado de la JLDM, Luis Hernández Cardona, detalló que, en los pasados años, se han revocado licencias a alrededor de ocho a doce médicos, en cuanto a impericia. Por conducta no profesional, como fraude, la cifra puede alcanzar hasta 100.

Para atender el área de Archivo de Expedientes, Miró Medina indicó que contrataron a la compañía de almacenamiento de registros Access, que guarda las cajas de expedientes de la JLDM en su instalación en San Juan.

El corporativismo como problema ante calidad de servicios médicos

El licenciado García Rodón, además, denunció el pobre sistema de vigilancia de la calidad de servicios médicos, que, según un estudio académico, se mantiene a través de tres fuentes: una revisión entre pares, un sistema de daños y perjuicios (rendir informes de demandas al Banco de Datos Nacional de Profesionales) y acciones disciplinarios de una junta médica, que, en este caso, es la JLDM.

Según el profesional, las instituciones que se percatan primero de la mortalidad y la calidad de servicios decadentes son los hospitales, pero tampoco hacen el cometido de reportar a la junta médica u otra organización correspondiente.

“El problema se llama corporativismo. Cuando todos son panas y no se vigilan unos a otros, las cosas son de golpes en la mano, pero aquí está envuelta la salud de los pacientes”, denunció García Rodón.

Tanto Miró Medina como el licenciado Hernández Cardona apuntaron a enmiendas a la Ley 139 para mejorar el servicio que ofrece la JLDM, que someterán en mayo. Entre otros cambios, buscan asignarle al oficial investigador un perito fijo — en este caso, médicos retirados — en casos de impericia, pues siempre se consulta con un médico para alcanzar las determinaciones legales.

El paro indefinido en Centro Médico quedó sin efecto tras llegar a un acuerdo entre la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM).

El presidente de la UGT, Edwin Méndez, y el director ejecutivo de ASEM, Jorge Matta González, confirmaron en una conferencia de prensa que el convenio acordado contempla incluir $800 como aumento salarial mensual, y no una bonificación de retención, como se había propuesto inicialmente.

El acuerdo impactaría a más de mil empleados representados por la UGT, afirmó Méndez. Sería un aumento prorrateado y ajustado, de manera que complemente la diferencia de quienes recibieron un aumento inferior a $800 por el plan de retribución. “Este acuerdo le hace justicia a esos compañeros”, declaró el presidente de la UGT en conferencia de prensa.

El acuerdo no aplica a los empleados que recibieron un aumento salarial superior a $800, añadió el licenciado Matta González.

“De la misma forma que nos dieron los fondos para el plan de retribución, nos deben dar para este acuerdo. Todos los acuerdos que se lleguen deben ser ratificados por la matrícula, aprobados por la Junta [de Supervisión Fiscal] y que se asigne el presupuesto”, estipuló el director ejecutivo de ASEM.

La licenciada Michelle Agostini, representante de ASEM, secundó que el acuerdo no está en vigor hasta que sea aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal y se asignen los fondos. De no aprobarse, tendrían que volver a la mesa de negociación. Recientemente la Junta expresó su rechazo a lo que fue la propuesta inicial de negociación del sindicato.

El acuerdo se alcanzó luego de un proceso de mediación en el Departamento del Trabajo.

Todos los servicios del Centro Médico administrados por ASEM, como Clínicas Externas, Sala de Emergencias y el Hospital de Trauma, se mantienen en operación.

Más temprano durante el día, Metro entrevistó familiares de pacientes en Centro Médico que expresaban preocupación ante el conflicto laboral que luego se disipó.

En la primera reunión nacional de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) con colaboradores de la agencia federal, las directoras ejecutivas compartieron logros de 2023: desde alcanzar un número récord en inscripciones abiertas a seguros de salud hasta aumentar proveedores de salud en Medicare.

La administradora de CMS, Chiquita Brooks-LaSure, aseguró que más de 20 millones de personas se inscribieron a través del Mercado de Seguros de Salud (planes médicos dirigidos a personas no aseguradas por el gobierno o un patrono) para recibir cobertura médica. Incluyó también que reclutaron más de 11,000 consejeros de salud mental y más de 1,700 terapistas de familia, como parte de la iniciativa de aumentar servicios de salud mental en Medicare.

El alza en reclutamiento también fue posible por esfuerzos implementados para reducir la carga administrativa para los profesionales de salud, como facilitar el proceso de autorización previa. “Estamos trabajando para garantizar que las personas reciban la atención que necesitan y reducir el estrés de los médicos y enfermeras, lo que contribuye al agotamiento de los proveedores e impide que las personas obtengan la atención que necesitan”, sostuvo.

Con las estipulaciones incluidas en la Ley de Reducción de Inflación, la administradora de CMS afirmó que frenaron los aumentos súbitos en precios de medicamentos recetados para beneficiarios de Medicare; permitieron negociaciones con las farmacéuticas para asegurar la accesibilidad a fármacos e impusieron un límite máximo en el costo que el paciente asume para sus medicamentos.

Un análisis del Centro para Progreso Americano, no obstante, resaltó que la medida no impacta equitativamente a beneficiarios fuera de Medicare, por lo que los precios de los medicamentos incrementan por encima de la tasa de inflación para esta población. De pasarse del límite, la legislación indica que las farmacéuticas deben pagar reembolsos a Medicare.

Según la subadministradora, la doctora Meena Seshamani, se expandió un programa de apoyo para beneficiarios de Medicare, al que son elegibles más de 3 millones de personas no inscritas, que permite realizar pagos aplazados de sus medicamentos.

En cuanto a la recertificación al programa Medicaid, conocido en Puerto Rico como el Plan Vital, la subdirectora del Centro para Servicios de Medicaid, Sara Vitolo, expresó que están “activamente monitoreando” a los estados e instó a aprovechar las medidas flexibles que CMS ha otorgado, como periodos extendidos con cobertura médica, para procesar eficazmente la recertificación.

Mientras, Dara Corrigan, directora del Centro para la Integridad de CMS, que busca prevenir el fraude, gasto o mal uso de fondos de la agencia, informó que lograron retener $1.4 mil millones, gracias a auditorías lideradas por la Oficina del Inspector General, la suspensión de pagos no autorizadas, entre otras estrategias.

Dos informes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal revelaron, en septiembre y diciembre de 2023, que la Oficina de Medicaid en Puerto Rico había reclamado más de $500 mil en pagos por capitación a beneficiarios con más de un número de identificación y $7 millones por beneficiarios fallecidos.

Otras directoras de oficinas internas de CMS abundaron sobre la elaboración de informes que detallan la disparidad de salud en poblaciones minoritarias; una cubierta extendida de 12 meses para cuidado posparto en 43 estados, Washington DC y las Islas Vírgenes; mayores esfuerzos de vacunación contra COVID-19, entre otras integraciones.

“Todo nuestro trabajo se centra en trabajar para garantizar que todas las personas cubiertas por nuestros programas tengan una oportunidad justa de obtener su salud óptima sin importar su apariencia, dónde vivan o cuánto dinero tengan”, precisó Brooks-Lasure.

Los integrantes de la Unidad Laboral de Enfermeros(as) y Empleados(as) de la Salud (ULEES) llevaron a cabo una manifestación frente al centro de salud comunitario HealthproMed, en Santurce, para denunciar prácticas ilícitas administrativas como explotación laboral y negociaciones en contra del convenio colectivo.

Según el portavoz de la ULEES, Ariel Echevarría, la directora ejecutiva, la licenciada Ivonne Rivera, incumplió con el convenio al cambiar, sin notificación previa, un acuerdo de reembolsar pagos por renovaciones de licencias en su totalidad a plazos prorrateados. Por esta acción, la unión sindical sometió una querella a la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo Federal, que encontró “causa probable para juicio”, a celebrarse en marzo, confirmó Echevarría a Metro Puerto Rico.

El funcionario sindical indicó, además, que los médicos y profesionales de salud que trabajan en el centro 330 alegaron que Rivera, entre otros empleados, propician un ambiente de persecución que ha provocado la renuncia de personal.

Por su parte, la licenciada Rivera negó la acusación de la unión y sostuvo que la discrepancia surge porque la ULEES busca retener el derecho a despedir empleados por no unionarse y pagar las cuotas de la organización sindical.

“Tengo que enfatizar que HealthproMed reitera su respeto al derecho de cada empleado de decidir libre y voluntariamente asociarse o no a la unión laboral de su elección”, sostuvo la directora ejecutiva.

El miembro sindical sostuvo que el centro comunitario solo cuenta con 14 médicos en todos los centros, ubicados en San Juan, Carolina, Guaynabo, Cataño, Vieques y Culebra. “Quienes más se afectan [en San Juan] son los pacientes de Barrio Obrero y comunidades aledañas que atienden esta organización”, declaró Echevarría.

Rivera, no obstante, aseguró que cuenta con alrededor de 220 empleados en los centros y alrededor del 70 % de esa empleomanía se ubica en el local de San Juan.

Estos reclamos se integran a las protestas de los profesionales de salud unionados, como la Unión General de Trabajadores, que protestó en diciembre en el Centro Médico de Puerto Rico para exigir mejores condiciones laborales y contratación de profesionales de salud. Incluso, el Departamento de Salud ha reconocido que no inspecciona los hospitales tan frecuentemente como quisiera.

Las manifestaciones, además, se enmarcan ante el estado precario de los hospitales tanto en infraestructura como en la administración. El Grupo Hospitalario HIMA San Pablo, por ejemplo, se acogió a quiebra por deudas ascendentes a $472 millones, mientras que, a principios de enero, el hospital Buen Samaritano, en Aguadilla, suspendió 15 empleados por “falta de flujo de efectivo”.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre temas de salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

El ex director ejecutivo del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico (CPEPR), Fernando Betancourt Gómez, presentó, el 13 de noviembre, una demanda al CPEPR por despido injustificado, discrimen por edad, daños y perjuicios y represalias.

Según la demanda, Betancourt Gómez, de 59 años, fungió como director ejecutivo desde el 17 de abril hasta el 16 de octubre previo a ser despedido sin justa causa. Radicado en el Tribunal de Primera Instancia, el querellante demandó por una cantidad ascendente a $2.5 millones por alegados actos discriminatorios, angustias mentales y represalia.

El querellante fue despedido porque “intentó ofrecer información en los procedimientos internos establecidos de la empresa, a saber, sobre un empleado del Colegio en posición de autoridad, la Presidenta querellada”, reza el documento.

El documento alega, además, que el representante legal del Colegio negó una vista apelativa y audiencia solicitada a la junta directiva del CPEPR.

La presidenta del CPEPR, Susan Figueroa González, y los miembros de la Junta de Gobierno, Tomás Alvarado Colón y Carlos Valentín Rosa, fueron notificados el pasado 15 de noviembre mediante emplazamiento.

Contenido relacionado a la enfermería

Representantes del gremio de enfermería protestaron, ayer, frente al Capitolio de Puerto Rico para exigir justicia salarial y la aprobación de una medida legislativa que minimizaría su carga laboral mediante la dotación de personal por paciente en las instituciones hospitalarias.

Convocada por el portavoz de los enfermeros, Juan Carlos del Valle, y el enfermero especialista Anthony Sánchez, la manifestación propone, además, visibilizar la problemática de asignación de enfermeros por paciente, la reducción de interés académico en la profesión, éxodo de profesionales, falta de aumento salarial por inflación, entre otras situaciones.

“Hay un problema de colapso a nivel de salud pública. Este esfuerzo es por mí, por ti, porque es que esto no es enfermería; es salud pública. La única forma de poder ayudar a sufragar y a restaurar o mejorar los sistemas que tenemos ahora mismo es mejorando las condiciones tanto salariales como la laboral de profesionales de enfermería”, expuso Sánchez a Metro Puerto Rico.

El ex director ejecutivo del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico (CPEPR), Fernando Betancourt Gómez, presentó, el 13 de noviembre, una demanda al CPEPR por despido injustificado, discrimen por edad, daños y perjuicios y represalias.

Según la demanda, Betancourt Gómez, de 59 años, fungió como director ejecutivo desde el 17 de abril hasta el 16 de octubre previo a ser despedido sin justa causa. Radicado en el Tribunal de Primera Instancia, el querellante demandó por una cantidad ascendente a $2.5 millones por alegados actos discriminatorios, angustias mentales y represalia.

El querellante fue despedido porque “intentó ofrecer información en los procedimientos internos establecidos de la empresa, a saber, sobre un empleado del Colegio en posición de autoridad, la Presidenta querellada”, reza el documento.

El documento alega, además, que el representante legal del Colegio negó una vista apelativa y audiencia solicitada a la junta directiva del CPEPR.

La presidenta del CPEPR, Susan Figueroa González, y los miembros de la Junta de Gobierno, Tomás Alvarado Colón y Carlos Valentín Rosa, fueron notificados el pasado 15 de noviembre mediante emplazamiento.

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Representantes del gremio de enfermería protestaron, ayer, frente al Capitolio de Puerto Rico para exigir justicia salarial y la aprobación de una medida legislativa que minimizaría su carga laboral mediante la dotación de personal por paciente en las instituciones hospitalarias.

Convocada por el portavoz de los enfermeros, Juan Carlos del Valle, y el enfermero especialista Anthony Sánchez, la manifestación propone, además, visibilizar la problemática de asignación de enfermeros por paciente, la reducción de interés académico en la profesión, éxodo de profesionales, falta de aumento salarial por inflación, entre otras situaciones.

“Hay un problema de colapso a nivel de salud pública. Este esfuerzo es por mí, por ti, porque es que esto no es enfermería; es salud pública. La única forma de poder ayudar a sufragar y a restaurar o mejorar los sistemas que tenemos ahora mismo es mejorando las condiciones tanto salariales como la laboral de profesionales de enfermería”, expuso Sánchez a Metro Puerto Rico.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Fundación Pediátrica de Diabetes, junto con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), presentó las tasas de incidencia de diabetes tipo 1 en pacientes de 0 a 18 años, que reflejan una tendencia a aumentar, en promedio, de 1 a 2 % anualmente.

La publicación de las estadísticas, recopiladas entre 2009 y 2022, marca la primera vez que se presentan datos actualizados de la enfermedad crónica en pacientes pediátricos, que también fueron validados por una agencia gubernamental. Disponibles en una plataforma interactiva del IEPR, se registraron, en promedio, 200 casos anuales de la enfermedad en esa población.

Desde 2009, la Fundación comenzó un programa en colaboración con diez hospitales que cuentan con endocrinólogos pediátricos en su facultad — hay un total de 13 de estos profesionales en todo Puerto Rico — para que les contactaran tras diagnosticar a un paciente con diabetes, contó la directora ejecutiva de la Fundación, Mariana Benítez Hilera. Apuntó a que menos del 1 % de casos son referidos a través de oficinas de una endocrinóloga pediátrica.

“Son 13 años que llevamos haciendo este proceso [de recopilación de datos]. Esa data que recogimos se tabuló y esa fue la data que el Instituto [de Estadísticas] analizó y la validó”, expuso la directora de la Fundación.

Asimismo, el presidente de la organización sin fines de lucro, Bernardo Maldonado, expresó que las estadísticas son “esenciales para poder establecer políticas públicas de manejo, asignación de fondos y recursos para los investigadores, médicos y familiares de pacientes que viven con diabetes”.

Entre las medidas legislativas que atienden la población diabética, mencionó la Ley 177 de 2016, que obliga a las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud incluir en su cubierta básica los monitores de glucosa, la bomba portátil de infusión de insulina, entre otras disposiciones.

Por su parte, la endocrinóloga pediátrica Marina Ruiz Montilla, sostuvo que, de las condiciones diabéticas, la diabetes tipo 1, que no se puede prevenir, es la más común en niños. Advirtió también sobre los síntomas usuales de esta condición autoinmune para estar alerta ante el posible diagnóstico, como aumento en frecuencia urinaria, exceso de sed y hambre, cansancio y poco crecimiento.

“La importancia de tener las estadísticas al día es porque podemos seguir llevando el mensaje de esta condición y la importancia de entender los síntomas para que los papás lo tengan presente y lleguen a tiempo a su endocrinólogo pediátrico”, expresó.

Aunque el año 2021 registró la mayor tasa de incidencia de 38.4, el doctor Orville Disdier Flores, director ejecutivo de IEPR, explicó que se registran menos casos de diabetes por la reducción de la población pediátrica. Recalcó también que la enfermedad crónica es la tercera causa de muerte más común en Puerto Rico y que, aún tras ajustar los datos por edad, no se asocia exclusivamente a la creciente población mayor.

“No tiene necesariamente que ver con el envejecimiento, sino que hay un asunto dentro de nuestra población que nos hace tener las prevalencias más altas de todos los Estados Unidos”, declaró Disdier Flores.

Tanto los endocrinólogos pediátricos como los directivos de las organizaciones, instaron que deben atenderse los casos inmediatamente para controlar los síntomas y que no induzcan a complicaciones en la adultez. Aspiran a que, con evidencia por los datos sustanciales, se pueda maximizar el acceso a tecnología de manejo de insulina, obtener mayor acceso a medicamentos e, incluso, solicitar más fondos dirigidos a la atención de estos pacientes.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre temas de salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.