Del CPI

En la mañana del 15 de junio de 2016 llegó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos un correo electrónico con felicitaciones a un funcionario de alto nivel por la aprobación en la Cámara federal del proyecto de ley PROMESA, que impuso una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico.

“Sólo quería reiterar mi interés en una posición en la Junta de Supervisión”, escribió Robert Kurtter, un analista financiero que llevaba un año retirado de la casa acreditadora Moody’s. Había dirigido allí la división de financiamiento público, la misma que clasificó la deuda de Puerto Rico como chatarra, un elemento clave para que se impusiera la Junta a la que pretendía pertenecer.

En su mensaje, Kurtter aseguró que por medio de Moody’s y sus cabilderos en Washington, D.C., la firma Akin Gump, conseguiría reuniones en el Congreso para lograr su nominación con el staff del excongresista republicano, Sean Duffy, y del entonces presidente republicano de la Cámara, Paul Ryan.

Kent Hiteshew, entonces director de la Oficina de Finanzas Públicas Estatales y Municipales del Tesoro, recibió el email de Kurtter. Lo compartió con parte de su equipo con un mensaje[1] [2] [3] [4] : “FYI. Ex jefe de clasificaciones municipales de Moody’s. Tenemos su resumé — ya fue enviado a PPO [iniciales en inglés de la Oficina Presidencial de Personal]”.

A preguntas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Kurtter dijo que a pesar de que tenía credenciales fuertes para formar parte de la Junta, los nombramientos eran “políticos en su naturaleza” y nunca tuvo el respaldo político en el Congreso. Rechazó que su interés representara un conflicto de interés, ya que Moody’s “es una firma reconocida a nivel mundial”, que no compra ni vende bonos, que fue el Gobierno de Puerto Rico y no la Junta la que emitió deuda, y que, en ese momento, ya él se había retirado. Aseguró que nunca fue contactado para una entrevista y que su candidatura terminó ahí.

“No tengo conocimiento de ningún proceso de evaluación de candidatos, aunque imagino que hubo alguno. No llegué tan lejos”, añadió Kurtter.

Más de 3,100 páginas y documentos permiten ahora conocer cómo se escogieron los primeros siete miembros de la Junta de Control Fiscal, luego de ser obtenidos por el CPI como parte de una demanda que continúa activa bajo la Ley de Libertad de Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés), contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. Los mensajes y anejos muestran un proceso informal, que comenzó meses antes de la aprobación de la ley PROMESA, y en el que una veintena de funcionarios del Tesoro y de la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama escogieron y recomendaron candidatos sin criterios de selección claramente definidos.

En total, se consideró a más de 115 personas durante la primera ronda de nombramientos, reveló la agencia federal al CPI.

El 30 de agosto de 2016, más de un mes después del plan original, la administración Obama hizo público el nombramiento de los primeros siete miembros de la Junta: José Carrión, Carlos García, José Ramón González, Ana Matosantos, Arthur González, David Skeel y Andrew Biggs.

A siete años de esa primera ronda de nombramientos a la Junta, el Tesoro ya no tiene el control que tenía de la entidad, ni tampoco lidera el proceso de selección de sus miembros, como al inicio.

La administración del actual presidente Joseph Biden, tras el nombramiento reciente de Juan Sabater, tiene la oportunidad de llenar otra vacante y de reemplazar, si desea, a cualquiera de los otros cinco miembros actuales. De hacerlo, podría cambiar el balance ideológico de la Junta, en año de elecciones y con mayoría demócrata en el Senado.

La ley PROMESA fue la respuesta del Gobierno de EE.UU. a la crisis fiscal que enfrentó Puerto Rico en la pasada década. Desde el Tesoro y el Congreso, diseñaron un mecanismo de quiebra para Puerto Rico y sus otros territorios, pero condicionado a la imposición de una Junta de Control Fiscal. Esta entidad tiene amplios poderes sobre el Gobierno electo, incluyendo la aprobación del presupuesto del país, y sus miembros son nombrados desde Washington D.C. por el Presidente y los líderes congresionales, aunque su multimillonaria operación se paga con fondos del Gobierno de Puerto Rico.

Desde su inicio en septiembre de 2016, el funcionamiento de la Junta le ha costado más de $400 millones al erario de Puerto Rico, según los estados financieros auditados de la entidad. Al sumar el gasto en abogados y consultores para temas relacionados al caso de quiebra bajo PROMESA, la cifra sobrepasa los $1,500 millones, lo que convierte a la quiebra de Puerto Rico en la más grande en la historia del mercado de bonos municipales de Estados Unidos.

Administración Biden tampoco es transparente sobre el proceso

Al cierre de esta edición, las preguntas enviadas al Tesoro y a la Casa Blanca sobre cuál es el proceso que están siguiendo para los nuevos nombramientos y qué criterios toman en consideración a la hora de evaluar candidatos, no fueron atendidas.

El CPI también contactó directamente a varios de los miembros originales de la Junta con preguntas relacionadas a sus nombramientos, pero no recibió respuesta de ninguno.

Aunque no se solicitó una reacción a la Junta, su director de comunicaciones, Matthias Rieker, escribió: “Sabemos que se ha comunicado con ciertos miembros de la Junta con preguntas sobre su proceso de nombramiento. De parte de ellos, sepa que la Junta de Supervisión rechaza hacer comentarios”.

Actualmente, la Junta está compuesta por tres republicanos, Skeel, Biggs y John Nixon, y tres demócratas, Arthur González, Betty Rosa, y el recién nominado Juan Sabater.

Una semana después de que el CPI cuestionara a la Casa Blanca sobre cuándo haría los nuevos nombramientos y si han seguido el mismo proceso del 2016, la administración Biden anunció a Sabater como el nominado elegido directamente por el presidente.

Sabater, quien trabaja para la firma de inversiones Valor Equity Partners, ocupa la vacante que dejó Justin Peterson, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump en 2020 y renunció en agosto de 2023.

Una semana antes del nombramiento de Sabater, la Junta negó al CPI tener información sobre nuevos nombramientos, y aseguró que su trabajo continuaba sin contratiempos a pesar de las vacantes.

“La manera en que funciona la ley, y esto no es inusual para nombramientos en todo el gobierno federal, es que, en términos generales, si el término expira, los miembros de la Junta permanecen en sus puestos hasta ser reemplazados. Entonces, para nuestros propósitos, no crea ninguna inestabilidad”, dijo al CPI hace unos meses el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica.

La vacante que queda en la Junta sería cubierta con alguien de la lista que proponga el líder de mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer.

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El Tesoro no quiere decir a quién consideró para la Junta

A principios del 2017, luego de que el entonces presidente de la Junta, José Carrión, dijera durante la primera reunión pública que el Tesoro había seguido un “proceso riguroso” de evaluación, el CPI solicitó al Tesoro todas las comunicaciones relacionadas a la evaluación y selección de los miembros de la Junta, un proceso a puertas cerradas del que se conoce muy poco. Más de cinco años después, y luego de una demanda presentada bajo FOIA que continúa activa, el Tesoro entregó 3,188 páginas, la mayoría de ellas completamente tachadas.

La agencia rechazó revelar el nombre de los candidatos evaluados pero no seleccionados ya que, según argumentó ante el tribunal, esto representaría a estas personas un bochorno (“embarrassment”) a nivel profesional y daño reputacional. El bochorno sería tan grande que representaría una violación indebida a su intimidad, alega el Tesoro.

La agencia federal añadió que la Junta “ha encontrado una desaprobación significativa en Puerto Rico” y que continúa siendo “profundamente impopular”.

Una revisión del CPI encontró que el Tesoro sólo reveló dos nombres de personas que fueron evaluadas, pero no seleccionadas: Kurtter y Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Aunque según uno de los correos electrónicos rechazó el acercamiento en un inicio, Marxuach aceptó luego iniciar el proceso de vetting con la intención de ser nombrado a la Junta, tras ser recomendado por las congresistas demócratas Nancy Pelosi y Nydia Velázquez.

“Tuvimos una llamada y luego nada”, dijo Marxuach al CPI refiriéndose a una conversación telefónica con personal del Tesoro federal. Dijo que nunca supo cuáles eran los criterios de evaluación, ni el proceso que siguieron para finalmente descartarlo como candidato.

Recordó que durante la llamada, lo más que les interesó fue cuánto tiempo podía dedicarle a la Junta si era escogido.

“Si lo van a hacer [crear la Junta], tal vez estando adentro podía hacer algo para que no sea tan malo”, añadió el economista sobre por qué aceptó ser considerado para la Junta, a pesar de su oposición pública al mecanismo.

El caso del CPI contra el Tesoro aún está pendiente de una decisión del tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York sobre la confidencialidad de los nombres de aquellas personas evaluadas, pero no seleccionadas para estar en la Junta. Mientras que el CPI asegura que existe un alto interés público en conocer quiénes fueron considerados y descartados para pertenecer a la Junta, el Tesoro alega que esta información está protegida bajo el privilegio de proceso deliberativo y el derecho a la intimidad personal.

Para las siete sillas de la Junta, PROMESA estableció en el verano de 2016 un proceso de selección, que en ese momento, suponía escoger dos de seis candidatos de una lista que presentaría el entonces presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, otros dos de la de su homólogo en el Senado, el también republicano Mitch McConnell; uno de la líder de la minoría en la Cámara, la representante demócrata Nancy Pelosi; y otro del senador demócrata Harry Reid, líder de minoría del Senado. Un séptimo miembro sería nombrado por Obama.

El Presidente recibiría estos nombres, elegiría sus favoritos de cada lista, se iniciaría un proceso de evaluación, o vetting, de los finalistas, para luego ser nombrados y anunciados oficialmente.

Pero para cuando se aprobó la ley el 30 de junio de 2016, el grupo del Tesoro y de la Casa Blanca, desde su Oficina de Personal Presidencial y el Consejo Económico Nacional, llevaban desde abril de ese año barajando nombres para la Junta, según se observa en los correos entregados. Ese equipo preparó y compartió listas de candidatos a la Junta a partir de recomendaciones de distintas fuentes que ahora se conocen: desde políticos demócratas y republicanos, hasta grupos de bonistas, sindicatos, el gobernador Alejandro García Padilla y el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi, y personas con conexiones en el Gobierno federal.

Como parte del caso del CPI, el Tesoro admitió que solicitó nombres de “otros grupos interesados” y dijo que aunque la decisión final venía de los líderes congresionales, la agencia les sugirió nombres para sus listas y les dijo a quiénes debían incluir y a quiénes no, a base de la evaluación del Tesoro. Describió el proceso de deliberación como uno de “naturaleza única”, mediante el cual intercambiaron opiniones “cándidas”, que aparecen tachadas, y evaluaron “los méritos relativos” de distintos candidatos, los organizaron por “orden de preferencia” y debatieron quiénes “trabajarían bien juntos”.

La agencia jugó un “rol central” en este proceso luego de estar “profundamente involucrada” en la redacción de PROMESA. La lista de nombres “evolucionó en el tiempo y tomó distintas formas”. No fue hasta “cerca de culminar el proceso de selección”, según el Tesoro, que se delineó un calendario para consultar con los líderes congresionales sobre sus listas de candidatos, evaluar el cumplimiento ético de estas personas y anunciar oficialmente los nombramientos a la Junta.

Los nombres de los primeros siete miembros nombrados, incluyendo los asociados al Partido Republicano, ya estaban en el radar del Tesoro como candidatos a la Junta desde antes de la aprobación de la ley. Algunos candidatos, como el actual presidente David Skeel, tenían relación con el grupo del Tesoro que trabajó el tema de Puerto Rico desde enero del 2016.

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Los “framing questions” del equipo del Tesoro

El 7 de julio de 2016, el secretario del Tesoro, Lew, lideró el “PR Staff meeting”, una reunión con su equipo de trabajo en la que discutieron la selección de miembros para la Junta y el comienzo de sus operaciones.

El grupo que trabajó el tema de Puerto Rico incluyó a Antonio Weiss, Kent Hiteshew, Adam Chepenik, Glen Sears, Laurie Richardson, Randall DeValk, Brad Setser, Anthony Vitarelli y Sam Valverde. Chepenik se convirtió un año más tarde en uno de los principales asesores de la Junta desde el sector privado, como empleado de la firma Ernst & Young. La firma también reclutó en aquel momento a Hiteshew, quien ha trabajado en temas relacionados a Puerto Rico. En el caso de Weiss, ha participado de conversatorios y publicado escritos sobre PROMESA (uno de ellos junto a Setser).

En esa reunión, que según el Tesoro fue cuando se estableció un proceso formal para seleccionar y nombrar los miembros de la Junta, el grupo atendió primero el calendario de trabajo para completar el proceso, seguido de cuatro preguntas guía — “framing questions” — que orientarían la evaluación de candidatos: si los candidatos estaban “asociados con Puerto Rico”, ya sea viviendo en la isla o en la diáspora; qué rol tendrían otras partes interesadas, o “outside stakeholders”, en el proceso de selección; cuál debía ser la perspectiva general entre los candidatos para “balancear los intereses en conflicto” por PROMESA; y cómo manejar conflictos de interés, y si surgía alguno, cuáles podrían permitirse (“waive”).

Este documento de las preguntas guía fue uno de dos identificados por el Tesoro como los que mejor describen los criterios que siguió para elegir candidatos a la Junta. El segundo es un correo electrónico con preguntas para el banquero José Ramón González, entonces candidato a la Junta: cuál debe ser la prioridad de la Junta; cómo se debe trabajar con las pensiones; qué tipo de expertise deben tener sus miembros; cuál es la mejor manera para garantizar un nivel de deuda sostenible y cuánto tiempo de trabajo podría dedicarle a la Junta.

“¿Qué medidas debería tomar la Junta al principio para establecer credibilidad ante los muchos puertorriqueños que ven a la Junta como una toma neocolonial del autogobierno de Puerto Rico? ¿Fomentaría usted a la Junta a ser lo más transparente y accesible posible?”, lee otra de las preguntas sugeridas. Las respuestas a las preguntas no están en los documentos entregados al CPI.

En la reunión de julio de 2016, también discutieron posibles nombres para la Junta, con una lista de candidatos que, además de los nombres, tenía datos sobre su relación con Puerto Rico, género, expertise, conflictos, trasfondo y orígen de la recomendación.

El último punto de la agenda era hablar sobre cómo el Tesoro brindaría “asistencia técnica” en la implementación de la Junta en Puerto Rico.

El 6 de septiembre de 2016, una semana después de ser nombrada, la Junta pidió “asistencia técnica” al Tesoro, bajo la sección 104(c)(1) de PROMESA. Además de solicitar un modelo de reglamento de funcionamiento para usarlo de referencia para el de la Junta, el correo electrónico menciona específicamente seis puntos: la ley PROMESA, el presupuesto y estructura del Gobierno de Puerto Rico; la deuda pública, la liquidez, las cooperativas, y “una actualización del personal y firmas contratadas hasta el momento por las partes involucradas en asuntos relacionados a PROMESA y las labores de la Junta”.

El Tesoro envió un modelo de reglamento y organizó una reunión introductoria para los miembros de la Junta.

Además de la selección de miembros, los planes de trabajo en el Tesoro alrededor de la Junta incluyeron en esa etapa la colaboración con la Administración Federal de Servicios Federales (GSA), posibles contrataciones y empleados para la Junta, la redacción de sus estatutos y reglamentos, y adiestramientos sobre PROMESA a los miembros. También estuvo en agenda el Plan Fiscal, y cómo éste atendería las pensiones y el sector cooperativista, y la preparación para el litigio que traería PROMESA. En la categoría de “otros” estaban los planes de comunicación externa y cómo involucrar a partes interesadas en Puerto Rico y en la diáspora.

La “lista final”

Ya para el 25 de julio de 2016, el Tesoro tenía una lista que identificaba a todos los miembros originales de la Junta, con excepción de García. Una lista “final” que muestra a seis de los siete candidatos que fueron nombrados circuló el 22 de agosto de 2016. García tampoco aparece en este documento, que incluye dos nombres que están tachados: un nominado republicano y un nominado republicano de “backup” o reserva.

Junto a Carrión, García era uno de los seis candidatos finales que recomendó el entonces presidente de la Cámara, Ryan. Este último compartió sus candidatos con el Tesoro desde al menos el 16 de mayo, más de un mes antes de aprobarse PROMESA. “No es un mal punto de partida”, escribió Weiss sobre la lista de Ryan, que ya incluía a García.

García y Carrión, ambos puertorriqueños, renunciaron a sus puestos en el verano del 2020. Poco tiempo después, el entonces presidente Donald Trump nombró a Justin Peterson y John Nixon en estas dos sillas. Peterson renunció el pasado mes de agosto y su puesto sigue vacante, mientras que Nixon continúa en la Junta.

Los otros dos nombramientos republicanos de la primera Junta, Biggs y Skeel, vinieron desde la oficina del senador McConnell. En el caso de Skeel, quien preside la Junta desde octubre del 2020, ya tenía una relación previa con el grupo del Tesoro, desde al menos principios de 2016, según muestran los correos electrónicos.

Trump renominó a Skeel en enero de 2021, después de hacer lo mismo un mes antes con Biggs.

Del lado demócrata, una lista compartida en los correos electrónicos el 5 de julio de 2016, clasifica candidatos entre “originales”, “adicionales” y “considerados pero no seleccionados”. El documento identifica entre la información tachada los nombres de Arthur González y José Ramón González como candidatos “originales”, y el de Ana Matosantos dentro de los “adicionales”.

El nombre de Matosantos, una experta en temas de presupuesto, fue recomendado por la National Governors Association (NGA), una organización política que reúne a los gobernadores de Estados Unidos. En el caso de Arthur González, el exjuez de quiebra estaba en una lista compartida por la representante Nydia Velázquez con Nancy Pelosi, según un correo electrónico de Antonio Weiss.

Ese mismo día, circuló otra lista de nombres que tenían el apoyo de las uniones American Federation of State, County & Municipal Employees (AFSCME), la Service Employees International Union (SEIU), y la American Federation of Labor & Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). Los nombres de las personas recomendadas aparecen tachados. Estas uniones han representado y negociado en representación de sus subsidiarias en Puerto Rico, como parte del proceso de quiebra bajo el Título III de PROMESA que afecta derechos de empleados y retirados del Gobierno.

Otros correos electrónicos muestran que tanto el entonces gobernador Alejandro García Padilla, como el ahora gobernador y entonces comisionado residente, Pedro Pierluisi, también sometieron nombres al Tesoro.

John Laufer, jefe de asuntos legislativos de Pierluisi, escribió a un funcionario del Tesoro: “Esta [lista] fue preparada por otros en mi oficina — el congresista [Pierluisi], su jefa de personal [Maí Vizcarrondo], personas inteligentes en Puerto Rico — así que no puedo dar fe de estos nombres personalmente”.

Al igual que en el resto de los documentos, los nombres de las personas recomendadas por la oficina del comisionado residente están tachados.

Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, puede leer su versión original AQUÍ.



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Alrededor de 165,000 compañías y otras entidades jurídicas en Puerto Rico tendrán que, a partir de este año, informar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos la identidad de todas las personas que son dueños o mantienen control de la entidad, ya sea directa o indirectamente.

Sin embargo, la información que obtendrá el Gobierno federal será confidencial y solo será compartida entre agencias de ley y orden, y algunas empresas bancarias para cumplir con otras leyes federales antilavado de dinero.

La nueva regla entró en vigor con el comienzo del nuevo año, como resultado de la Ley Federal de Transparencia Corporativa de 2021. Según el estatuto, el objetivo es combatir los crímenes financieros cometidos por medio de entidades registradas en jurisdicciones de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, que tienen poca o ninguna información disponible sobre sus dueños o beneficiarios.

“Efectivo el pasado 1 de enero de este año, básicamente ya todas las corporaciones y otras entidades jurídicas [en Puerto Rico] deben someter cierta información acreditativa de la identidad de sus dueños beneficiarios, o ‘beneficial owners’ en inglés”, confirmó en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el secretario de Estado, Omar Marrero.

En Puerto Rico existen 168,577 entidades jurídicas activas, según datos del Departamento de Estado entregados al CPI. La cifra se divide mayormente entre corporaciones (75,118) y compañías de responsabilidad limitada, o LLC (79,781). Esta última es una de las formas más atractivas para organizar ciertos tipos de negocios por su flexibilidad y requisitos mínimos de divulgación.

Las entidades existentes tienen un año, hasta enero del 2025, para informar al Gobierno federal el nombre, fecha de nacimiento, dirección y la licencia o pasaporte de aquellas personas que controlan o son dueños de la empresa. Aquellas compañías creadas a partir del 1 de enero de 2024 tendrán 90 días desde su inscripción para presentar su informe.

Incumplir con la nueva regla conlleva sanciones que van desde una multa de $500 por cada día de incumplimiento hasta cárcel por dos años o una multa de hasta $10,000. La responsabilidad de rendir el informe y cumplir con la nueva ley federal también recae sobre los oficiales de alto rango de la empresa.

Los informes, que no conllevan el pago de impuesto o arancel ni requieren la intervención de un abogado o contable, pueden rendirse en línea. En septiembre pasado, la Red de Control de Delitos Financieros, o FinCen en inglés, la división del Tesoro encargada de implementar la nueva ley, publicó una guía de cumplimiento para pequeñas empresas.

La lista de las 23 tipos de empresas que están exentas de rendir estos informes incluye a bancos, cooperativas, corredores de valores, compañías y productores de seguros, compañías con operaciones grandes, firmas de inversiones, firmas de contabilidad y entidades con exenciones contributivas, entre otros. Según la guía de cumplimiento, se consideran compañías grandes aquellas que tengan más de 20 empleados a tiempo completo, oficina principal en EE. UU. y que declaren $5 millones o más en ingresos brutos al Servicio de Rentas Internas (IRS).

Según el secretario de Estado, muchas de las entidades exentas son altamente reguladas y ya se les requiere divulgar la información de dueños beneficiarios a distintas agencias reguladoras. Aquellas compañías que estén inactivas tampoco tendrán que rendir los nuevos informes a FinCen.

“Fuera de esas excepciones, bien limitadas, todas las corporaciones, todas las LLC, todas las entidades jurídicas foráneas en Estados Unidos, tanto continentales como en sus territorios, tienen que someter esa información directamente a FinCen”, añadió Marrero.

Aseguró que la responsabilidad de implementar esta nueva regla recae en el Tesoro, y no en el Gobierno de Puerto Rico.

Explicó que el rol que jugará el Departamento de Estado se limita a informar y educar a las compañías inscritas en Puerto Rico sobre el nuevo requisito federal, por medio de la prensa, organizaciones profesionales como el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y notificaciones directas en línea.

La agencia envió una notificación en diciembre al correo electrónico de todas las entidades registradas en ese momento, según Marrero.

Aunque otros lugares en el mundo, como la Unión Europea, dan mayor acceso al público a algunos de los datos sobre “beneficial owners”, como los nombres, la ley federal declara como confidencial la información obtenida por medio del nuevo informe.

Aún así, la entrada en vigor de la ley es un evento importante, dijo Erica Hanachak, de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT Coalition), con base en Washington D.C., que reúne a un centenar de organizaciones dirigidas a combatir la corrupción financiera.

“Es la actualización más significativa a las leyes antilavado de dinero en Estados Unidos en los últimos 20 años”, dijo Hanachak. “Obtener una tarjeta en una biblioteca requería más información que formar una entidad, compañía o corporación [en Estados Unidos]”, añadió.

Hanachak explicó que, aunque la información obtenida no será pública, agencias de ley y orden, como el Servicio de Rentas Internas (IRS), podrán utilizarla para detectar e investigar delitos financieros. Se estima que más de 32 millones de entidades tengan que cumplir con la regla durante el primer año de vigencia.

A nivel mundial, EE. UU. es una de las jurisdicciones donde menos transparencia corporativa existe, según Hanachak. En el 2021, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, admitió que Estados Unidos es probablemente uno de los mejores lugares en el mundo para ocultar y lavar dinero.

Esto incluye a Puerto Rico.

En febrero del 2019, la Comisión Europea añadió a Puerto Rico a su lista de jurisdicciones de alto riesgo por sus “deficiencias estratégicas” en sus prácticas contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas. En aquel momento, el Tesoro de EE.UU. rechazó la inclusión de Puerto Rico y levantó bandera sobre el proceso de evaluación que siguió la Comisión Europea.

Investigaciones recientes del CPI muestran fallas sistémicas y la falta de recursos económicos en la fiscalización de entidades en Puerto Rico y sus dueños, algunos de los cuales han sido investigados y acusados de crímenes financieros por autoridades federales.

Además, en el 2021, como parte de la investigación multinacional del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos Pandora Papers, el CPI reveló cómo algunos bancos internacionales establecidos en Puerto Rico son utilizados para abrir cuentas y transferir dinero de compañías opacas y negocios offshore, cuyos dueños suelen permanecer tras bastidores para ocultar activos del pago de contribuciones o, en el peor de los casos, lavado de dinero y otras transacciones ilegales.

“Debido a los beneficios de secretividad que brindan, [estas entidades opacas] se han convertido en una parte esencial de redes complejas destinadas a ocultar activos, a evadir impuestos y a hacer mucho más difícil entender quién está realmente detrás de una operación”, dijo Hanachak.

Aunque en Puerto Rico ya se divulga la dirección física, teléfono y nombres de las personas autorizadas, agentes residentes, oficiales e incorporadores de una empresa, el Departamento de Estado no requiere datos sobre dueños beneficiarios, al igual que la mayoría de los estados y territorios estadounidenses. Bajo la nueva regla, la compañía tendría que presentar un nuevo informe con FinCen cada vez que ocurra un cambio en el control de la entidad.

Un dueño beneficiario, o “beneficial owner” en inglés, es todo aquel que “tiene propiedad o control directo o indirecto de una empresa”, según FinCen.

Marrero aseguró al CPI que no habría cambios en la información que se requiere y que ya se divulga en la página web del Departamento de Estado, aunque esta podría coincidir con la información que se brinda en el informe de dueños beneficiarios a FinCen.