Dos semanas y media antes que el Grupo Hornblower se acogiera a un proceso de reorganización de quiebra, su subsidiaria en Puerto Rico Hornblower Maritime Services (HMS) Ferries obtuvo una enmienda al contrato con la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) para extender el proceso de transición, lo que le provee un fuerte apoyo en la financiación de la operación por parte del gobierno de Puerto Rico.

El pasado 5 de febrero, el director ejecutivo de la ATI, Josué Menéndez Agosto, y el presidente de la compañía HMS Ferries Puerto Rico, Matthew Miller, firmaron una enmienda al contrato de 23 años otorgado por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) en octubre de 2020. Durante la primera fase del acuerdo, todos los costos y gastos incurridos por HMS Ferries, en la provisión de los servicios de transporte marítimo, operación de los terminales y cumplimiento con sus obligaciones de reparación y mantenimiento serán reembolsados por la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).

El arreglo dispone un periodo de prórroga para el inicio de la segunda fase del acuerdo con la empresa, de forma que la nueva fecha límite sea el 30 de junio de este año.

“El contrato ha sido modificado para permitir una extensión de la Fase 1, debido a que la ATI aún está en el proceso de completar la rehabilitación de todos los terminales, lo cual es un requisito previo estipulado en el contrato. Esta modificación no altera la duración total del contrato. Durante el período de la Fase 1, los pagos se basarán en los gastos reales incurridos”, comunicó la ATI mediante declaraciones escritas.

Metro Puerto Rico reportó ayer en primicia el proceso de quiebra de Hornblower, la matriz de HMS Ferries, y la reacción del gobierno en el sentido de que no se afectaría el servicio de lanchas en Puerto Rico. HMS Ferries Puerto Rico opera las lanchas de Cataño, Vieques y Culebra mediante un contrato de alianza público-privada (APP) por $750.8 millones.

La Fase 1, o de transición, se supone durara tres años. Según un comunicado de prensa emitido por la AAPP, el 20 de abril de 2021, “este periodo de tres años representa el tiempo adecuado y necesario para que la ATM ponga en condición todos los activos utilizados en la operación del sistema de transporte marítimo y se asegure, además, de que cumplen con los estándares aplicables, antes de transferir su operación al operador privado”.

Además, en la primera fase, HMS Ferries recauda, pero no retiene para sí mismo las tarifas pagadas con respecto a los servicios de transporte marítimo.

Para la Fase 2 del contrato, que durará 20 años, la empresa habrá asumido la plena propiedad operativa de Puerto Rico Ferry, proporcionando los estándares de servicio y mantenimiento establecidos para garantizar un transporte fiable a los residentes de Puerto Rico, según el sitio web oficial de la compañía.

Entre las responsabilidades principales de HMS Ferries durante la Fase 2 del acuerdo, se encuentran cumplir con las métricas de desempeño y asegurar que la proyección de ingresos se materialice. Asimismo, la empresa se hará responsable de los costos de operación y mantenimiento de facilidades, embarcaciones y equipo.

Proceso de quiebra tiene supremacía ante posibles garantías de HMS Ferries

La ATI informó hoy, martes, a este medio, que no se está vislumbrando la cancelación del contrato “toda vez que el operador no ha incumplido sus obligaciones bajo el mismo”.

“El servicio a los residentes de las islas municipios no se ha visto afectado ni se verá afectado. Los gastos de operación durante la Fase 1 del contrato son sufragados en su totalidad por ATI, el incremento y/o reducción del servicio está directamente atado al presupuesto de la agencia”, indicó el portavoz de prensa de la ATI, Aniel Bigio.

“No obstante, es importante destacar que el operador ha sido transparente al explicar que la reestructuración responde a una estrategia de negocio para abordar una situación específica con la subsidiaria American Queen Voyages”, añadió.

Sin embargo, el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez explicó que, puesto a que la filial local fue incluida como una de las entidades que radicó en el proceso de reestructuración de la deuda de Hornblower, aplica lo que se conoce como un automatic stay (suspensión automática).

Una suspensión automática es una disposición de la ley de quiebras de los Estados Unidos que impide temporalmente que los acreedores, las agencias de cobro, las entidades gubernamentales y otros tomen medidas para cobrar deudas una vez se ha presentado una petición de quiebra.

El licenciado experto en temas de quiebra, John E. Mudd, coincidió con Emmanuelli Jiménez sobre que la cancelación del contrato de HMS Ferries por parte del gobierno resultaría en una violación al automatic stay.

En cuanto a la cláusula que contiene el contrato con HMS Ferries sobre la posibilidad de su terminación en el caso de que la compañía se declare en quiebra, Emmanuelli Jiménez sostuvo que, “si (HMS Ferries) no hubiese radicado quiebra, el stay no estaría, y, de seguro, la cláusula hubiera aplicado”.

En adición, ambos abogados explicaron que, dentro del proceso de reestructuración de deuda, el deudor podría repudiar el contrato, en caso de que no pueda cumplir con sus obligaciones.

“El issue sería si ese contrato es necesario para la reestructuración o si no es necesario. Si no es necesario, van a repudiar el contrato”, expresó Emmanuelli Jiménez.

El abogado indicó, además, que “en los procesos de quiebra, puede ser que el deudor tenga suficiente ingreso disponible y no tenga que vender sus activos. Pero en algunos casos, es el único remedio que tienen para reorganizarse, vender algunos activos o venderlos todos”.

Al mismo tiempo, la ATI aseguró que HMS Ferries reafirmó su compromiso de continuar no solo con este contrato, sino también con todos los demás contratos de operación y mantenimiento de sistemas de ferries que mantienen alrededor del mundo.

“La intención del operador es claramente seguir adelante con las operaciones durante el periodo estipulado en el contrato”, indicó la entidad gubernamental.



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El Grupo Hornblower se declaró en bancarrota el pasado miércoles, tan solo tres años después de la contratación de la compañía Hornblower Maritime Services (HMS) Ferries por el gobierno de Puerto Rico para la operación y mantenimiento del sistema de lanchas entre San Juan y Cataño, y entre Ceiba y las islas municipio.

La empresa matriz de HMS Ferries, a quien, en noviembre de 2020, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) otorgó un contrato de 23 años por $750.8 millones, reveló que no ha logrado recuperarse tras las pérdidas por la pandemia del Covid-19.

“El anuncio hecho recientemente no tendrá ningún impacto en las operaciones, en los pasajeros del sistema de transporte marítimo, en nuestro equipo de casi 400 residentes locales, ni tampoco en nuestros compromisos contractuales”, indicó el presidente de HMS-Ferris Puerto Rico, Matthew Miller.

“Continuaremos brindando el mismo servicio excepcional y confiable que los residentes y visitantes reciben, tanto ahora como en los años venideros”, estipuló mediante declaraciones escritas.

En cambio, Rick Newman, quien presidió la compañía Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) cuando operaba las lanchas a Vieques y Culebra previo a la alianza público-privada, comentó que “si en el bankruptcy (quiebra) ellos piden anular el contrato con Puerto Rico, pues la corte de quiebras se lo puede anular. Habría que comenzar con crear un ATM (Autoridad de Transporte Marítimo) nuevo o una privatización nueva o un RFP (solicitud de propuesta) nuevo, pero quién sabe”.

“De que se pueden ir de un día para otro, con el aval de la corte de quiebra, la posibilidad existe”, expresó Newman en entrevista con Metro Puerto Rico, aunque insistió en que, al momento, solo son meras especulaciones.

Por su parte, el licenciado Fermín Fontanés, director ejecutivo de la AAPP, sostuvo, mediante declaraciones escritas, que “la determinación del Grupo Hornblower no afecta la operación de HMS Ferries Puerto Rico, que es la empresa a cargo de la operación y mantenimiento del servicio de ferries de la ATM en las rutas de Cataño, Ceiba-Vieques y Ceiba-Culebra bajo un acuerdo de alianza público-privada”.

“HMS Ferries seguirá operando en Puerto Rico y cumpliendo con sus responsabilidades y obligaciones contractuales, según pactado”, añadió.

La familia de negocios Hornblower, a través de un sitio web oficial que habilitó para informar a los consumidores sobre la quiebra, estableció que continúan ejecutando sus contratos y acuerdos existentes con agencias gubernamentales, y que todos los servicios siguen funcionando como de costumbre y en sus horarios habituales.

Sobre la contratación de HMS Ferries en Puerto Rico, Newman aprovechó para recordar sus continuas denuncias sobre que el proceso alegadamente estuvo plagado de favoritismos.

PRFF fue la única otra empresa licitadora en la subasta para operar y mantener el servicio de transporte marítimo, y su oferta estaba $47 millones por debajo de la compañía agraciada. “O sea que, no estaban buscando una compañía local, no estaban buscando un mejor precio”, aseguró Newman.

No obstante, la AAPP sostuvo, en un comunicado de prensa emitido el 20 de abril de 2021, que la selección de HMS Ferries fue la culminación de un proceso robusto de licitación que duró más de dos años.

“HMS Ferries es una compañía subsidiaria de HMS Global Maritime Inc., una compañía global de manejo y operación marítima que comenzó como Hornblower Marine Service, en 1994, y que actualmente es el operador más grande de embarcaciones ferries de pasajeros de alta velocidad en los Estados Unidos y el primer operador, en los Estados Unidos, en operar embarcaciones bajo el modelo IMO High-Speed Craft Code”, reza el documento.

El Grupo Hornblower comunicó esta semana, además, que procederá a vender la línea de cruceros nocturnos American Queen Voyages. De no recibir ofertas, dicha compañía, con sede en San Francisco, cesará sus operaciones permanentemente.

La compañía matriz espera que, con la reestructuración de la deuda de sobre $1 billón, bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos, se reduzca la carga de deuda de la empresa en $720 millones.

En junio del año pasado, Metro reportó sobre esta APP. En aquel entonces, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas no respondió sobre las auditorías o fiscalización a este operador privado.



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Expertos en salud mental ofrecieron sugerencias ayer, en el podcast Con los Editores, a los líderes y candidatos políticos sobre cómo se debe atender la crisis de salud mental en la isla, comenzando por impulsar un enfoque comunitario para atender a los adultos mayores, hacerle frente a las aseguradoras para dar paso a mejores coberturas médicas, y habilitar salas de emergencia psiquiátricas para menores, entre otras.

Los profesionales de salud insistieron en la necesidad de política pública para impulsar la prevención y la educación en torno a los trastornos mentales, incluyendo los trastornos por el uso de sustancias controladas, así como la importancia de brindar apoyo a la niñez y la población de edad avanzada.

Esto como preludio al Townhall de Salud Mental en el que, el próximo jueves 29 de febrero a partir de las 8:00 p.m., los precandidatos a la gobernación dialogarán acerca de la crisis de salud mental en la isla y sus propuestas para atenderla.

“Nuestros líderes tienen que proyectarle, a la sociedad, la importancia que tiene la salud mental, al igual que la salud física. Muchas veces el estigma puede más y como que se ha normalizado ese rechazo a hablar de lo que afecta la salud mental”, expresó el doctor José González Guadarrama en el episodio del podcast.

Necesario promover la participación de los pacientes de salud mental en la sociedad

La doctora Vernice Hernández Gómez senaló a la importancia de la educación para erradicar el estigma que rodea a quienes padecen de trastornos mentales y así fomentar su participación en la sociedad, “entendiendo que todo ser humano puede tener alguna condición de salud mental y que eso no minimiza a lo que es el ente del ser humano”.

Sobre el rol de los pacientes de salud mental en el entorno social, González Guadarrama apuntó a la noción común de que estos deben permanecer institucionalizados. “Una de las cosas que pasa, que radica en el estigma, es que creemos que las personas que viven con trastornos mentales severos tienen que estar institucionalizadas, tienen que estar encerradas y que no pueden aportar a la sociedad”.

Sin embargo, el experto estableció que el enfoque gubernamental debería dirigirse a facilitar que dichas personas también puedan aportar a la sociedad.

“Que (los líderes políticos) nos puedan crear políticas públicas enfocadas más en el tratamiento, más en la recuperación de las personas que en la enfermedad, que en la patología”, dijo.

De igual forma, González Guadarrama señaló que implementar la salud mental comunitaria ayudaría a asistir a los adultos mayores, quienes, en muchas ocasiones, se encuentran solos.

“Tenemos que contrastar muchas veces la soledad. Vivir solo no significa que siento esa soledad. Así que, es el proceso de que vaya un profesional, que lo visite, que, si se toma sus medicamentos, si va a las citas, eso lo que hace es la prevención de recurrencias, de que estas personas no tengan que estar en hospitalización tras hospitalización ante alguna exacerbación de síntomas o alguna crisis”, explicó el profesional de la salud mental.

Imperativo entender los trastornos por uso de sustancias para hacerle frente a la crisis

Por su parte, el doctor Javier Cancel Guerra se mostró preocupado ante la crisis de opioides en la isla, y urgió que la misma sea una prioridad para el gobierno.

También, el experto resaltó que hay que educar a la población sobre que los pacientes que sufren de adicción padecen de una enfermedad a nivel cerebral, y que estos no recurren al consumo de sustancias controladas “sencillamente por una falta de fuerza de voluntad o que le gusta”.

“Es bien importante el continuar educando a las personas de que esto es una enfermedad que es crónica, es tratable, pero, si no le damos la prioridad, si no lo atendemos como es, va a ser mortal”, indicó.

Cancel Guerra, a su vez, comentó que los líderes políticos deben hacerle frente a las aseguradoras, pues “el problema está en que el paciente recibe un tratamiento que quizás, en ocasiones, no es el que necesita, sino el que hay o el que el plan médico le cubre”.

Crucial el apoyo y los servicios a la niñez

Hernández Goméz, experta en salud mental en la población de niños y adolescentes, informó que en los recientes años se ha reportado un incremento en el factor de salud mental a nivel de crisis aguda en los menores de edad.

“Antes no se veía lo que era la incidencia de suicidio entre menores de 7, 8, 9, 12 años. Ahora, sí, lo estamos viendo, lo estamos sufriendo. Las ideaciones suicidas han aumentado, los intentos suicidas han aumentado”, lamentó la doctora.

Debido a esta situación, Hernández Gómez apuntó a la carencia de clínicas de salud mental a nivel isla para referir a los pacientes menores de edad.

“Lamentablemente, en Puerto Rico, no existe una gama de clínicas de salud mental donde nosotros podamos referir a nuestros participantes. Nos tenemos que mover al área metro. Carecemos de salas de emergencia psiquiátricas para menores”, dijo.

En cuanto a el apoyo de psicólogos para la niñez y los adolescentes en los planteles escolares, la profesional de la salud indicó que no son suficientes pues, en ocasiones, dichas instituciones solamente cuentan con un psicólogo para una matrícula de 300 estudiantes.

La Fundación Osorio y Barreto, en conjunto con Metro Puerto Rico, invita a sintonizar el Townhall de Salud Mental el jueves, 29 de febrero, a las 8:00 p.m. a través de nuestras plataformas digitales.



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El jurado federal en el caso de corrupción de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano la encontró culpable por los 12 cargos que pesaban en su contra.

Además, el cuerpo de jurados federales, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, declaró culpable al esposo de la exlegisladora, Orlando Montes Rivera, igualmente en todos los cargos en su contra.

Los cargos que un Gran Jurado federal presentó en contra del matrimonio, en agosto de 2020, incluyen conspiración, robo de fondos federales, soborno y kickbacks (comisiones ilegales), fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero.

Charbonier Laureano enfrentaba además un cargo adicional— del cual se le encontró culpable— por obstrucción a la justicia, debido a que eliminó datos de su teléfono celular.

El jurado comenzó a deliberar hoy, viernes, a las 9:00 a.m., y emitió su veredicto a eso de las 2:00 p.m.

La vista de sentencia fue pautada para el 10 de abril del 2024 a las 10:00am.

Durante los once días del juicio, la fiscalía federal presentó su caso basado en que, mientras Charbonier Laureano ejercía como representante, infló el salario de su entonces secretaria, Frances Acevedo Ceballos, para que esta le enviara, al matrimonio, de $1,000 a $1,500 de cada cheque quincenal.

Según el pliego acusatorio, el 15 de julio de 2020, Charbonier Laureano se enteró de que se había obtenido una orden judicial para su celular, y procedió a borrar casi todos los mensajes de texto, registros de llamadas, y conversaciones en la aplicación de mensajería Whatsapp de su móvil.

El juicio en contra de la exrepresentante y su esposo, quienes fueron arrestados en julio de 2020, inició el pasado 11 de diciembre, y fue suspendido– para sorpresa de las partes– el martes 19 de diciembre, debido a una situación de salud de la jueza encargada del caso, Silvia Carreño Coll.

El pleito se reanudó el 8 de enero de 2024, y la vista judicial culminó ayer con las argumentaciones finales de la fiscalía federal y la defensa del matrimonio.

El pliego acusatorio incluyó al hijo de la exrepresentante, Orlando Montes-Charbonier, y a Acevedo Ceballos, quien protagonizó gran parte del juicio, a pesar de que no fue sentada en el banquillo a testificar.

En noviembre de 2023, Acevedo Ceballos se declaró culpable por el esquema de soborno, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.

Por su parte, Montes-Charbonier se acogerá a un proceso de desvío, o ‘pretrial diversion program’, el cual, de ser completado con éxito, resultará en la desestimación de los cargos inicialmente presentados.

El pasado miércoles, Carreño Coll recibió una petición de absolución perentoria por parte de la defensa, en la cual los abogados de Charbonier y Montes Rivera, Francisco Rebollo y Anita Hill, indicaron que el Ministerio Público presentó cargos que no eran compatibles con lo que estipula la ley federal, y solicitaron que los mismos se desestimaran.

Sin embargo, Carreño Coll determinó que los 12 cargos se sostenían.

Charbonier podría enfrentar hasta una sentencia máxima de 20 años en prisión por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos y por el cargo de obstrucción a la justicia que presentó un Gran Jurado federal en su contra.

El expresidente de la Asociación de Comerciantes de Viejo San Juan, Juan Fernández, criticó esta tarde, en entrevista con Radio Isla 1320, el horario de las Fiestas de la Calle San Sebastián, anunciado hoy, jueves, por el alcalde de la capital, Miguel Romero Lugo.

Con el cierre de tarimas siendo a las 11:00 p.m., el de los quioscos a las 12:00 a.m. y el de los negocios a la 1:00 a.m., el comerciante opinó que “es un desperdicio del potencial económico”.

“Lo mismo da molestar hasta las 11:00 p.m. que molestar hasta las 2:00 a.m. o las 3:00 a.m.”, argumentó Fernández.

Por su parte, Romero Lugo, en conferencia de prensa esta mañana, enfatizó que, desde su administración, “hemos establecido un amplio plan de trabajo para garantizar que las Fiestas de la Calle San Sebastián, en su edición 54, sean exitosas, en donde todos los asistentes puedan disfrutar al máximo de las fiestas en un ambiente seguro y familiar”.

Sin embargo, Fernández comentó, en la entrevista radial, que “tener toda esa masa de gente allá y cerrarlo todo a las 11:00 p.m. a mí me parece que es un desperdicio tanto económico, como del tiempo de la gente que pueda ir”.

Al ser cuestionado sobre si es realista que las personas que asistan a las SanSe se retiren de la actividad una vez cierren las tarimas, el comerciante dijo que “no es realista. Eso es algo que puede quedar muy bien para la tribuna para la cuestión mediática, pero no es la realidad”

En la pasada edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián, en 2023, los horarios establecidos fueron los mismos que se implantaron para esta edición. El año pasado, las SanSe regresaron tras dos años de ausencia por la pandemia del Covid-19.

Durante la edición de enero de 2020, bajo el mandato municipal de Carmen Yulín Cruz, el cierre de las tarimas y los negocios también contó con los mismos horarios que este año.

En 2023, las Fiestas de la SanSe contaron con la asistencia de unas 500,000 personas durante los cuatro días, y representaron un impacto económico de unos $60 millones.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, refutó hoy, jueves, haber revelado información privilegiada, luego de divulgar ayer los incrementos porcentuales en las ventas de dos locales que se opusieron al Código de Orden Público de la capital.

Esto tras las alegaciones que realizó, esta mañana, su contrincante a la alcaldía por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, a través de la red social X, asegurando que Romero Lugo reveló datos confidenciales de los contribuyentes “como represalia contra quienes levantaron su voz” en oposición a la ordenanza municipal.

El candidato del MVC compartió, además, el Artículo 7.247 del Código Municipal de Puerto Rico, establecido bajo la Ley 107 de 2020, que estipula las penalidades para un funcionario que divulgue información confidencial.

“Es información pública que puede ser utilizada. Lo que es privilegiado y lo que está prohibido es divulgar data en específico, papeles que se han radicado, y eso nunca se ha hecho”, estableció el primer mandatario municipal.

Romero Lugo ha asegurado en entrevistas con medios de circulación impresa en la isla, que las ventas del local Mono Stereo, en el Viejo San Juan, aumentaron en un 103.65% de noviembre de 2022 a noviembre de 2023. Además, el alcalde indicó que las ventas de Aguardiente Bar, en Santurce, subieron en más de 70%.

“Miguel Romero ha estado de ‘media tour’ divulgando información confidencial de los contribuyentes. El Código Municipal tipifica como delito este tipo de conducta”, lee la publicación de Natal Albelo.

Conforme al Código Municipal de Puerto Rico, es ilegal que cualquier funcionario o empleado de los municipios de la isla divulgue a cualquier persona, “en cualquier forma no provista por ley, el monto o fuente de ingresos, las entradas brutas o cualquier detalle de las mismas” expuestas o reveladas en cualquier declaración requerida por el propio estatuto.

Además, dicha ley tipifica como delito divulgar información suministrada por el secretario de Hacienda o cualquiera otra instrumentalidad del gobierno conteniendo cualquier resumen o detalles contenidos en las declaraciones requeridas por el Código, o que permita que estos sean vistos o examinados por persona alguna.

Romero Lugo especificó que la información sobre el aumento en ventas de los comercios la obtuvo de las planillas radicadas al municipio de San Juan.

“Lo que está prohibido es divulgar información que el contribuyente haya colocado en cifras específicas como, por ejemplo, cuál fue el número específico del volumen de sus ingresos, y eso no se ha hecho”, aclaró el alcalde de la capital.

“Las alegaciones sobre eso, que sé que salieron a través de las redes sociales, son de una persona que lo que se dedica es a criticar, a difamar y que no aporta absolutamente nada”, tronó Romero Lugo contra Natal Albelo.

El primer ejecutivo municipal enfatizó que lo que reveló fue que Aguardiente Bar, que reportó, ante el diario antes mencionado, una pérdida del 64% de sus ventas, “ha tenido el doble de los ingresos y fui enfático en decir: ‘no quiero entrar en números específicos, pero se los pueden pedir a ellos”.

Las declaraciones del alcalde ante la prensa respondieron a las oposiciones de múltiples comerciantes de San Juan al Código de Orden Público– implementado por el municipio hace dos meses– quienes aseguraron experimentar una disminución en ventas debido a las nuevas restricciones.

“Como alcalde, puedo corroborar y es mi responsabilidad asegurarme que la implementación de un asunto de política pública, como lo es el Código de Orden Público, que esté atento a que no perdamos ingresos. Por eso divulgué los aumentos de IVU del municipio de un mes a otro y fui específico en cuanto a eso”, sostuvo.

En cuanto a las acusaciones de su contrincante, Romero Lugo expresó que “esto es alguien tratando de desviar la atención de un asunto de un código que está funcionando, que, por primera vez en muchos años, estamos teniendo orden en San Juan y haciendo un esfuerzo genuino”.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) sometió ayer una moción, ante el Tribunal Federal de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, para que se declare no ha lugar la petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de cancelar el convenio colectivo del sindicato y de tomar control del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El presidente de la UTIER, Josué Mitjá, argumentó que la JSF incumplió con un requisito de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA), por sus siglas en inglés), que establece llevar a cabo gestiones de buena fe para negociar, con las uniones, las modificaciones necesarias para reestructurar la deuda.

“La Junta incumplió con su deber de negociar de buena fe con la UTIER para evitar el rechazo y llegar a un acuerdo. La intención de la Junta de Control Fiscal pretende hacer pagar a los trabajadores por años de mal manejo financiero de la AEE, que siguieron luego de la llegada de la propia Junta, con la intención deliberada de no pagar las aportaciones para quebrar el Sistema de Retiro por razones ideológicas”, explicó Mitjá en conferencia de prensa hoy, miércoles.

Además, los portavoces de los empleados de Energía Eléctrica recalcaron que, aún cuando su convenio incluye una cláusula sobre el Sistema de Retiro, este es una entidad jurídica aparte, por lo que rechazar el convenio no puede tener el efecto de eliminar el Sistema de Retiro para todos sus miembros.

“Ellos [la JSF] quieren eliminar el convenio por razón de que en el convenio hay una cláusula que se refiere a la existencia del Sistema de Retiro, y nosotros estamos diciendo que esa propuesta es de mala fe porque el Sistema de Retiro no depende del convenio. El Sistema de Retiro vive aparte”, dijo el licenciado Ronaldo Emmanuelli Jiménez.

“Estamos diciendo ‘hay mala fe porque la Junta quebró el Sistema de Retiro y pretende que los trabajadores paguen ahora por eso y en las negociaciones no cumplieron con los estándares de la ley y de la jurisprudencia que se tiene que dar en buena fe”, indicó el abogado.

Emmanuelli Jiménez aclaró que la petición de la JSF no es eliminar la UTIER, sino el convenio. “La UTIER seguiría siendo el representante exclusivo de todos los trabajadores que quedan en la Autoridad de Energía Eléctrica, pocos, pero que hay un número”, expresó.

Mitjá especificó que cerca de 3,000 personas fueron movilizadas, por lo que ya no son parte de la UTIER; colectivo que cuenta con unos 129 empleados al momento. No obstante, el Sistema de Retiro incluye a todos los empleados, independientemente de si forman parte de la Unión.

El Sistema de Retiro de Empleados de la AEE (“PREPA ERS”) confirmó que la agencia debe $1,296 millones en contribuciones patronales no pagadas desde 2016 hasta la fecha, más $5,679 millones adicionales en el futuro.

Tanto así, que, en abril de 2023, enviaron a los pensionados un “Aviso de Insolvencia” indicando que no podían pagarles sus pensiones a partir de mayo de 2023.

El líder sindical enfatizó que “fue la propia AEE quien llevó el Sistema de Retiro a la insolvencia al dejar de pagarle $1,300 millones en aportaciones, pero ahora la Junta [de Supervisión Fiscal] usa esa deuda como argumento para que se permita eliminar el convenio”.

Mitjá recordó que la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro presentó una propuesta más económica, que cubre los gastos del plan sin tener que aumentar la factura de la luz, pero sostuvo que esta fue ignorada.

“Somos testigos de cómo la Junta usa la quiebra del retiro, quiebra que ellos mismos propiciaron, como la excusa perfecta para dejar a miles de trabajadores sin su retiro con tal de pagarle a los bonistas buitres. Si el dinero que usaron para la privatización con LUMA y Genera lo hubiesen usado en el sistema de retiro, no estuviésemos hoy debatiendo este tema, pero al parecer, la intención política e ideológica de intentar destruir la UTIER, va por encima del bienestar del pueblo”, insistió.

El presidente gremial manifestó que la UTIER y demás sindicatos irán “hasta las últimas consecuencias” y no descartan organizar una “huelga del pueblo” para denunciar los atropellos del gobierno y la Junta.

Según se informó, este asunto se atenderá ante la jueza federal a cargo de la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, en la vista pautada para el 24 de enero de 2024.

“El 24 de enero la jueza va a celebrar una audiencia en Nueva York, donde se va a discutir todo lo que se está presentando aquí y ella resuelve. Pero eso va a ser una resolución dentro del caso de la quiebra”, aclaró Emmanuelli Jiménez.

Emplazan a Pierluisi Urrutia y le advierten que tendrá un “proceso primarista complicado”

Mitjá aprovechó la conferencia de prensa para emplazar al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para que detenga “el abuso” de la JSF.

“Lo único que ha hecho es esconderse detrás de la Junta [de Supervisión Fiscal] para aprobar todo lo que ellos proponen”, tronó el líder sindical contra el primer ejecutivo.

Además, Mitjá le advirtió, al gobernador, que, de no responder a sus peticiones, “va a tener un proceso primarista complicado porque nosotros no vamos a ceder ni a entregar ni un punto ni una coma de nuestro convenio colectivo”.

Ahymet Rivera Rodríguez, quien busca aspirar a la alcaldía de Lajas por el Partido Popular Democrático (PPD), presentó, esta semana, una apelación a la decisión de la Comisión Calificadora de Candidatos, luego de ser descalificado por supuestamente incumplir con la norma que prohíbe la aspiración de personas que hayan sido destituidas de cargos públicos mediante un proceso administrativo.

El apelante le explicó a Metro Puerto Rico que existe un proceso administrativo ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en su contra por aparentemente vender en 2019, durante horas de trabajo, una taquilla para una actividad política. No obstante, este asegura ser completamente inocente.

“Lo que yo tengo es un caso de discrimen, que nunca ha podido ser comprobado, del municipio contra mí”, expresó Rivera Rodríguez, al relatar que fue despedido, en 2021, de su puesto como director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias del Municipio de Lajas, antes de que el tribunal llegara a una decisión respecto al caso administrativo.

El querellado indicó que el caso ante la OEG continúa activo, y asegura que se encontraba de vacaciones durante la fecha en la que se alega vendió la taquilla.

Además, sostiene que su despido no es final y firme, pues, en septiembre de 2023, demandó al municipio de Lajas y a su alcalde, Jayson Martínez Maldonado, por discriminación política, acoso y daños por represalias.

En cuanto a su apelación ante la Junta de Gobierno del PPD, este estipuló que les pide “que no sean ellos lo que decidan ‘no corras’. Que sea el pueblo el que decida”.

La reunión de la Junta de Gobierno de la Pava, en la que se atenderá la apelación de Rivera Rodríguez, se supone fuera el jueves, pero tuvo que ser pospuesta para el próximo lunes, 8 de enero, por falta de quórum.

“Yo confío en la Junta de Gobierno, en que me permita correr a la alcaldía”, dijo Rivera Rodríguez.

Durante la reunión del próximo lunes, se espera atender, además, otras dos apelaciones de aspirantes políticos que fueron rechazados por la Comisión Calificadora: el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez; y el aspirante a la alcaldía de Quebradillas, Raday García Venegas.

Metro Puerto Rico intentó obtener una reacción por parte de los líderes del PPD, pero al cierre de esta edición no tuvo respuesta.

Ante las denuncias de portavoces tanto del Partido Popular Democrático (PPD), como del Partido Nuevo Progresista (PNP), asegurando que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) incurriría en fraude de optar por el pareo de fondos estatales para la campaña a la gobernación, el director de comunicaciones del MVC, Orlando Vélez, indicó que este mes la colectividad decidirá si accederá a dichos recursos.

Esta semana, el director de campaña del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Edwin Mundo Ríos, y el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, dijeron, en entrevistas con NotiUno 630 AM, que no descartan la posibilidad de demandar a la alianza del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el MVC, si los “candidatos de agua” acceden a los fondos públicos.

Referente a la determinación del MVC en cuanto al uso de dichos recursos, Vélez estableció, en entrevista con Metro Puerto Rico, que “no estamos considerando las amenazas del PPD o el PNP para esa decisión, sino lo más conveniente para el partido”, .

Los partidos políticos inscritos pueden optar por acogerse al fondo voluntario alterno, que tiene un tope de recaudos privados de $250,000 dólares, para un pareo estatal de $4 por cada dólar recaudado. La otra opción es el fondo especial de pareo, que permite a los partidos recaudar hasta $5 millones de dólares, y el gobierno iguala la cantidad recaudada.

La elegibilidad al Fondo Especial para Gastos de Campaña está condicionada a que el partido político inscrito tenga un candidato a la gobernación, por lo que figuras como el exgobernador, Alejandro García Padilla, alegaron que el “candidato de agua” al puesto ejecutivo del MVC se trata de una estrategia para acceder a dichos fondos.

“Aquí de lo único que se trata es del fondo electoral y de los empleados de la comisión, eso es todo. Es de los chavos para campaña y del fondo voluntario y los empleados de la Comisión (Estatal de Elecciones)”, sostuvo García Padilla esta mañana en una discusión con el periodista, Alex Delgado, y el representante novoprogresita, José “Pichy” Torres Zamora, en el programa radial “Sin Miedo” de NotiUno 630 AM.

En las pasadas elecciones, Victoria Ciudadana decidió no acogerse a ninguno de los fondos, “como parte de nuestra estrategia de tratar de hacer más con menos”, indicó Vélez.

“No es un fondo necesariamente que está ahí disponible. Hay que parearlo. Así que, hay otras cosas que tienen que pasar incluso antes de acceder a esos fondos, que están ahí por leyes que aprobaron el PNP y el PPD”, explicó el portavoz del MVC.

No obstante, Mundo indicó, que, de Victoria Ciudadana acceder al pareo de fondos, la colectividad podría incurrir en fraude, pues “pone su nombre en una papeleta, pero usted va a decir que voten por el otro. Usted está cometiendo un fraude porque usted no está usando un dinero para adelantar su candidatura, está utilizando el dinero para adelantar la candidatura de un tercero, y eso es un fraude”.

Mundo admitió que, si dicho partido no solicita el pareo de fondos estatales, “no cometen ese tipo de fraude”, mas insistió en que las candidaturas de agua son “un acto inmoral. Es como si yo jugara para Santurce, y metiera la bola en el canasto de Quebradillas”.

“No podemos darles dos fondos electorales”, añadió el director de campaña de Pierluisi Urrutia, refiriéndose a la posibilidad de que tanto el PIP, como el MVC opten por el pareo de fondos, mientras invitan a un voto mixto.

Por su parte, el presidente ejecutivo del PIP, Fernando Martín García, le informó, a Metro Puerto Rico, que las finanzas de su partido operarán igual que en las elecciones de 2020, para las que se acogieron al fondo voluntario alterno.

En adición, Martín García enfatizó que la campaña del PIP “no utilizará ni un solo centavo proveniente del Movimiento Victoria Ciudadana, ni Victoria Ciudadana obtendrá un solo centavo del Partido Independentista Puertorriqueño”.

“El que hable aquí de que en el Partido Independentista Puertorriqueño o en el tema de la alianza hay algo que tiene que ver con ventajería económica, o es un disparate o está hecho de mala fe”, puntualizó el presidente ejecutivo del PIP.

Tanto Martín García, como el excomisionado electoral del MVC y aspirante a un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes, Olvin Valentín, apuntaron a que las amenazas de posibles acciones legales por parte del PNP y el PPD son estrategias para atacar a la alianza.

“Yo como lo veo realmente es como un acto desesperado de tratar de obstaculizar lo que ellos ven como una amenaza inminente y real al bipartidismo”, expresó Valentín.

Ante la posibilidad de que el PPD y el PNP emprendan acciones legales en contra de los candidatos de agua de la alianza PIP-MVC, Martín García sostuvo que no duda que dichos partidos lleven el caso al tribunal.

“El PNP y el PPD nada les gustaría más que el boxeador del PIP y de la alianza no subiera al cuadrilátero porque les están temblando las rodillas”, dijo.

Al tiempo que el mundo permanecía paralizado, Zulgey Rivera Correa, de 44 años, practicaba el macramé desde la sala de su casa, mientras intentaba seguir videotutoriales que encontró en Internet.

Del mismo modo que a muchas otras personas, la cuarentena del 2020 la motivó a intentar algo nuevo para entretenerse y aprender; en fin, para salir de la monotonía.

Por esto, y a sugerencia de una amiga, la madre de dos jóvenes comenzó a practicar el macramé como pasatiempo; algo que, en un principio, no creyó poder dominar, pues desde temprana edad tuvo problemas con las habilidades motoras.

No obstante, Rivera Correa, educadora de profesión y trabajadora en la industria de comida por casi 15 años, decidió enfrentarse a un nuevo reto: el tejido hecho con nudos.

Tres años después, es la primera artesana puertorriqueña– certificada por la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés) y por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)– que tiene su propia línea de hilados, llamada Inspira, la cual estrenó el pasado 15 de diciembre.

“Inspira’ porque siempre, en mi corazón, está inspirar a los demás. Que no importa la limitación que tengas, no importa las cosas que pasen, las personas pueden lograr lo que se propongan”, explicó la ponceña desde su tienda de hilos ubicada en su ciudad natal.

Pero, antes de tener su propia tienda y línea de hilos, la empresaria inició vendiendo sus piezas de macramé en mesas, usualmente en bazares y en centros comerciales.

Poco a poco, la gente comenzaría a reconocer sus productos, particularmente los colgantes de pared que realizaba en forma de la bandera de Puerto Rico.

Sin embargo, cuando la artesana se percató de que el material que necesitaba para tejer sus piezas era muy costoso, se propuso montar su propio negocio.

“Yo puse como que el rompecabezas. Empecé a montarlo. Dije: ‘contra, pero si entonces yo puedo tener una tienda’. Había mucha gente que me decía: ‘pero, ¿tú no vendes material?’, y yo ‘ay, ¡no!’. Entonces, empecé a traerles unas ciertas poquitas cosas”, recordó la maestra sobre los inicios de su empresa.

Hoy en día, la tienda de Rivera Correa, llamada Macramé Inspira, no solo vende hilos para macramé y crochet, sino que cuenta con una amplia variedad de productos, como asas en acrílico, cuero vegano, bases para tejer, entre otros accesorios.

La educadora, quien se describe como sencilla, transparente y “fajona”, explicó que lo que distingue a Macramé Inspira de otras empresas es la exclusividad, debido a que importa marcas de hilos de Brasil, Polonia, Turquía, etc., que rara vez se encuentran al por mayor en otros locales de la isla.

Su marca de hilos, ofrece una variedad de fibras: algodón, braided (trenzada) y trapillo; todas provenientes del extranjero, pues son fabricadas en España y Polonia.

“Aquí tú no vas a ver nada igual a otras marcas porque yo lo que quiero es ser única. Que busquen la marca porque ese color no lo tiene esta otra marca”, comentó Rivera Correa respecto a su idea detrás de la elaboración de sus hilos.

Entre sus metas, está que la línea de hilados Inspira llegue a toda la isla, por lo que uno de sus objetivos es introducir la marca en tiendas por departamento.

– ¿Y qué la inspira?

“Yo misma. Yo quiero ser mejor que ayer. No es una lucha con nadie. Yo digo, es una lucha con uno mismo, a superarse uno mismo”, contestó la artesana.

En su andar, Rivera Correa ha demostrado que los hilos de la vida se pueden entrelazar con determinación y pasión para, un día, ver los sueños cumplirse.