Del CPI

La protección y restauración de las barreras naturales — como manglares, arrecifes de coral y dunas — son esenciales para proteger la vida humana, las  propiedades y todo lo que comprende los ecosistemas del litoral costero. El Gobierno de Puerto Rico ha reconocido la importancia de estas barreras naturales, por lo que ha aprobado legislación, asignado fondos y desarrollado programas para su protección. No obstante, ha fracasado en ejecutar una política pública eficaz, con planes de manejo coherentes que — consecuentemente — integren a las comunidades y que sean excepcionales las variaciones  o los cambios a los usos permitidos en estas áreas, en lugar de la norma, reveló la investigación Inefectiva la protección costera  del Centro de Periodismo Investigativo.

En medio de estas incongruencias, y muchas veces con asignaciones fiscales del Gobierno de Puerto Rico y el Gobierno de los Estados Unidos, organizaciones como la Corporación  para la Conservación del Estuario de la Bahía de San Juan, la Sociedad Ambiente Marino y la Fundación Surfrider trabajan proyectos que han resultado efectivos para mitigar la erosión, proteger los ecosistemas costeros y permitir a los residentes de este archipiélago el disfrute de sus recursos naturales. En estos tres vídeos muestran cómo lo hacen.

El mangle amortigua la actividad humana

La siembra de mangles es un proyecto de alta importancia ante los efectos del calentamiento global. No solo son una potente protección contra los embates de huracanes, también ayudan a reducir las inundaciones y son una fuente de enfriamiento a las comunidades cercanas. Mientras los bosques de mangle sufren por la tala humana, hay diversos proyectos en nuestro archipiélago para restaurarlos.

Vital la duna para la protección de vida y propiedad

Estas grandes acumulaciones de arena son una línea de defensa contra la fuerza del mar. Las comunidades han venido a su rescate ante su destrucción debido al uso de vehículos todo terreno, la extracción de arena, la deforestación y las construcciones en la Zona Marítimo Terrestre.

Restauran arrecifes para disminuir la energía de la ola

Las ramificaciones de los corales restaurados en varios lugares de la costa de Puerto Rico han demostrado tener un excelente patrón de supervivencia y crecimiento. Los arrecifes de coral reducen el nivel de penetración del mar hacia la infraestructura residencial y de  carreteras.

Luis Joel Méndez González es integrante de Report for America.

Esta historia del CPI se publica en Metro Puerto Rico gracias a una alianza. Puedes leer la nota original AQUí.



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Las olas suaves y azules de la playa Buyé en Cabo Rojo golpean los cimientos de más de una veintena de viviendas que se encuentran prácticamente sobre el Mar Caribe. Su ubicación en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) generó un pleito administrativo y judicial que, casi dos décadas después, no ve su fin.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), a pesar de tener la facultad de hacerlo, no ha desalojado ni obligado a eliminar estas estructuras que están en la ZMT, según los planos del último deslinde que se hizo de la playa, los cuales muestran dónde comienza la zona de dominio público.

Todavía, por inacción del DRNA, no se han ejecutado las órdenes que emitió esa misma agencia en mayo de 2015 en las que denegó las estructuras en la ZMT y ordenó el desalojo y la eliminación de las casas, que, en su mayoría son usadas para alquiler comercial y veraneo, y no como residencias primarias de sus dueños.

“La denegatoria determinó que las estructuras ubican en Zona Marítimo Terrestre (ZMT), que es un Área de Alto Valor Natural donde se protegen especies consideradas en peligro de extinción y que es una Reserva Natural para el disfrute de todos los ciudadanos de este País”, dice la Resolución del DRNA. “No existe necesidad pública ni privada para que sigan ocupando un espacio de alto interés público, un espacio de dominio público”, añade el documento.

En mayo de 2015, el DRNA concedió a los dueños seis meses para desalojar las estructuras y tres meses posteriores para su destrucción. Sin embargo, las casas están allí y algunas son usadas para el beneficio comercial de sus dueños que obtienen rentas por su alquiler. La agencia no contestó al CPI porqué ha demorado tanto en tomar acción sobre un área que definió como ecológicamente importante.

“Con relación a los procedimientos de desalojo y las investigaciones en curso, la Oficina de Asuntos Legales evalúa las mejores estrategias legales y las opciones disponibles”, expresó, Rafael González, director de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA en declaraciones escritas sobre el estatus de las resoluciones emitidas hace ocho años.

A Gloribel Albino Caraballo, quien frecuenta el área al ser comerciante ambulante de pinturas y grabados de madera, le extrañó que el Gobierno permitiera que las propiedades que sufrieron daños a raíz del huracán María fueran reparadas. Esperaba que, por el contrario, se hubiese aprovechado la coyuntura para impedir su reconstrucción.

“Ese impacto [humano] es mucho más grande que el del huracán María”, opinó Albino Caraballo.

La oceanógrafa Martiza Barreto Orta identificó que ciertos segmentos de playa Buyé, una de las preferidas por los puertorriqueños y los turistas, presentaron un episodio mayor de erosión costera después del huracán María a diferencia de años anteriores.

Este fenómeno, advirtió, podría redundar en que eventualmente desaparezcan ciertos segmentos de costa, especialmente ante la presencia de estructuras duras, como las propiedades en controversia.

El pedazo de playa sobre el que se encontraban estas estructuras desapareció y ahora se encuentran sobre el mar. La oceanógrafa destacó que la pérdida de arena en ciertos segmentos de playa cercanos a estas viviendas podría estar relacionada a la presencia de estas casas porque las estructuras duras pueden cambiar la dinámica de las olas y afectar zonas adyacentes.

El guía turístico Harvey John Ducot indicó que, tras el impacto del ciclón, observó que Buyé perdió aún más arena. Una pérdida que ya existía debido a las construcciones costeras que contribuyeron a la erosión del área.

Las construcciones en la ZMT están prohibidas porque, además del daño que causan al litoral, como en playa Buyé, son un aprovechamiento de un espacio que le pertenece a todo el público gratuitamente.

Sin embargo, la Secretaria del DRNA, mediante el Reglamento 4860 – aprobado en 1992 – puede otorgar unas concesiones que son un consentimiento escrito “para el aprovechamiento a largo plazo de bienes del dominio público marítimo terrestre que conlleva la instalación o uso de construcciones permanentes o irremovibles”.

Pero ninguna de las 24 estructuras en controversia en el litoral costero de Buyé tienen una concesión activa, según un listado provisto por el DRNA.

Al mes de octubre, solo había 85 concesiones otorgadas en Puerto Rico para muelles, villas pesqueras, paseos, y otras estructuras, muestra la lista. No obstante, el 68% de las concesiones en la lista expiró. Además, este número no coincide con la cantidad real de este tipo de estructuras que se observan en el archipiélago. Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicada en octubre de 2023 halló que solo en la isla municipio de Culebra había, al menos,167 muelles. La isla municipio no tiene ninguna concesión activa, según el listado del DRNA. La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, no respondió a la pregunta de cuál era su análisis sobre la discrepancia entre el número de concesiones y de estructuras irremovibles.

A través de la investigación para la serie Inefectiva la protección costera, el CPI halló que el Gobierno de Puerto Rico es incoherente en su política pública cuando, por un lado, emite órdenes protectoras del ambiente, como esta en Buyé, pero no se encarga ni de su ejecución, como tampoco de la fiscalización para evitar nuevas construcciones ilegales en el litoral costero, como ha pasado también en Isabela, Vega Baja y Arecibo.

Los casos revelados en la serie son solo una muestra que deja ver los retos de la adaptación del País ante la crisis climática y de la implementación del plan propuesto por el Gobierno a esos fines. La secretaria del DRNA no reaccionó al problema que genera la falta de liderato para la puesta en vigor de leyes, reglamentos y órdenes ambientales.

De hecho, el Estudio sobre la valorización de las playas de Puerto Rico, encomendado por el Programa de Manejo de la Zona Costanera del DRNA a la compañía Estudios Técnicos, coincidió en su informe publicado en septiembre de 2022 que “existe un amplio marco legal y reglamentario para la protección de este recurso [la playa], sin embargo, la implantación y fiscalización de las leyes y reglamentos no ha sido adecuada”. En el informe se recomienda la aprobación de una Ley de Costas.

En el 2008, el entonces secretario del DRNA, Javier Vélez Arocho, denegó las concesiones para uso y aprovechamiento de las estructuras en la playa Buyé que entre 2006 y 2008 solicitaron al menos 21 de los dueños de las 24 casas que formaban parte de la controversia inicialmente. La orden también incluyó la eliminación de las estructuras construidas ilegalmente. En el 2015, tras varios trámites administrativos y judiciales, la exsecretaria del DRNA, Carmen Guerrero, reafirmó la decisión de denegar las concesiones y eliminar las casas.

Los dueños de las estructuras se opusieron a esa decisión y por medio de recursos separados, cerca de una veintena de ellos acudieron en 2015 y 2016 al Tribunal de Apelaciones para que revisara la determinación del DRNA. No obstante, los recursos fueron desestimados.

Otro de los propietarios, Luis E. Del Toro Román, sometió por su cuenta una solicitud de revisión, pero el Tribunal de Apelaciones dijo el 8 de febrero de 2016 que no procedía porque acudió prematuramente al foro judicial. A su vez, el foro expresó que el DRNA estaba obligado a celebrar una vista para que se reconsidere la denegatoria de la concesión.

Ni el DRNA ni Toro Román, quien es abogado y se representó a sí mismo, contestaron al CPI si se solicitó y realizó esa vista administrativa.

La abogada Damaris Quiñones Vargas, quien representó a más de una quincena de propietarios, explicó que desde esa sentencia de febrero de 2016, el DRNA no ha celebrado ninguna vista administrativa para dilucidar la impugnación que hicieron sus clientes a la decisión de la agencia de no permitirles el aprovechamiento de la ZMT.

La agencia tampoco ha ejecutado los desalojos que ordenó en 2015 por lo que el caso ha estado en una especie de limbo. Las casas siguen allí y al menos tres operan como negocios de alquiler a corto plazo. Una de esas propiedades para alquiler está en remodelación sin los permisos de uso y de construcción necesarios, constató el CPI.

El abogado ambiental Miguel Sarriera Román señaló que las denegatorias a las solicitudes de concesión se encuentran activas. Sarriera Román representó a dos hospederías en Buyé y a dos ciudadanos particulares que, en 2005, iniciaron el pleito contra el DRNA por no actuar contra estas estructuras ubicadas en la ZMT.

Los propietarios de las estructuras alegaban que esas casas estaban allí antes que la erosión las sumergiera o acercara al mar por lo que tenían derecho a quedarse.

A juicio del abogado, en tanto el Tribunal de Apelaciones dijo en su sentencia que no era discrecional la celebración de una vista, el DRNA debe celebrarla para aquellos dueños de estructuras en Buyé que impugnaron la denegatoria. Una vez, celebradas las vistas y sostenidas las denegatorias a las concesiones de aprovechamiento de la ZMT, será entonces cuando las órdenes de desalojo y eliminación pueden ser declaradas finales y firmes.

De acuerdo con la oficial de prensa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Nathalia Colón Cosme, el área donde se ubican las estructuras no tiene sistema de alcantarillado sanitario. Por los pasados cuatro años, la playa Buyé ha tenido 14 notificaciones ambientales que la declaran no apta para bañistas por el Programa de Monitoría de Playas debido principalmente a los niveles de enterococos, que indican contaminación fecal.

El alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch, alegó que desconoce el conflicto legal que lleva casi una década entre el DRNA, el grupo de ciudadanos de Buyé y los propietarios de las estructuras en la Zona Marítimo Terrestre.

“Habría que ver las decisiones que toma Recursos Naturales porque hay unos derechos que han tenido [los dueños de las casas] por muchísimos años”, dijo Morales Wiscovitch cuando el CPI le explicó la controversia.

Cabo Rojo recibió 147,896 turistas del exterior en 2022, según estimados de Discover Puerto Rico. El turismo local y el de afuera hacen un uso intensivo de ese litoral costero.

A unos 20 minutos de Buyé, por la PR-102, se observa la construcción de nuevos edificios y remodelaciones a pocos metros del mar y también en propiedades abandonadas en Joyuda.

Esta comunidad es un destino gastronómico común para turistas locales y extranjeros, con restaurantes justo en el litoral costero. De hecho, es un área tan urbanizada y comercializada que el público tiene que caminar varios metros para encontrar algún acceso a un limitado pedazo de playa que, para mayores males, ha sido golpeada malamente por la erosión costera.

Hasta octubre de 2023, en esta área en donde abundan los restaurantes con terrazas y edificios con muelles, sólo tres estructuras tenían concesiones para estar en la ZMT, según el listado del DRNA.

El presidente del Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, Pedro Valle Carlo, denunció que las construcciones en la ZMT han dado paso a la pérdida de arena a lo largo de la costa de Joyuda.

“Es dramática la manera en la que se han eliminado las playas en la zona de Joyuda”, lamentó.

Según Valle Carlo, en la costa de Joyuda, existen decenas de viviendas abandonadas, como también hay nuevas construcciones de vivienda de lujo.

Pedro Valle Carlo

“Aquí te hacen mansiones a la orilla del mar y no pasa nada”, denunció el líder ambiental.

De acuerdo con el estudio del estado de las playas, también se identificó migración de línea de agua en el Condominio Joyuda Beach. Cabo Rojo es uno de los pueblos con mayor migración de línea de agua tierra adentro con 0.50 kilómetros después de María, según el estudio del estado de las playas.

La Ley 33 de 2019 destaca que la planificación, la infraestructura y los edificios en Puerto Rico tienen que ser más resilientes ante el cambio climático.

Para Carl Soderberg, integrante del Comité de Expertos y Asesores ante el Cambio Climático, no es posible determinar cuánto Puerto Rico ha avanzado hacia la resiliencia debido a que la reconstrucción tras el huracán María apenas comienza pasados seis años. “Hay que esperar a que se reconstruya lo que hay que reconstruir porque se supone que tanto el Gobierno de Puerto Rico como FEMA han dado instrucciones para que lo que se construya sea de manera resiliente”, advirtió el integrante de la CEACC.

Una investigación del CPI en 2022 reveló que un 65% de los permisos de construcción aprobados por la Oficina de Gerencia y de Permisos (OGPe) entre 2015 y 2021, fueron para alguno de los 44 municipios costeros. El CPI solicitó a la agencia la base de datos de permisos de construcción aprobados desde enero de 2021 al presente en los pueblos costeros, pero al cierre de esta edición no los habían entregado.

El director del Centro Aplicado de Ingeniería y de Ciencias Oceánicas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Miguel Canals Silander, opinó que el avance que se ha podido lograr hacia la resiliencia ha sido por la presión que han ejercido las comunidades costeras a las agencias gubernamentales ante un sistema de permisos que, como en el caso del condominio Sol y Playa en Rincón, ha otorgado permisos incorrectamente.

“Esto ha logrado que, por lo menos, algunas agencias tengan más cautela al emitir permisos en las zonas costeras”, expresó en referencia a las denuncias de grupos ambientales en casos como el de Sol y Playa.

El gobernador Pedro Pierluisi anunció la semana pasada una nueva versión del Single Business Portal, la plataforma utilizada para la gestión de permisos del Gobierno. Uno de los cambios es la validación automática y electrónica del permiso único, que será legitimado luego por un inspector, y del permiso de construcción, cuando haya cumplido con los endosos de las agencias pertinentes. Por el momento, este proceso se puede hacer en 20 municipios.

Luego de visitar las comunidades Buyé y Joyuda, en Cabo Rojo, otra de las paradas playeras más frecuentadas por turistas locales y extranjeros es La Parguera, en Lajas.

Esta comunidad alberga una de las pocas bahías bioluminiscentes en el mundo, y ha cobrado notoriedad por las denuncias de violaciones ambientales de parte de los propietarios de las casi 150 construcciones que han estado por décadas enclavadas a lo largo de su litoral costero, a pesar de planes y acuerdos gubernamentales para manejar esta situación.

Por ejemplo, el Plan de Manejo del Área de Planificación Especial del Suroeste–La Parguera dispone la eliminación de estructuras fijas a la orilla del mangle de la reserva natural, la protección de su vida silvestre, así como la prohibición de la ocupación ilegal de la ZMT. Este plan fue aprobado en 1995 tras un memorando de entendimiento entre el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE) y el Estado Libre Asociado acordado casi dos décadas antes, el cual también prohibía la aprobación de permisos para más construcciones.

En agosto de 2023 el DRNA presentó cuatro querellas contra propietarios de estructuras en la reserva natural de La Parguera por posibles violaciones ambientales. Una de esas querellas es contra Irma Llavona Rivera y José Del C. Vargas Cortés, suegros de la comisionada residente y aspirante primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jenniffer González, por presuntamente depositar relleno y cortar mangle rojo para construir un tablado y una terraza sin los permisos necesarios en una de las casas flotantes de la zona costera.

Estas querellas se suman a otras denuncias, no tan solo por construcciones en la reserva natural como las de los familiares de la Comisionada Residente, sino por los movimientos ilegales de corteza terrestre y por la muerte de manatíes ante la alta densidad de embarcaciones en épocas festivas.

La Parguera, según la lista del DRNA, tiene solo cuatro construcciones con concesiones vigentes otorgadas a octubre de 2023.

El oficial de prensa de la USACE para la región de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico, Luis A. Deyá, no respondió a preguntas del CPI sobre cuál ha sido el rol de la agencia federal en velar el cumplimiento del memorando de entendimiento con el gobierno local.

Dijo que la agencia federal está “al tanto” de lo que ocurre en La Parguera, pero que no comentaría sobre investigaciones en curso.

El exdirector del Programa de Manejo de la Zona Costanera del DRNA y coordinador del Comité de Cambio Climático, Ernesto Díaz Rodríguez, indicó que la agencia ha fallado en ejecutar las acciones remediativas disponibles para resolver controversias históricas como las de Buyé, así como otras comunidades costeras, como La Parguera, en Lajas, y Joyuda, en Cabo Rojo. Dijo que las funciones del programa que dirigía consistían en educar y desarrollar planes con los mejores datos disponibles.

“Hay una especie de laguna donde las acciones determinadas por los tribunales, las órdenes administrativas del Secretario de Recursos Naturales y los planes de manejo, fallan en su implementación”, reconoció.

De manera que la eficacia del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) — que está pendiente de ser aprobado por el Ejecutivo y el Legislativo — dependerá de que el Gobierno y el DRNA asignen los recursos para ejecutarlo, indicó Díaz Rodríguez. Actualmente, son mínimas o inexistentes las consecuencias para quienes violan leyes, órdenes judiciales y reglamentos ambientales, lo que presenta dudas sobre el cumplimiento del nuevo plan.

La codirectora de la organización ambiental Amigxs del Mar, Vanessa Uriarte, mencionó que la incapacidad del Gobierno en hacer cumplir regulaciones existentes hace décadas es “prueba fehaciente” de que lo mismo ocurrirá con el plan.

“El Gobierno como un todo tiene que transformar radicalmente su visión de progreso y desarrollo”, dijo. “Esta solo beneficia y sustenta a aquellos con poder económico y deja atrás a la mayoría del País. (…) Sólo este tipo de transformación logrará que, en primer lugar, se implementen los planes ya vigentes y se puedan hacer los ajustes necesarios para lograr resultados justos, y que prioricen la justicia ambiental y climática para Puerto Rico”.

El director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Enlace Latino de Acción Climática, Federico Cintrón Moscoso, denunció que los secretarios de gabinete tienden a retrasar el cumplimiento de las leyes y las órdenes judiciales existentes por la presión de personas que se benefician de la desregulación ambiental.

“Hemos visto un trato discriminatorio de parte del Gobierno en la aplicación de reglamentos y leyes. Las comunidades con mayor poder adquisitivo tienden a ser protegidas por el Estado con mayor frecuencia”, indicó Cintrón Moscoso. “Las personas más afluentes tienen, no solo acceso a quienes toman las decisiones, sino que además, tienen recursos para bloquear la aplicación de tales reglamentos o beneficiarse de excepciones a estos”, añadió.

Luis Joel Méndez González es integrante de Report for America.

El disfrute de la vista privilegiada al océano Atlántico que tenía la casa de Carmen Delia Serrano De Jesús en el barrio Islote en Arecibo terminó cuando el huracán María destruyó el techo de su hogar, que está ubicado en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

Era una posesión que la mujer de 71 años había mantenido por décadas, pero cuyo terreno se encuentra en un área de dominio público. Hoy día la vivienda está reparada, pero no es habitada por su dueña, quien fue obligada a abandonarla cuando el Departamento de la Familia (DF) asumió la custodia de la envejeciente. Luego de una estancia en un centro para personas envejecidas en Lares, Serrano De Jesús falleció en el Hospital Pavía en Arecibo el 29 de octubre de 2022.

Desde el 2017 Serrano De Jesús no tenía control de su propiedad. El médico que la atendía, Roberto Abreu Valentín, tomó posesión de su vivienda. Abreu Valentín es uno de cinco hermanos quien, como su madre Irma Valentín Serrano, administran negocios o han adquirido propiedades en el barrio Islote para convertirlas mayormente en negocios de alquiler a corto plazo.

Poco a poco, esta familia hizo suyas estructuras — muchas en desuso — ubicadas en la zona marítimo terrestre en Islote. Les han hecho reparaciones y construcciones, incluyendo terrazas y piscinas tan cercanas al mar que las olas golpean en ellas. Todo eso a la vista del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que tiene su cuartel a pasos de las residencias, y a pesar de que el gobernador Pedro Pierluisi firmó hace siete meses la Orden Ejecutiva 2023-09 que obliga al DRNA en colaboración con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura evaluar e implementar la remoción y demolición de estructuras abandonadas en la zona costanera.

El área donde la familia Abreu Valentín opera sus negocios de alquiler a corto plazo tiene la calificación de Ruta Escénica (RE), que busca mantener estos espacios libres de construcción, asegurando el disfrute visual y acceso público al mar.

“Se identificaron aproximadamente 55 propiedades que se encuentran demasiado adentradas en el mar, muchas de las cuales se encuentran abandonadas y algunas que pueden considerarse como estorbos públicos. La designación de estos segmentos con la calificación de RE ayudará a evitar la proliferación de estructuras en esta zona marítimo terrestre (ZMT), minimizando también los riesgos a la propiedad y vida por ubicar estructuras habitables tan cercanas al mar”, señala un memorial explicativo emitido por la Junta de Planificación y la Compañía de Turismo hace más de una década.

2023 11 02  ARECIBO    Tomas aereas del litoral costero en el area de Islote en Arecibo   .   Centro de Periodismo Investigativo   © Jorge A Ramirez Portela

El Municipio de Arecibo no ha contabilizado ni tomado posesión de las estructuras en desuso en el litoral costero de Arecibo como manda la orden ejecutiva del Gobernador, confirmó la administración municipal. Mientras, el Gobierno de Puerto Rico no ha detenido nuevas construcciones y reparaciones en una zona seriamente afectada por la erosión en la Zona de Interés Turístico (ZIT) de Arecibo.

Los vecinos de Islote han presentado ante el Cuerpo de Vigilantes al menos seis querellas contra la familia Abreu Valentín por descargas al mar, construcciones y rellenos en la ZMT. La familia también enfrenta litigios de parte de residentes de la comunidad por la forma en que se han obtenido algunas de estas propiedades.

Los Abreu Valentín integran la estructura directiva de al menos ocho corporaciones activas, según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. El CPI identificó al menos 22 propiedades en Arecibo a nombre de los Abreu Valentín o de sus corporaciones. La familia también operó varios negocios bajo corporaciones que ya fueron canceladas.

Irma Valentín y sus hijos, Ángel y Carlos Abreu Valentín, quienes operaban el Instituto Irma Valentín y el Mary Lao Institute, fueron acusados en el 2007 por conspiración para cometer fraude y quedarse con fondos del Departamento de Educación federal que debieron devolverle a estudiantes que se habían dado de baja de los institutos. Según la acusación, el dinero apropiado se usó para pagar préstamos personales, propiedades de bienes raíces y negocios no relacionados con las entidades educativas. En el 2011, los miembros de esta familia llegaron a un acuerdo y se declararon culpables por delitos menores y no se requirió encarcelación.

Desde septiembre de 2022, el DRNA les ordenó a Irma Valentín y a la corporación Construction and Health Integrated Services – que fue presidida por Ángel Abreu, pero hoy está cancelada – la demolición de una terraza de cemento que construyeron en la ZMT en un negocio de su propiedad llamado El Alcázar de Colón.

“La parte querellada [Irma Valentín], sin poseer concesión, permiso o autorización, emitida por el DRNA, posee, utiliza y aprovecha estructuras dentro de la zona marítimo terrestre y bienes de dominio público y ha desobedecido órdenes verbales y escritas de funcionarios de este Departamento, en múltiples ocasiones”, lee la resolución del DRNA del 2022.

2023 11 02  ARECIBO    Tomas aereas del litoral costero en el area de Islote en Arecibo   .   Centro de Periodismo Investigativo   © Jorge A Ramirez Portela

Transcurrido un año de la orden para demoler la estructura, Irma Valentín todavía no ha cumplido ni la agencia la ha hecho cumplir. El DRNA impuso también una multa de $10,000, que los imputados no han pagado, confirmó la agencia. Tampoco se ha cumplido con la orden de restaurar el área afectada por la construcción ilegal.

El DRNA también le solicitó en múltiples ocasiones remover todos los escombros que, como parte de la construcciones en el negocio, tiraron en la orilla del mar, pero, como no lo hicieron, las marejadas que trajo el huracán María en septiembre de 2017, se los llevó consigo, según confirmó el DRNA durante una inspección en 2018 y la misma Irma Valentín en una solicitud para que se le relevara de la orden.

Asimismo, el expediente del DRNA muestra que en varias ocasiones se le hicieron señalamientos de filtración de aguas sanitarias y deficiencias en la infraestructura del pozo séptico que está a dos o tres pasos del mar. El negocio sigue en operación.

El CPI le preguntó a Irma Valentín sobre las denuncias contra el negocio El Alcázar de Colón. Sin embargo, se rehusó a responder. Tampoco Roberto, Ángel ni Gladys Imar Abreu Valentín respondieron a las peticiones que se les hicieron a través de llamadas telefónicas para reaccionar a las imputaciones ambientales y de uso de propiedades. Igualmente, rechazaron los acercamientos hechos a través del abogado Jaime González, quien ha representado legalmente a Ángel en pleitos judiciales.

“Ella [Irma Valentín] tiene varias propiedades que está usurpando y construyendo ilegalmente sobre la piedra de la costa”, denunció Lauce Colón Pérez, activista ambiental y residente de Islote. “Ella [Irma Valentín] simplemente va, limpia la casa [en desuso], la arregla, le pone ventanas, le pone puertas, le pone seguro y ya ella es dueña de ese espacio”, añadió.

La organización Defendiendo La Cueva Del Indio-681 – cuyo portavoz es Colón Pérez – también presentó una querella ante el DRNA en 2022 contra la familia Abreu Valentín por sus construcciones en la ZMT de Islote. El CPI solicitó al DRNA acceso al expediente de la querella, sin embargo, la solicitud no se atendió.

Desde que Irma Valentín se mudó a Islote, Cristina Rivera Román, líder de la organización Vecinos al Rescate de Acceso y Senderos (VEREDAS), le ha presentado varias querellas ante el Cuerpo de Vigilantes y la Oficina de Gerencia y de Permisos, así como su antecesora la Administración de Reglamentos y Permisos, por construir verjas en la ZMT y obstruir accesos a la playa.

Entre 2018 a 2023, vecinos de Islote presentaron ante el DRNA al menos otras seis querellas por presuntas violaciones ambientales en las propiedades de esta familia, pero los vigilantes asignados solicitaron su archivo tras alegar que al pasar por el área no notaron ninguna de las actividades ilegales denunciadas.

La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega dijo al CPI que no todas las querellas que se presentan ante el Cuerpo de Vigilantes, como las de los vecinos de Islote contra la familia Abreu Valentín, tienen la evidencia y la información suficiente para que se tramiten administrativamente.

El CPI identificó al menos cinco alojamientos a corto plazo de la familia Abreu Valentín en Islote: Ventana al Atlántico Boutique Hotel at Arecibo 681 Ocean Drive, Casita del Mar Oceanfront Romantic Retreat, Toque al Atlántico, Casita Familiar con Vista al Mar y Piscina y Discovery Inn & Suites at 681 Ocean Drive. Al menos cuatro de estas estructuras están en la ZMT. El CPI no encontró titularidad para la mayoría ni en el Registro Inmobiliario Digital de Puerto Rico ni en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

La Compañía de Turismo de Puerto Rico tampoco proveyó el nombre de las propiedades de alquiler a corto plazo registradas, así como sus propietarios y direcciones físicas, para conocer la dimensión de este problema. Solo indicó que en sus registros hay 63 propiedades como alquiler a corto plazo en todo Arecibo. El 21 de noviembre el CPI demandó a la agencia para que entregue la información completa.

Según Colón Pérez, “no todas estas propiedades cuentan con un sistema de pozo muro o pozo séptico y tiran el agua [residual] al mar”. El CPI encontró comentarios en la página Bookings.com, utilizada para promocionar alquileres a corto plazo, en los que algunos huéspedes relataron que dos de estas estructuras descargan sus aguas residuales a la playa.

La oficial de prensa de la AAA, Nathalia Colón Cosmé, indicó que no existe alcantarillado sanitario desde el kilómetro 5.3 de la PR-681, por lo que los residentes deben tener pozo séptico. Aseguró que no le compete a la AAA corroborar que los clientes tengan un pozo séptico. Dijo que eso sería de la jurisdicción de la Agencia federal de Protección Ambiental, el DRNA y la Junta de Calidad Ambiental, que ahora está bajo el DRNA.

La manera en que el doctor Abreu Valentín tomó posesión de la casa de Serrano De Jesús, en Islote, no está clara, como tampoco están claras acciones similares de miembros de su familia quienes tienen o han tenido litigios civiles o querellas policiales por acciones comparables.

El médico aseguró en una vista judicial en Arecibo que Serrano De Jesús le cedió la propiedad luego de que, en 2017, la refirió al DF porque entendía que la mujer, quien vivía sola, no debía permanecer en la casa que se afectó por el huracán María. Como única presunta evidencia tiene un afidávit con fecha de abril de 2022 en la que no aparece por ninguna parte la firma de la dueña de la casa.

El documento con el que Roberto Abreu Valentín dice ser dueño del inmueble es una declaración jurada de él mismo en la que afirma que en el 2017 adquirió la propiedad inmueble de parte de Serrano De Jesús, según admitió el propio galeno en una vista judicial celebrada en diciembre de 2022 en Arecibo por un incidente que tuvo con un vecino cuando levantó una verja de cemento en el patio de la casa de Serrano De Jesús. La testigo que aparece en esa declaración jurada es Yelena Montalvo González, quien figura como incorporadora de varias entidades corporativas de la familia Abreu Valentín y ha servido de testigo a favor de la familia Abreu Valentín en otros pleitos judiciales.

Carmen De Jesús Serrano

En el Centro Judicial de Arecibo, el médico sostuvo que no pagó por la residencia, sino que invirtió en algunas reparaciones a la estructura. Dijo que conocía a la mujer porque en algún momento fue su paciente y tanto él como su hermano, Ángel Abreu Valentín, en ocasiones, le llevaban comida. El DF corroboró que Serrano De Jesús fue removida de su casa y trasladada a un hogar de envejecientes, pero rechazó proveer el nombre de la persona que inició la querella que dio paso a la remoción.

En la vista judicial, el médico dijo que hizo ese arreglo de traspaso de la casa con Serrano De Jesús alrededor de tres semanas después del azote del huracán María y que incluso se la llevó a vivir a uno de sus apartamentos. El CPI supo que para esa fecha miembros de la fiscalía de Arecibo trabajaron como voluntarios en la reparación provisional del techo de la casa y le donaron materiales.

Al menos dos fuentes del CPI que conocieron a Serrano De Jesús, pero quisieron permanecer en el anonimato, sostuvieron que el deseo de la mujer era salir del hogar de ancianos donde la recluyeron en Lares y retornar a su residencia en Arecibo.

Roberto Abreu Valentín no respondió a varias llamadas del CPI para escuchar su versión de la controversia.

Olga Román Rodríguez tiene 82 años de edad y también es residente de Islote.

Desde el 2021, cuando regresó a Puerto Rico luego de permanecer un año y medio en casa de su hijo en Estados Unidos por razón de salud, persiste en una lucha para dejar claro que la residencia donde vive hace décadas es suya.

Tras regresar a Puerto Rico para vender su casa, su tasador le informó que la parcela – que está en la zona costanera y colinda con la zona marítimo terrestre – no estaba registrada a su nombre en el CRIM, sino a nombre de Gladys Imar Abreu Valentín, hermana de Roberto y Ángel Abreu Valentín, y quien tenía una casa al lado suyo que operaba como Casita del Mar Oceanfront Retreat, un negocio de alquiler a corto plazo.

Esta noticia sorprendió a Román Rodríguez porque su vivienda había sido de su fenecido padre y le compró la participación de la herencia a su madrastra y a sus dos hermanas en 1991 por $6,000.

“En las escrituras que tengo sale a mi nombre”, dijo Román Rodríguez, quien mostró la escrituras al CPI.

En una ocasión, inclusive, mientras ampliaba su vivienda, Gladys Imar entró a advertirle que no le construyera “ni un cuarto más”. Este proceder alarmó a Román Rodríguez porque la casa, por dos generaciones, ha sido de su familia.

Cuando Román Rodríguez presentó los hallazgos del tasador en la Oficina Regional del CRIM, en Arecibo, le recomendaron que solicitara un expediente de dominio de la propiedad, que es una acción judicial que busca declarar a una persona dueña oficialmente de la propiedad. Román Rodríguez contrató servicios legales para iniciar ese proceso.

El director auxiliar de Servicios Operacionales del CRIM, Edwin Joel Hernández, explicó que en esta parcela hay dos estructuras distintas – la de Olga y la de Gladys Imar –, pero no existe un plano de propiedad para asignarles números de catastro por separado. La parcela no está segregada para fines contributivos y solo aparece Gladys Imar como dueña.

Hernández dijo que Gladys Imar Abreu presentó una solicitud de cambio de dueño ante el CRIM en 2016 para registrar a su nombre la propiedad. Le asignaron un catastro preliminar en el que, para fines contributivos, figura ella como la dueña de la parcela completa en la que está su negocio de alquiler a corto plazo, la casa de Román Rodríguez y una iglesia colindante.

“Nosotros dependemos del contribuyente para que actualice la información”, destacó Hernández.

Según Hernández, la controversia sobre quién es la dueña de la propiedad para propósitos del CRIM se resuelve por medio de un plano de propiedad para entonces proceder a la segregación del terreno para fines contributivos. Abreu no ha presentado ningún plano y Román Rodríguez busca aclarar que es dueña de su casa por medio del expediente de dominio por recomendación de la oficina del CRIM en Arecibo.

De acuerdo con la solicitud de cambio de dueño que hizo Gladys Imar, la casa en la que opera el negocio Casita del Mar Oceanfront Retreat la obtuvo mediante usufructo con José Corchado Velázquez, incorporador de AVINPRO, una corporación de la que su madre, Irma Valentín, es presidenta. En el CRIM no hay datos de quién vendió la propiedad a AVINPRO.

El CPI contactó a Gladys Imar para conocer su versión sobre las denuncias, sin embargo, tan pronto respondió enganchó la llamada.

Esta no es la primera vez que un integrante de la familia Abreu Valentín está involucrado en una controversia sobre titularidad de inmuebles. El 22 de septiembre de 2021, Miyanil Hernández Meléndez tuvo que acudir al tribunal en una demanda para lograr que Gladys Yamir Abreu Valentín, otra hija de Irma Valentín, desocupara una casa de su propiedad que la mujer invadió.

Aunque Hernández Meléndez tenía la escritura de la casa y estaba al día en los pagos de la hipoteca, un día observó que alguien limpiaba y pintaba su residencia en desuso en el barrio Tierras Nuevas Saliente, en Manatí. Según se desprende del expediente judicial, Gladys Yamir Abreu se negó a cesar de entrar a la propiedad y le porfió a Hernández Meléndez que estaba en proceso de adquirir la casa. A pocos kilómetros de allí, Gladys Yamir Abreu Valentín administra Manatí World Point Inn, una propiedad que alquila a corto plazo.

La empresaria le envió mensajes de texto a Hernández Meléndez, que fueron presentados como evidencia en el tribunal, en los que decía que esa propiedad era un escombro y que se la devolvería si le pagaba lo invertido por ella.

El 4 de noviembre de 2021 la jueza superior María A. González Cardona falló a favor de Hernández Meléndez y ordenó a Gladys Yamir Abreu a salir de la propiedad.

Gladys Yamir Abreu describió la ocupación de propiedades como un negocio para su familia en el cual se limpian aparentes estorbos públicos, y si no aparecen los dueños, las hacen suyas.

“Por eso nosotros tenemos éxito”, puntualizó.

El mecánico Carlos William Olmo Maldonado también lleva un pleito similar contra otro miembro de la familia Abreu Valentín. El arecibeño — que por razones de trabajo reside en Connecticut — viajó a Puerto Rico, en 2022, para reparar daños en una propiedad que alega es suya y que se afectó con el huracán María. La pertenencia de esa propiedad la defiende en el Tribunal.

Barrio Islote, Arecibo

En la demanda señala que mientras pintaba la casa, que está prácticamente destruida, y recogía los alrededores junto a sus dos hijos, una persona se le acercó para advertirle que estaba a cargo de la residencia por orden de su propietario, Ángel Abreu Valentín.

Olmo Maldonado no podía creer lo que escuchaba porque alega que hace más de dos décadas que sus familiares le donaron la vivienda tras el deceso de su abuelo en la década del 90.

Afirma, en la demanda, que su familia ha tenido posesión del inmueble, ubicado en la ZMT, durante años. Según la demanda Olmo Maldonado vivió y arrendó la propiedad por años sin que nadie le cuestionara que era su dueño.

En cambio, Ángel Abreu Valentín sostiene que dos primos de Olmo Maldonado — quienes viven fuera de Puerto Rico — le vendieron la propiedad y que es poseedor de una escritura de compraventa. En 2022, Olmo Maldonado demandó a Ángel Abreu Valentín para aclarar el dominio de la propiedad. El caso aún se dilucida en la corte y aunque Abreu Valentín solicitó la desestimación alegando que la reclamación de Olmo no requería un remedio, el juez Santiago Cordero Osorio no le dio paso y señaló una vista para el 10 de enero.

“Además de los requisitos y faltas notariales de que adolece la referida escritura, esta parte entiende y alega que la misma es insuficiente como cuestión de derecho para trasladar el dominio y para derrotar el carácter de dueño de la parte demandante, Carlos William Olmo Maldonado, quien ha poseído desde 1995 en carácter de dueño, quieta, pública y pacíficamente hasta la fecha en que se intenta interrumpir su posesión con un acto ilegal de mala fe, consumado con la referida escritura”, lee la demanda.

Scott William Teuber presentó una querella en 2023 ante la Policía contra Ángel Abreu Valentín por presuntamente destruir y saquear su propiedad y su vehículo.

Teuber no visitaba Puerto Rico hace más de tres años cuando lo llamaron para informarle que Ángel Abreu Valentín había tomado control de su propiedad. Supuestamente había destruido y vaciado la casa que desde hace 11 años era de él y de su fallecida pareja: tiró sus cuadros, sus enseres domésticos y hasta la cenizas de la difunta desaparecieron, según alega.

Narró que, cuando viajó a la isla para presentar la querella ante las autoridades, abrió su casa y encontró escombros en todas partes. La pintura se había desprendido de las paredes por trabajos de construcción en su propiedad sin su autorización. El automóvil tampoco estaba en la marquesina.

A pesar de que los propios agentes policiales observaron a Ángel Abreu conducir el vehículo de Teuber, según se desprende del informe de incidentes de la Policía, ninguno de los cargos en su contra por hurto de auto, allanamiento o escalamiento de morada y conducir un vehículo hurtado prosperó.

“El juez no tan solo decidió que no había evidencia para acusarlo por robar el carro, sino por guiar un carro hurtado, aún cuando ocho agentes de la policía lo observaron mientras lo conducía”, lamentó William Teuber. “Luego el fiscal decidió que no iban a seguir adelante para procesarlo”.

Teuber adelantó que demandará a Ángel Abreu por daños a su propiedad y a su vehículo.

Scott William Teuber

Ángel Abreu también fue demandado en el 2019 por haber dividido para alquiler a corto plazo un apartamento que rentaba en la calle Hoare, en Miramar.

“[Ángel Abreu] dividió el apartamento del segundo piso en pequeños apartamentos y los renta bajo el sistema de Airbnb, cuya promoción aparece con el nombre de “MIRAMAR VILLAGE LODGE HOTEL BOUTIQUE” ubicado en la Calle Hoare”, señala la demanda. “Cobrando una renta de $179.00 por noche, actualmente administra cuatro (4) apartamentos, sin ser heredero, y no tenemos conocimiento de por qué razón los administra, ni quién le otorgó permiso alguno para eso”, añade la demanda.

En su contestación a la demanda, Ángel Abreu aceptó que mantenía una actividad comercial en el apartamento que alquiló, pero alegó que era de conocimiento del encargado del edificio quien no había presentado reparos. La demanda fue retirada, en 2021, a petición de los demandantes.

Ángel, Gladys Imar y Gladys Nally Abreu Valentín enfrentan, además, una demanda que presentó el Consejo de Titulares del Condominio Oceanía Apartments, también en el barrio Islote, contra ellos y otros propietarios por alquilar sus apartamentos a corto plazo cuando el reglamento alegadamente “prohíbe los alquileres de las unidades de apartamentos por un término menor de seis meses”.

Hace nueve meses, el alcalde Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, se reunió con la comunidad del barrio Islote para escuchar sus inquietudes. Rivera Román se presentó para denunciar múltiples pleitos de obstrucción de accesos públicos a la playa, de los que, según ha documentado, Roberto Abreu e Irma Valentín también han sido parte.

El alcalde de Arecibo la refirió a Leslie Orama Ríos, entonces directora de la Oficina de Planificación, Ordenación Territorial y Desarrollo Económico de Arecibo, sobre el asunto de los accesos públicos a la playa. Sin embargo, la planificadora nunca atendió la preocupación de la líder de VEREDAS, según dijo Rivera Román al CPI.

Génesis Valentín, en representación de la Oficina de Planificación de Arecibo, explicó al CPI que el municipio no puede actuar ante las denuncias de los residentes de Islote contra la familia Abreu Valentín mientras no reciban una querella formal.

“Hemos obtenido señalamientos de los residentes de la zona en cuanto a esto, pero formalmente no ha llegado ninguna querella o ningún ciudadano quejándose”, indicó Valentín.

“Yo conozco personalmente, fuera del trabajo, muchos de los casos porque me paso pendiente a estas disputas de la zona marítimo terrestre”, reconoció.

Vanessa Colón Almenas colaboró en este reportaje.

Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puedes leer la historia original aquí.