Esta historia es la segunda parte de la serieLa diáspora invisible: boricuas en cárceles de Estados Unidos” del CPI.

Para Samuel Serrano ir a la cárcel es como desaparecer. Y sabe, por experiencia, que muchos se quedan adentro. Es puertorriqueño, dueño de un taller de mecánica en Filadelfia, Pensilvania, el estado con la mayor cantidad de personas nacidas en Puerto Rico cumpliendo sentencias en cárceles estatales.

Hay 788 personas que nacieron en Puerto Rico y están sentenciadas a pasar el resto de su vida en prisión solo en los seis estados con más población puertorriqueña, Florida, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut, según datos de entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

En Estados Unidos había 1.2 millones de personas encarceladas para finales de 2021. Una de cada siete está sentenciada a cadena perpetua, más de 200,000 en total, según The Sentencing Project, organización sin fines de lucro que investiga el discrimen racial en el sistema penal estadounidense.

Pensilvania es el tercer estado con mayor población boricua en Estados Unidos. Pero tiene más puertorriqueños encarcelados y sentenciados a cadena perpetua que Florida, el estado con la mayor población puertorriqueña.

“Las sentencias de Pensilvania son excepcionalmente agresivas cuando se comparan con otros estados… Pensilvania tiene el segundo número más alto de personas sentenciadas a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional en Estados Unidos”, dijo Andrea Lindsay, directora de Iniciativas Estratégicas en la Philadelphia Lawyers for Social Equity, organización que ofrece servicios legales gratuitos a personas de bajos ingresos que tienen récord criminal.

A Serrano le tomó una fuga y dos encarcelamientos que en conjunto le quitaron casi una década de libertad, pero salió. Volvió a aparecer en el mismo barrio de donde se lo llevaron: Kensington, al norte de Filadelfia, la ciudad más grande de Pensilvania.

Ya han pasado 26 años desde que Serrano cumplió su última sentencia. Y ahora, una mañana de comienzos de verano, Serrano atiende a una clienta en su taller de mecánica, eñangotao con una linterna alumbrando debajo de un carro, al tiempo que se fuma un cigarrillo. Al terminar, se mete en una oficina que tiene en el mismo taller y se sienta detrás de un escritorio. Cuando recuerda algo, mira hacia arriba y se cruza las manos sobre el pecho. Si menciona una calle, señala al aire como indicando su dirección.

“La mayoría de los muchachos que se pasan acá en la calle con nosotros, desaparecen. Y cuando uno cae preso, se encuentra con ellos allá adentro”, dice. Habla en presente. Pero se refiere a cuando trabajaba en las calles de Filadelfia a finales de los ‘80 y la década del ‘90.

“Cuando trabajaba, no, cuando joseaba”, se corrige. “Allí en la 5th y Glenwood, con Los Hernández, una organización bien grande de drogas”.

Las calles 5th y Glenwood hacen esquina en Fairhill, un barrio puertorriqueño del área norte de Filadelfia. Allí hay una bodega que se llama “La Familia Latina”. Y casi al lado un edificio de ladrillo aparatoso: una fábrica abandonada al borde de una vía de tren, vestigio de una era industrial desvanecida. El taller de mecánica de Serrano queda a media hora de esa esquina, en Kensington, otro barrio predominantemente boricua en esta sección de la ciudad conocida como North Philly.

“Yo soy nacido y criado aquí en Philly. La mai mía es de San Lorenzo y el pai mío es de Ponce, de Puerto Rico”, dice Serrano en español con algo de acento. Suena el teléfono y para contestar cambia a inglés: “What ‘s up brother? I am good…” El papá trabajaba para el Departamento de Sanidad de la ciudad y la madre trabajaba en el hogar. Emigraron desde Puerto Rico cuando tenían 20 años de edad, en la década de 1970.

Los muchachos que desaparecían de las calles y que Serrano volvía a ver cuando caía preso eran también puertorriqueños de esta zona densa de la ciudad, en donde hay jardines con estatuas de la Virgen María, flanqueada por banderas puertorriqueñas y grandes bocinas que retumban con salsa.

Sin derecho a libertad condicional

Las principales causas de encarcelamiento entre los puertorriqueños en Estados Unidos son el narcotráfico y el asesinato en primer grado.

De los 274 puertorriqueños que están sentenciados a pasar el resto de su vida en la cárcel en Pensilvania, 199 fueron sentenciados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional (life without parole), encontró el CPI. Y otros 75 tienen condenas de 50 años o más, algo que es catalogado como “sentencia virtualmente de por vida” por The Sentencing Project.

Entre los puertorriqueños sentenciados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional en Pensilvania, 192 fueron acusados de asesinato en primer grado, que es cuando se considera que la muerte de la víctima fue intencional. Y 34 fueron acusados de asesinato en segundo grado, que es cuado se considera que la muerte de la víctima no fue intencional. Pensilvania impone cadena perpetua obligada a los acusados de asesinato en segundo grado, que incluye a personas que no participaron directamente en la muerte de la víctima.

En 2021, Lindsay publicó un estudio sobre la población sentenciada a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional, por asesinato en segundo grado en Pensilvania. Y reveló que el 73.3 % de esa población penal tenía 25 años o menos al momento de ser acusados. Además, cuatro de cada cinco eran “personas de color”, un término que en Estados Unidos se usa para englobar a toda una gama diversa de personas “no blancas”; y siete de cada 10 se identificaron como personas negras.

“Publicar estos datos es una oportunidad para pensar sobre de qué estamos hablando y de quiénes estamos hablando con estas sentencias”, dijo Lindsay en entrevista con el CPI.

Hay personas nacidas en casi todos los municipios de Puerto Rico encarceladas en Pensilvania. Algunos nombres de los pueblos de nacimiento son anotados por el Departamento de Corrección de Pensilvania con errores, como Myia West, para Mayagüez, Aponito para Aibonito, Luguillo para Luquillo, Ballamon para Bayamón, Mega Baja para Vega Baja y San Sevassta para San Sebastián.

Entre los 1,431 boricuas encarcelados en Pensilvania, 60 anotaron que su lugar legal de residencia era Puerto Rico. Los demás reportaron a Pensilvania como el lugar de residencia. Pero también hay boricuas nacidos en Puerto Rico residentes de los estados de Delaware, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Florida, Ohio, Kansas, California, Carolina del Norte, Rhode Island, Tennessee y Texas, cumpliendo sentencias en Pensilvania.

En los documentos que entregó el Departamento de Corrección de Pensilvania al CPI, los sentenciados tienen fechas de entrada y salida. En el caso de los sentenciados a pasar el resto de su vida en la cárcel, el encasillado de fecha de salida aparece en blanco. Otros tienen fechas de salida, como el 16 de enero del año 2172.

“Nosotros [en la cárcel] nos pasamos matando el tiempo, como quien dice, jugando baloncesto, handball, pelota. Todo el mundo se lleva bien”, dice Serrano. De nuevo habla en presente, como si no hubiera salido de allí. La pared que tiene a sus espaldas está llena de certificados, licencias y permisos enmarcados, junto a fotos de su esposa y dos hijos, uno de dos y otro de tres años. Afuera de la oficina se escucha el ruido metálico del taller, en donde trabajan dos empleados, también puertorriqueños.

“Aunque, siempre hay problemas, tú me entiendes”, sigue Serrano.

“Porque hay muchas gangas en la federal y en la estatal también. En todas las prisiones que uno va están los AB o Aryan Brotherhood [una organización neo nazi], están los mexicanos, los Latin Kings de Nueva York están ahí, siempre se encuentra uno que tenga problemas. Algunos boricuas pertenecen a los Latin Kings, pero no todo el mundo. La mayoría se pasan solos y solo quieren hacer su tiempo para irse pa’ su casa. Pero hay mucha gente ‘haciendo vida’, yo me encontré a muchos boricuas que están de por vida”, dice Serrano — quien acaba de cumplir 53 años de edad — bajando la voz, reflexivo, mirando hacia el techo.

Las primeras desapariciones de Serrano

Serrano desapareció de las calles de North Philly, por primera vez, en 1986, cuando el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan y estaba en vigor la política de “Ley y Orden”. Durante ese año estuvo recluido en un centro de detención juvenil, en unas cabañas rodeadas por árboles en un área semi rural de Pensilvania. Él le dice “la escuela”, porque allí daban clases y talleres. Si cumplía con las tareas y se portaba bien, ganaba puntos que se convertían en permisos para visitar a su familia los fines de semana. También le daban un estipendio semanal. Oficialmente se llamaba Sleighton Farm School y se fundó con la misión de “reeducar a jóvenes en riesgo, la mayoría provenientes de hogares inestables”.

Con las salidas, Serrano se fue memorizando el camino. El estipendio, lo fue guardando. Pasó un año y medio hasta que una noche, junto con dos amigos, abrieron una puerta, después otra: salieron a un paisaje oscuro y yerboso. Caminaron, cuenta Serrano, “por las propiedades de los blancos de allá, de los americanos”, patios verdes con grandes casas blancas de madera. Iban en dirección a la única estación de tren por donde podían escapar.

Pero allí les esperaban los guardias del centro de detención.

La única opción que les quedó fue correr por las vías. Corrieron, llegaron a otra estación. Y esperaron hasta que llegó el tren de la línea Market Frankfurt, el “L”, en dirección a Kensington, Filadelfia. Después los guardias buscaron a Serrano, “por todas partes”. Fueron varias veces a casa de su madre. Pero él vivía en la calle desde los 13 años. Cuando eso tenía 16, y nunca lo encontraron.

“Yo era malo, yo vendía drogas, fumaba, joven… Yo me metía crack, heroína, cocaína, yo me metía de to’. Y la mamá mía no podía aguantar conmigo así que me tiró pa’ fuera”.

La diáspora boricua de Filadelfia se asentó en Kensington y Fairhill, al norte de Filadelfia, después de que fuera desplazada por el racismo y la gentrificación del barrio Spring Garden, durante el punto más álgido de la desindustrialización, a finales de la década de 1970. Cuando llegaron al norte de Filadelfia “eran literalmente refugiados de ese otro barrio y simultáneamente se encuentran con la otra gran migración por pobreza que viene de Puerto Rico”, cuenta el antropólogo Philippe Bourgois, profesor en la Universidad de California en Los Ángeles, en entrevista con el CPI.

Al no haber empleos en esa parte de la ciudad, devastada por la austeridad del gobierno y el cierre de fábricas, gran parte de la diáspora boricua se integró al “mercado global de narcóticos” que vino a suplantar el vacío económico de la zona, explica Bourgois.

Entre los barrios de Kensington y Fairhill, en donde se concentra la diáspora boricua de Filadelfia, opera uno de los mercados de droga más grandes de la costa este, y los índices de pobreza y de encarcelamiento son los más altos de toda la ciudad.

La fracasada guerra contra las drogas de Reagan seguía activa en 1988. Ese año, la ciudad de Filadelfia se encaminaba a romper su récord de asesinatos. Para el final del año serían 400. Una mañana, a eso de las seis, una decena de patrullas rodeó un bloque de Kensington. Arrestaron a alrededor de 15 personas. Una de ellas era Serrano. Tenía 18, ya era adulto, así que tendría que cumplir tres años en la cárcel estatal.

“Mi compañero de celda en la estatal era un muchacho que yo conocía desde que yo tenía 10 años, de Hunting Park [otro barrio del norte de Filadelfia]. Un boricua de esos de calle de verdad. Estaba haciendo diez años. Ahora está tranquilo remodelando casas. En cualquier cárcel que vayas vas a conocer a alguien de la calle”, dice Serrano.

El año en que Serrano fue a la cárcel, el ‘88, fueron encarcelados otros ocho puertorriqueños que siguen encarcelados en Pensilvania. Siete están sentenciados a cadena perpetua, todos por asesinato en primer grado, y uno a salir en 2036, por violación.

Esto no significa que fueron los únicos puertorriqueños que encarcelaron ese año. Porque los que ya cumplieron sus sentencias, no aparecen en las listas que entregaron al CPI los departamentos de corrección de los seis estados con más puertorriqueños.

Si Serrano estuviese todavía en la cárcel, no aparecería en esa lista tampoco. Porque solo contaron a los nacidos en Puerto Rico, el resto, los puertorriqueños nacidos en Estados Unidos como Serrano, quedaron invisibilizados entre las categorías de White, Black o Hispanic, términos amplios y ambiguos que han invisibilizado a los boricuas y el origen nacional de la gente latina desde siempre.

Las segunda y última desaparición de Serrano

Serrano salió de la cárcel estatal en 1992. Volvió a lo de antes, al mismo barrio de su natal Filadelfia, pero a una esquina distinta. Antes era la de las calles Hancock y Dauphin, o 5th y Glenwood. Cada detención de Serrano tiene puntos cardinales y fechas que marcan un mapa — territorial y temporal — que es muy personal, pero a la vez compartido por toda una comunidad.

“Prácticamente todos los ‘administradores’ y los ‘joseadores’ que hacían ventas [de droga] al por menor de mano a mano, en el turno regular de seis a 12 horas en el enclave espacial de este nicho económico que estudiamos, fueron arrestados, frecuentemente múltiples veces. La policía se guía por un perfil racial que consiste de la fórmula: ‘blanco [white] = cliente / puertorriqueño = vendedor’. Y durante las frecuentes redadas de la policía, el objetivo eran los vendedores directos y sus clientes”, cuenta Bourgois y un grupo de antropólogos que realizó una larga investigación de campo en el norte de Filadelfia. El resultado fue el artículo “La violencia del sueño americano, al interior de la ciudad segregada y el mercado de narcóticos de la diáspora colonial puertorriqueña”, publicado en 2021 en el libro Cocaine: From Coca Fields to the Streets.

La nueva esquina de Serrano después de salir de la cárcel era la de las calles Lawrence e Indiana, en Fairhill. Estaba vendiendo de nuevo, pero esta vez “en grande”, dice, no con orgullo sino como algo fáctico que no puede minimizar. Entre sus clientes tenía uno fiel: otro puertorriqueño como él que por alrededor de cinco meses le estuvo comprando drogas. Y como buen compatriota, se sentaba con él a tomar en una barra.

Un día alguien le dijo a Serrano, “yo a ese tipo lo he visto, lo vi una vez cuando yo estaba en la federal”. Resultó que el compatriota era un agente federal encubierto. Rápidamente Serrano se mudó, otra vez, de esquina. Hasta que el 5 de marzo de 1992 varios carros lo rodearon y otro agente se le acercó y le dijo, “Sam we were looking for you”.

Serrano contestó que no sabía de quién hablaba, como si él no fuera él. Pero el agente, llamado James, “nunca voy a olvidar su nombre”, dice Serrano, le mandó a levantar la camisa y lo identificó por los tatuajes y una foto que le habían sacado cuando fue encarcelado por primera vez. Ese día lo arrestaron de nuevo. Pasó cinco años encarcelado bajo custodia federal.

En el momento de su segundo arresto, Serrano estaba en la calle bajo libertad condicional. Algo que se repite constantemente. Entre los más de 1,000 puertorriqueños encarcelados en Pensilvania, 68 son reincidentes que violaron su libertad condicional, según datos de marzo de 2023.

En Pensilvania, en general, la más reciente tasa de reincidencia (las personas que vuelven a ser encarceladas) era de 64 %, en un período de tres años después de haber cumplido la sentencia original. De ese total, el 75 % vuelve a ser encarcelado en el período de los primeros 16 meses de haber salido de la cárcel. Y se estima que uno de cada 10 arrestados por la policía es un “ex confinado del Departamento de Corrección de Pensilvania”. Un estimado que ha aumentado desde el último informe, según la agencia.

La persistencia de la cárcel

El 17 de noviembre de 1997, Serrano salió y ya había decidido que era suficiente, que no volvería a pisar la cárcel. Tenía 26 años. Todos sus casos habían sido por drogas. En la federal, aunque se consiguen “substancias controladas”, logró romper con su adicción.

“El que quiere cambiar, cambia. Porque hay suficiente oportunidad, hay programas que uno puede aprovecharse. En la federal yo hice muchos programas. Deja ver si lo tengo aquí”. Se pone a buscar en una gaveta de su escritorio. “Porque yo siempre guardo ‘to”. Y saca uno de sus certificados del Departamento de Corrección. También tiene un archivo grande con más documentos. Al rato saca uno que parece el más importante. Está dentro de una carpeta de tapa dura y tiene un sello grande color oro.

“El caso mío ha sido borrado. Yo pagué un abogado y en el año 2000 por ahí fui al Supreme Court Boards of Pardon y el gobernador [de Pensilvania] me firmó el expungement”. De esta forma, si un policía lo detiene por alguna razón, no sabrá que Serrano estuvo en la cárcel. Porque para las personas que estuvieron encarceladas, aun después de haber cumplido su sentencia, la cárcel aparece como una mancha que solo se borra con dinero.

“Yo pagué siete mil pesos, un amigo mío pagó dos mil porque tenía dos casitos, pero yo tenía muchos casos. Ahora estoy esperando por el pardon de la federal. Pero para eso tiene que firmar el presidente [de Estados Unidos]. Ya todos mis papeles están en la White House, esperando a que cuando le dé la gana al presidente me firme la moción”.

¿Y cómo conseguiste trabajo cuando saliste de la cárcel y todavía no habías limpiado el récord?, pregunto.

“Fácil”, contesta sin titubear. “Yo salí el 17. El 18 ya estaba trabajando”. Por referencia, consiguió un puesto haciendo inventario para una compañía. Después consiguió otro trabajo en un taller de mecánica, y con la ayuda de un cuñado se certificó como mecánico, hasta que en 2014 abrió su propio taller.

Pero no siempre es tan fácil. O no todo el mundo tiene la misma suerte. La tasa de desempleo para personas que estuvieron encarceladas en Estados Unidos ha sido 27 % más alta que la tasa de desempleo general en todos los periodos históricos, incluyendo durante la Gran Depresión de los 1930, encontró un estudio del Prison Policy Initiative. El estimado de esta organización establece que las personas quieren trabajar cuando salen de la cárcel, “pero enfrentan barreras estructurales para asegurar el empleo, particularmente dentro del período inmediatamente posterior a la excarcelación”.

“Para aquellos que son negros o hispanos, especialmente las mujeres, el estado de ‘anteriormente encarcelado’ reduce aún más sus posibilidades de empleo. Este castigo perpetuo del mercado laboral crea un sistema contraproducente de excarcelación y pobreza que perjudica a todos los involucrados: los empleadores, los contribuyentes y a las personas anteriormente encarceladas que buscan romper el ciclo”, añade el estudio.

El ciclo de Serrano, que duró una década, lo hizo pasar por el centro de detención juvenil, la cárcel estatal, la libertad condicional y la cárcel federal. Cuando abrió su taller de mecánica le llamó Resurrected Auto. Queda en una calle del mismo barrio en donde se crió y donde viven su madre y todos sus tíos y tías puertorriqueñas.

“La mamá mía pasa por aquí a cada rato”, dice Serrano.

Trabaja de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados hasta las 2:30. Pero todos los años sin fallar, se va de vacaciones a Puerto Rico.

“Dos o tres veces al año tranco ‘to y nos vamos. A mí me gusta viajar. Hace como tres meses atrás nos montamos en la guagua mía y nos fuimos pa’ Kentucky. Yo voy donde quiera. Yo he ido a México, a Honduras, en noviembre fuimos a St. Thomas, he ido a Jamaica”, dice Serrano antes de volver al taller a trabajar junto a sus dos empleados. Ya es casi mediodía y los clientes siguen llegando.

Esta historia publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede leer la versión original AQUÍ.

Entrar aquí era una condena. Ahora hay una fila de por lo menos 60 personas que pagaron un boleto para entrar a la Penitenciaría Estatal del Este de Pensilvania. Es domingo 3 de septiembre, una tarde completamente despejada con un calor de 90 grados. Esta es una de las últimas oportunidades que habrá para ver la penitenciaría a la luz de la puesta del sol, antes de que terminen los twilight tours del verano.

Dentro de la penitenciaría hay una exposición. Incluye objetos, fotos y grabaciones sonoras de los encarcelados, los guardias y los empleados que habitaron esta estructura inmensa, considerada una de las primeras cárceles modernas del mundo. Entre los pasillos y los archivos de esta prisión, que estuvo activa del 1829 al 1971 en plena ciudad de Filadelfia, se ve que la población puertorriqueña encarcelada en Estados Unidos ha sido invisibilizada desde siempre.

“Teníamos a este tipo puertorriqueño que llegó a la penitenciaría estatal y yo creo que no sabían qué hacer con él, porque aquí a los negros los tenían en un bloque y a los blancos en otro. Yo ni siquiera recuerdo haber visto a un negro en el bloque de los blancos, o a un blanco en el de los negros”, dice en un audio de la exposición Wilson Floy, guardia que trabajó en la penitenciaría en la década de 1940.

Ocho décadas más tarde, en 2023, el método de identificación y clasificación del sistema correccional todavía hace imposible saber cuántos boricuas hay encarcelados en Estados Unidos, país en donde viven más puertorriqueños que en Puerto Rico.

Aunque los departamentos de Corrección de los estados recogen la información sobre el lugar de nacimiento de las personas privadas de libertad, no la publican como parte de sus informes. Mientras, los puertorriqueños y latinos que nacieron en Estados Unidos quedan invisibilizados bajo las categorías de Black, White, Hispanic o Other.

VIDEO: Penitenciaría Estatal de Este de Pensilvania

Video suministrado por Eastern State Penitentiary Historic Site

Por alrededor de seis meses el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) hizo solicitudes de información a los departamentos de corrección de cada uno de los seis estados con más puertorriqueños, Florida, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut, para obtener los datos demográficos sobre la población boricua en sus cárceles. La respuesta y forma de entrega de cada uno fue distinta y refleja un sistema de recolección de información fragmentado, desigual y deficiente.

“Estructuralmente estás viendo cómo opera el racismo: tratan de minimizar los argumentos que se han hecho históricamente en términos de que el encarcelamiento en Estados Unidos es un fenómeno racista no teniendo la información de una forma adecuada”, dijo Carmelo Campos, abogado y profesor de penología en el Colegio Universitario de San Juan.

Estados Unidos encarcela a más gente per cápita que cualquier país democrático del mundo, según un estudio del Prison Policy Initiative, un think tank enfocado en política pública sobre el sistema penal. Y además encarcela desproporcionadamente a ciertos grupos, de ahí la importancia de saber las identidades de las personas encarceladas, dijo al CPI Emily Widra, analista senior de Prison Policy Initiative.

En el Censo de Estados Unidos, muchos puertorriqueños se identifican como blancos o como negros, ni siquiera como latinos. Esto, y la deficiencia de los datos recopilados por el sistema correccional, impide que se pueda saber con precisión si los puertorriqueño están siendo encarcelados de forma desproporcionada en comparación con otros grupos.

En el caso de las personas negras estadounidenses, la tasa de encarcelamiento para 2021 era cinco veces más alta que la de las personas blancas en cárceles estatales, según The Sentencing Project, una organización sin fines de lucro que investiga el discrimen racial en el sistema de justicia de Estados Unidos y que aboga por la reducción de la población penal.

La tasa de encarcelamiento entre latinos o hispanos (categorías con la que se identifican algunos puertorriqueños) era de más de 400 entre cada 100 mil habitantes, para 2020. Mientras que la de los blancos era de menos de 200, según el Bureau of Justice Statistics del Departamento de Justicia federal. Pero hay una sospecha generalizada entre organizaciones defensoras de los derechos de las personas encarceladas y entre estudiosos del tema, de que el número de latinos en cárceles en Estados Unidos es mayor que el que reportan las agencias gubernamentales.

The Sentencing Project lo adjudica a un problema de inconsistencia cuando se clasifica a la población latina encarcelada: “con frecuencia se cuentan con métodos conflictivos o contradictorios. Por ejemplo, los ‘hispanos’ se miden racialmente como negros o blancos, y no como un grupo distinto”.

Black, White, Hispanic, Other

En los seis estados con mayor población puertorriqueña, hay 5,326 hombres y 148 mujeres que nacieron en Puerto Rico y están cumpliendo sentencias que van de un año a cadena perpetua en cárceles estatales, según datos de entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, encontró el CPI.

Pensilvania, el estado en donde se firmó la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos, y hogar del equipo de pelota de Roberto Clemente, los Piratas de Pittsburgh, tiene la mayor cantidad de puertorriqueños nacidos en Puerto Rico cumpliendo sentencias en cárceles estatales: 1,431, a diciembre de 2022. De ese total, 21 eran mujeres. La población boricua en Pensilvania, la tercera más grande en Estados Unidos, es de 466,450, según la Encuesta sobre la Comunidad del Censo de 2021.

En una cárcel municipal de Filadelfia, la ciudad más grande de ese estado, Clay Pizarro, de 49 años y nacido en San Juan, experimentó periodos de aislamiento total cuando estaba encarcelado a la espera de su sentencia. Era el año 2021 y estaban vigentes las restricciones implementadas por la pandemia del COVID-19.

En noviembre de ese año Pizarro tenía una vista sobre su caso. Pero en vez de ser transportado al tribunal lo dejaron encerrado en una sección de la cárcel que fue designada para hacer cuarentena, a pesar de que estaba vacunado y de haber dado negativo al virus. Esto provocó que su procedimiento legal se retrasara por meses, según una demanda de clase por derechos civiles en contra de la Ciudad de Filadelfia que se resolvió a favor de los demandantes.

Pizarro estaba en Riverside Correctional Facility, y temía ser víctima de violencia, porque fue testigo del abuso de guardias correccionales que usaron gas pimienta indiscriminadamente, agredieron físicamente a otros encarcelados y no protegieron a la población penal, según la demanda.

En 2022 Pizarro ingresó finalmente a una cárcel estatal para cumplir su sentencia, convirtiéndose así en una de las 334 personas nacidas en Puerto Rico que entraron a cárceles estatales de Pensilvania tan solo en ese año. En la base de datos públicos de Corrección, Pizarro es identificado como negro.

Al sur, en Florida, cuando tenía 22 años, Ricardo González fue acusado de asesinar a un policía en medio de un robo a un banco que ocurrió en 1992 en Miami. El mismo año fue encarcelado y en 1998 lo sentenciaron a la pena capital. Desde entonces ha apelado su sentencia en varias ocasiones.

En uno de esos intentos por salvar su vida, en 2001, la defensa presentó el testimonio de un neuropsicólogo, quien opinó que, al momento del crimen del que se le acusó, González estaba “bajo una presión mental y emocional extrema porque se crió entre Puerto Rico y Estados Unidos”, por su déficit en el lenguaje inglés, problemas de aprendizaje, necesidad de hacer dinero y una herida cerebral. El estado decidió mantener la sentencia de muerte en contra de González, quien aparece identificado como hispano en la base de datos oficial.

CAPTURA DE PANTALLA: Mapa de instituciones correccionales en Florida

Captura de pantalla de Florida Department of Corrections

En Florida, la nueva capital de los puertorriqueños en Estados Unidos, había 1,144 hombres y 45 mujeres que nacieron en Puerto Rico cumpliendo sentencias en cárceles estatales para febrero de 2023. De esos, cinco están sentenciados a muerte, entre ellos González. Florida es el segundo estado, después de Pensilvania, en donde hay más boricuas privados de libertad.

El tercero es Nueva York, con 1,002 hombres y 25 mujeres que nacieron en Puerto Rico cumpliendo sentencias en cárceles estatales para octubre de 2022. En el vecino Nueva Jersey, había 435 hombres y 14 mujeres, para la misma fecha.

En febrero de 2023, el CPI sometió una solicitud de información sobre los puertorriqueños en cárceles federales al U.S. Department of Justice Federal Bureau of Prisons. La agencia respondió que procesar la solicitud podría tardar hasta nueve meses.

El número de puertorriqueños encarcelados en Estados Unidos que pudo recopilar el CPI es solamente de personas nacidas en Puerto Rico que están en cárceles estatales. No incluye a puertorriqueños nacidos en Estados Unidos, ni a personas en cárceles municipales que esperan por una sentencia, o las que están en prisiones juveniles, bajo libertad condicional, o en cárceles federales.

Aunque es una cifra incompleta, la población boricua confinada en cárceles estatales de los seis estados con más puertorriqueños es más numerosa que la población del municipio de Maricao en Puerto Rico, que tiene 4,755 habitantes.

Alias Tony Jerry, Mario Reyes o Margaro Pacheco

Desde afuera, la Penitenciaría Estatal del Este de Pensilvania se ve como una fortaleza medieval. Ocupa alrededor de nueve cuerdas de terreno con muros de 30 pies de alto en Fairmount Avenue, una calle comercial de Filadelfia en donde la gente toma café en mesas al aire libre que miran hacia la entrada de la antigua prisión.

Al Capone, el gangster por excelencia de la era del prohibicionismo, estuvo en esa cárcel en 1930. El mismo año, el 4 de diciembre, ingresó allí un personaje mucho más noble y totalmente desconocido, un marinero puertorriqueño de nombre Mario Pacheco, alias Tony Jerry, Mario Reyes o Margaro Pacheco.

Tarjeta de identificación penal de Mario Pacheco, puertorriqueño encarcelado en Filadelfia en 1930.

Foto suministrada por Collection of Eastern State Penitentiary Historic Site

Reyes nació en 1904 en el pueblo montés de Comerío. Cuando fue ingresado por segunda vez a la penitenciaría en Filadelfia, en 1934, tenía 31 años. Pero en la foto de identificación penal se ve mayor. Tal vez por el cansancio. Se le nota en los ojos, la seriedad, el aire de resignación.

En el encasillado de residencia de la tarjeta dice, “este prisionero ha estado en la cárcel casi todo el tiempo desde que llegó a Estados Unidos”. Y se le describe como de ojos marrones, pelo rizo y “swarthy complexion”, un término ya obsoleto que podría traducirse como “de tez morena”. En otro documento de la penitenciaría fue clasificado como “negro”.

Pacheco, quien según la identificación tenía un tatuaje de una lápida y la palabra “Mother” en el hombro izquierdo, fue acusado, en 1934, de robar “dry goods” de una bodega. Pudo haber sido café, azúcar, telas o tabaco, pero los documentos no especifican el producto exacto, ni la cantidad. Pasaron seis años hasta que pudo salir de la cárcel bajo libertad condicional.

Manuel Fernández, de Lancaster, Pensilvania, entró a la misma penitenciaría en 1936, también por robo, y salió en 1944. En el censo penal de 1940 fue clasificado como “blanco”. Lugar de nacimiento: “Porto Rico”.

Recortes de periódicos describen a Manuel Fernández como el “ladrón fantasma”.

En 1940 la mayoría de las personas encarceladas en la penitenciaría eran estadounidenses, según el censo. Había un ruso, un italiano, un letón, un cubano y un puertorriqueño, Fernández. Si esta penitenciaría continuara funcionando hoy, habría muchos más latinos en su interior cumpliendo sentencias.

Entre 1985 a 1995, el número de latinos en cárceles estatales y federales en Estados Unidos aumentó 219%. La tendencia continuó hasta que los latinos se convirtieron en el 2021 en el grupo de personas encarceladas de mayor crecimiento. Actualmente representan alrededor del 15% de todas las personas sentenciadas en cárceles estatales y federales en Estados Unidos, según The Sentencing Project.

“El sistema es selectivo, siempre van a atrapar a las minorías y a las personas que estamos subrepresentadas. Esa ha sido la realidad que la criminología crítica siempre ha denunciado, una y otra vez”, dijo al CPI Iris Rosario, profesora de derecho penal en la Universidad de Puerto Rico y especialista en Derechos Humanos.

El crecimiento del estado carcelario

En un patio exterior de la Penitenciaría Estatal del Este Pensilvania hay una escultura llamada The Big Graph. Es color gris y roja, mide más de 16 pies y pesa 3,500 libras. Es una gráfica de barra gigante que representa la expansión del sistema carcelario estadounidense en los últimos 40 años, calificada como una “histórica en escala”. Esas columnas, que se dibujan contra el cielo como una ciudad que ha crecido vertiginosamente, condensan una historia de racismo institucional y criminalización de la pobreza.

La escultura The Big Graph también expone el crecimiento histórico de las tasas de encarcelamiento en Estados Unidos desde 1900.

Por más de un siglo, Estados Unidos encarceló entre 100 a 200 personas por cada 100 mil habitantes. Eso comenzó a cambiar a partir de 1970. Leyes nuevas y sentencias más largas comenzaron a aumentar dramáticamente la población penal, hasta el punto en que para el 2014 encarcelaron cerca de 700 personas por cada 100 mil habitantes.

La tasa de criminalidad ha ido subiendo y bajando a través de los años y mayormente es independiente de la tasa de encarcelamiento, se explica en la exposición de la penitenciaría de Pensilvania. Esto implica que el aumento de personas en la cárcel no se relaciona con un aumento en la criminalidad, sino que se trata de un sistema que se ha vuelto cada vez más punitivo.

La expansión de lo que los expertos llaman el “estado carcelario” ha ido de la mano con el discurso de “Ley y Orden”, lanzado en la campaña presidencial de Richard Nixon en el ‘68, y revigorizado en la década de los ‘80 bajo la presidencia de Ronald Regan.

El día menos pensado

En su libro de 1994, El día menos pensado: Historia de los presidiarios en Puerto Rico, el historiador Fernando Picó dice que “la cárcel no es la solución. Es el problema. Eliminar la cárcel debería ser una prioridad pública”.

En Estados Unidos la inmensa expansión carcelaria de las últimas décadas tiene pocos defensores. Pero las reformas para disminuir el número de personas encarceladas han sido mínimas también, dice Marie Gottschalk, profesora de la Universidad de Pensilvania y especialista en justicia penal, en su libro Caught: The Prison State and the Lockdown of American Politics.

Una de las reformas que deberían implementarse para reducir el tamaño de la población correccional, además de expandir los bonos por buena conducta y la libertad condicional por edad o causas médicas, es tener un mejor sistema de recolección de datos, dijo Widra, del Prison Policy Initiative.

“Los departamentos de Corrección pudieran hacer eso tan fácilmente, sin que un gobernador les tenga que decir que lo hagan, sin que haya que pasar legislación, ellos pueden, simplemente, recolectar mejor la información… Si supiéramos lo que está pasando en las cárceles el 100 por ciento del tiempo, y quiénes son las personas afectadas, creo que la gente no estaría tan dispuesta a enviar gente a prisión”, apuntó.