Días después del huracán Fiona, ocurrido en septiembre de 2022, Ordaliz Pizarro, de 39 años, acudió a la Iglesia Del Valle AIC en su comunidad Colobó en Loíza. Allí, un grupo de empleados municipales y voluntarios estaban apoyando a los vecinos con la solicitud de asistencia para necesidades críticas. Esperó pacientemente en fila durante aproximadamente hora y media. Cuando le tocó su turno, no pudo completar el formulario, pues el sistema de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) decía que ya alguien había solicitado la ayuda usando esa misma dirección.

Ordaliz, como otras cientos de personas en Loíza, vive en un camino sin nombre en la comunidad Colobó. Construyó hace 12 años, junto a su esposo, una casa de madera y techo de zinc al lado de las residencias de su mamá y de su tío. Ninguna tiene número o letra asignada para que se le identifique. Ella, como muchas otras personas en su situación, recurre al número de buzón de un familiar ante la ausencia de un número de casa, con la limitación de que los buzones también son compartidos, a veces, por decenas de personas de una misma familia.

“Yo llené tres veces y por la dirección nunca me lo dieron”, lamentó resignada la mujer, madre de tres y abuela de dos bebés.

Ninguna agencia federal o estatal tiene una cifra exacta de cuánta gente pudiera no tener dirección física en Puerto Rico, pero los estimados de Initiative for Civic Address System Assessment in Puerto Rico (iCasaPR) con información disponible del Servicio Postal de Estados Unidos apuntan a alrededor de 300,000 hogares. Esta cifra representa cerca de un millón de personas, alrededor de una tercera parte de la población de Puerto Rico, según el promedio de residentes por hogar y el estimado poblacional de la Oficina del Censo.

Ordaliz vive bajo el nivel de pobreza. Cuando llegó el huracán Fiona, su casa todavía mostraba los daños causados por el huracán María del 2017. Las mujeres empobrecidas y las personas negras son las más afectadas por esta carencia, según la organizadora comunitaria de Taller Salud, María Villegas Pizarro.

Según estimados de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo (2017-2021), el 58% de las familias lideradas por una mujer están bajo el nivel de pobreza, en comparación al 44% de todas las familias o el 28% de familias con una pareja casada. La disparidad aumenta al 68% cuando las mujeres jefas de familia tienen menores de 18 años a su cuidado.

La situación que vivió Ordaliz se replicó en la comunidad Miñi Miñi, en Loíza. Alrededor de 30 residentes acudieron al centro comunal para recibir la ayuda técnica de estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP). “Cuando estábamos llenando los formularios, [el sistema] no nos dejaba hacerlo”, recordó la profesora María Hernández Torrales, directora del Programa Pro bono, en entrevista con la Unidad Investigativa de Género del medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La razón era muy sencilla: en Miñi Miñi prácticamente todas las familias tienen la misma dirección.

Hernández Torrales y sus estudiantes resolvieron la situación agregando una extensión de un número que permitiera distinguir las residencias.

“Son residencias distintas, que reciben daños distintos por el evento atmosférico; son familias aparte”, agregó sobre el remedio que emplearon para que no se invisibilizara a toda una comunidad.

Más allá de dificultar las gestiones cotidianas, como la entrega de algún servicio en el hogar, las autoridades han reconocido que esta carencia también retrasa la capacidad de responder a alguna emergencia. Las organizaciones de base comunitaria, como Taller Salud en Loíza, denuncian que se trata de una necesidad de justicia social y derechos humanos, que impide acceder a servicios gubernamentales u otros que tienen como requisito poner una dirección.

FEMA informó a la Unidad Investigativa de Género que, en un principio, consideraron como “duplicadas” 131,986 solicitudes de asistencia de familias damnificadas por el huracán María en Puerto Rico, a causa de la dirección física. El 34% coincidía con áreas rurales como “Barrio”, “Parcela”, “Carretera”, “KM”. Mientras que el restante 66% eran direcciones de zonas urbanas o que “no muestran suficientes criterios para determinar la ubicación precisa”.

La gran mayoría de los casos considerados duplicados se resolvieron al cotejar diferencias en los nombres de los solicitantes, número de ocupantes u otros detalles en documentos oficiales. Si las direcciones no podían ser verificadas por FEMA en los registros públicos, se pedía al solicitante proporcionar documentos adicionales, informó la agencia. Finalmente solo 314 casos se invalidaron por duplicidad.

Para el huracán Fiona, el sistema de reclamaciones de FEMA detectó direcciones duplicadas en 20,183 solicitudes de asistencia. La agencia informó que solo 138 solicitudes permanecieron inválidas por esta causa, pues se comprobó, en las restantes, que eran casas distintas que comparten una misma dirección.

Las direcciones duplicadas son una de las alertas que usa FEMA para detectar el fraude, informó Idamis De Jesús, especialista en Asistencia Individual. En estos casos, el sistema en línea paraliza la evaluación de la solicitud hasta tanto pueda ser revisada.

“Si vemos que la información del proponente es completamente distinta, la soltamos para que pueda procesarse normal”, aseguró De Jesús.

Jesús Pinet, de 90 años, no obtuvo ayuda para reparar su hogar en Loíza. El inspector de FEMA se rehusaba a completar la inspección de la vivienda porque bajo esa misma dirección aparecían otras personas.

La especialista admitió, no obstante, que el sistema en línea no permite siquiera que una persona complete la reclamación por su cuenta cuando se detecta una dirección duplicada. “Desafortunadamente, ahí nos tienen que llamar o visitar a alguno de los centros. Validamos si hay alguna solicitud incompleta en el sistema y la completamos”, dijo la funcionaria de FEMA. Al menos una persona entrevistada que tuvo este problema aseguró que al hacer el proceso no entendió que podía completar la reclamación en persona en un centro de ayuda.

Muchas de las solicitudes cuyas direcciones fueron posteriormente validadas por FEMA responden a que los damnificados acudieron directamente al centro de asistencia habilitado por la agencia federal. Cuando FEMA valida una reclamación, no significa que el caso es “elegible” para el pago del seguro público; es solo un control adicional que establece la agencia para el desembolso.

Las personas que desistieron de completar la solicitud de ayuda post huracán porque el sistema no les aceptaba su dirección, no fueron referidas ni evaluadas para conocer su elegibilidad. Se le preguntó a FEMA cuántas solicitudes quedaron incompletas por esta causa, pero la agencia dijo que no tenía ese dato.

Tras el huracán María, algunos residentes se quedaron sin reclamar sus daños a causa de esta situación, según los testimonios recopilados por la Unidad.

La líder comunitaria de Colobó, Mayra Cirino, confrontó este problema cuando apoyó voluntariamente a los vecinos a llenar las solicitudes de asistencia de FEMA. “Les dicen: ‘Es que allí ya alguien solicitó’. Pues mucha gente se quedaron sin la ayuda”, contó.

Mayra Cirino asistió a los vecinos de su comunidad con las reclamaciones a FEMA y canalizando ayudas tras el huracán María.

Usar el apartado postal como sustituto de una dirección física en una reclamación de FEMA no es una alternativa accesible para todo el mundo. Aproximadamente, seis de cada 10 casas en Loíza no tiene entrega postal, según datos recopilados por la organización iCasaPR. Esa cifra se debe, en parte, a que puede haber decenas de familiares que reciben su correspondencia en un mismo buzón. Construir buzones comunales puede costar miles de dólares, debido a las regulaciones más recientes del Servicio Postal, que requieren áreas techadas y cajas que puedan ser cerradas con llave.

Carlos Quiñones, líder comunitario en el sector Melilla de Loíza, contó que cuando agentes de FEMA visitaron su comunidad para asistir en el proceso de reclamación de daños después del huracán María, él intentó someter su caso para la evaluación de la agencia. La inundación de la calle había alcanzado prácticamente dos pies de alto, el agua entró en la marquesina, y la lluvia provocó filtraciones en el techo. A falta de dirección física, colocó la dirección postal, que comparte con su tía, pero el sistema no aceptó el registro. Quiñones desistió de completar su reclamación. Su casa continúa con filtraciones de lluvia, seis años después.

La falta de dirección física es un problema multifactorial, aseguró Raúl Ríos, quien dirigió en los noventa la Oficina de Administración de Sistemas de Direcciones del Servicio Postal en Puerto Rico e Islas Vírgenes. La jurisdicción para nombrar las calles o caminos vecinales de servidumbre pública recae sobre los municipios, según el Código Municipal. Los alcaldes y alcaldesas necesitan, sin embargo, el endoso del Servicio Postal y la aprobación de la legislatura municipal.

Ríos observó que falta un “proceso coherente y práctico para nombrar calles en los 78 municipios”. Existen iniciativas particulares, como es el caso del Municipio de Caguas, pero no así una estructura o ley que aplique a nivel nacional. La Oficina de Planificación del Municipio de Loíza dijo que hizo recientemente una propuesta para la delimitación de sectores y comunidades, así como la designación de nombres para las calles y números para las viviendas. La propuesta para un plan piloto se presentó el 30 de octubre de 2023 para evaluación de la ejecutiva municipal, Julia Nazario.

El planificador Aurelio Castro agregó, por separado, que en la mayoría de los casos se dejaba a los desarrolladores proponer los nombres de las calles al interior de las urbanizaciones y someterlas al Servicio Postal. La ausencia de regulación ha provocado que haya varias calles con el mismo nombre dentro de los límites de un municipio.

Ríos fundó iCasaPR para ayudar a establecer uniformidad en la gobernanza de los datos de las direcciones. “Es tan importante como tener una acera o tener una calle o un mecanismo para llegar al pueblo; es tener algún tipo de dirección, que permita que cuando un rescatista usa un sistema de mapas pueda localizar tu casa”, comentó.

A menudo, cuando la gente llama al 9-1-1, usa referencias para explicar su ubicación: la ferretería de la esquina o la iglesia suelen ser parte del argot de las direcciones que reciben los radio-operadores y paramédicos para localizar a las personas en una situación de emergencia.

El director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Arecibo, Johnny Morales, confirmó que esto sucede frecuentemente, y retrasa el tiempo de respuesta. “El despachador tiene que estar llamando nuevamente para verificar la dirección porque no pueden llegar. A veces, los paramédicos prenden la sirena de la ambulancia y, con la persona al teléfono, le preguntan: ‘¿Me oye ahora?’”, relató.

En circunstancias típicas, la población puertorriqueña siempre ha confiado en las referencias para navegar por las calles o caminos sin nombre. Pero, cuando se trata de una emergencia, el asunto puede ser de vida o muerte, o una razón más de discrimen en el acceso a servicios.

“Cuando no tienes una dirección, no accedes a derechos humanos”, denunció Jennifer De Jesús, directora de Comunidad y Liderazgo de Taller Salud. “Lo más crítico — la ambulancia — no sabe a dónde llegar”.

“Hay comunidades enteras que comparten una dirección. Eso es un obstáculo enorme… Ahí empecé a entender por qué a la gente le denegaban tanto. Es por las direcciones; la primera persona que solicita es la única que va a ser considerada en la evaluación”, aseguró De Jesús.

Taller Salud realizó un estudio comunitario de la vivienda en Loíza, en el que todas las personas encuestadas dijeron carecer de dirección física y postal estandarizada. La muestra consistió de 366 casos repartidos en siete comunidades del barrio Medianía Alta. El 65% de personas con vivienda en deterioro o vulnerabilidad en Loíza, que participaron de la encuesta, son mujeres. El 51% son personas mayores de 60 años.

Según un estudio de iCasaPR, aproximadamente dos de cada tres casas que reciben correo postal en Loíza están ubicadas en calles sin nombres. iCasaPR utiliza la cifra de buzones en rutas rurales para hacer una aproximación de cuántas casas no son localizables o carecen de dirección.

Loíza es el municipio más impactado por este problema en la zona noreste, incluso comparado con la zona metropolitana, según una gráfica de iCasaPR. Otros municipios ubicados en ambas regiones tienen típicamente menos de 40% de las viviendas con esta dificultad, según el estudio, mientras que Loíza muestra una tasa de 81%. Solo se le acerca Río Grande, con menos del 60% de casas en esta situación. La alta concentración de buzones en rutas rurales en Loíza, que se ubica a 18 millas (30 kilómetros) de San Juan, es comparable a la de pueblos de la Cordillera Central o aislados en otras regiones de Puerto Rico y a las cifras de la isla municipio de Vieques.

Los aproximados de iCasaPR no toman en consideración la variable de viviendas sin servicio postal. En Loíza, un municipio con el 52% de los hogares bajo el nivel de pobreza federal, “en un buzón, casi todas las familias cogen todas las cartas”, relató la líder comunitaria de Colobó, Mayra Cirino.

La falta de buzones individuales también limitó el acceso a las pruebas gratuitas de COVID-19, que la administración Biden envió por correo. “No llegaban porque ya identificaban que esta persona había recibido porque, como no tenemos buzones al frente, hay 25 personas recibiendo en la misma dirección y son y viven en diferentes casas”, comentó Wilfredo Fuentes, líder comunitario en la comunidad de Villa Batata.

El departamento de Comunicaciones de la Oficina del Censo ha admitido, en documentos oficiales, que la falta de estandarización en las direcciones en Puerto Rico no solo complica la entrega del correo, sino que “retrasa la recuperación ante desastres”. También, ha conllevado una mayor inversión de la Oficina del Censo de EE.UU. para realizar encuestas en las islas de Puerto Rico.

La agencia federal coordina anualmente una aceleradora de innovación tecnológica donde ha integrado a desarrolladores de Puerto Rico, en dos ocasiones, para que diseñen alternativas al problema de la falta de direcciones. Las aplicaciones desarrolladas facilitarían que los municipios u organizaciones de base comunitaria, como Taller Salud, puedan nombrar las calles y enumerar las casas. Pero la implementación, a nivel local, no ha ocurrido.

En su Plan de Recuperación de 2018, el Gobierno de Puerto Rico reconoció como “un factor de complicación adicional” que el sistema de direcciones dificulte que los servicios de emergencias y los proveedores de servicios puedan llegar a hogares y negocios.

En Puerto Rico, hay áreas en donde decenas de familias reciben su correspondencia en un mismo buzón.

La administración de Ricardo Rosselló estimó entre los $75 a $200 millones el costo de estandarizar el sistema de direcciones, instalar nuevas señales y números de direcciones y actualizar las bases de datos gubernamentales con nuevas direcciones de propiedad.

El Gobierno de Puerto Rico había otorgado, en diciembre de 2021, un contrato de $52 millones a la compañía Tetra Tech para desarrollar una base de datos estandarizada de todas las direcciones y un mapa georeferenciado con todas las propiedades en el archipiélago, pero la administración de Pedro Pierluisi canceló el contrato alegando conflicto de interés por no informar una relación de negocios con otro contratista del Departamento de la Vivienda.

En abril de 2023, el Gobierno abrió una subasta informal para desarrollar una base de datos de información geográfica. Incluirá un portal cartográfico para el Programa Marco Geoespacial (GeoFrame, en inglés) subvencionado con fondos CDBG de recuperación y mitigación.

El secretario de Vivienda, William Rodríguez, informó que la subasta, publicada desde abril de 2023, está todavía bajo evaluación de un comité.

Rodríguez comunicó que el portal se nutrirá de la información ya disponible del catastro digital del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), el Registro de la Propiedad, información censal y del correo postal, además de visitas a los lugares.

“Vamos a estar validando y haciendo un pareo de la información para tener la data (sic) que sea lo más correcta posible y que, a su vez, va a estar georeferenciada”, indicó el Secretario.

La subasta informal requiere que las compañías participantes tengan conocimiento en GIS, configuración de bases de datos e interpretación de fotografía aérea. Sin embargo, en cuanto a la estandarización de datos, solo pide que la compañía tenga “experiencia integrando datos no estandarizados y no uniformes”.

Ríos puntualizó que, para la estandarización de las direcciones ya existentes, Puerto Rico requiere de tecnología adaptada porque las direcciones del territorio son distintas. “Todo proyecto geoespacial debería contar con especialistas en el tema de direcciones al momento de crear nuevas bases de datos geoespaciales. La ausencia de esa experiencia local ha sido el fracaso de muchos proyectos previos en el país”, lamentó.

La Junta de Planificación dijo por escrito que proveerá guías uniformes a los municipios para llevar a cabo los procesos de nombramiento de calles y la enumeración de estructuras. Sin embargo, refirió a Vivienda las preguntas sobre la fecha de publicación de estas guías y los fondos disponibles para esa tarea. Entretanto, Rodríguez confirmó que el RFP de GeoFrame no incluye una partida de fondos para la asignación de direcciones físicas. El programa solo dispone de $3 millones para asistir a los municipios y las agencias en la recopilación de información, como la ubicación de las carreteras municipales, dijo.