En Puerto Rico viven miles de familias en condiciones de pobreza y desigualdad social. El servicio de energía eléctrica es, por varias razones, una precariedad notable para esta población que tiene que lidiar, además, con la inestabilidad del sistema eléctrico y la incapacidad para costearlo —tras una ristra de aumentos— y que incluso, cuando por razones médicas, utilizan equipos eléctricos para paliar alguna enfermedad.

A ello sumamos las comunidades enteras que, debido a su ubicación geográfica y por ser áreas rurales, su nivel de vulnerabilidad fue mayor durante la recuperación energética después del huracán María.

En ambos escenarios la búsqueda de una alternativa de energía renovable es primordial pues hablamos de un servicio fundamental para mejorar las condiciones de vida. Pese a ello, los limitados, mal planificados y ejecutados programas del Departamento de la Vivienda (DV) para proveer energía renovable —anunciados con fuegos artificiales—no son un plan organizado de política pública, de acceso a la energía renovable. Tampoco son el inicio de proyectos de micro redes de carácter social y comunitario.

Esta realidad fue la que provocó el caos en la implementación del programa y la otorgación de turnos para sistemas solares. No se protegieron a las familias de adultos mayores, en particular los que viven solos. Tampoco fueron prioridad las familias con personas con condiciones graves en su hogar. El modelo para acceder a estos programas limitados dependía de la agilidad y la rapidez en el uso de dispositivos electrónicos o, en última instancia, en la movilidad y capacidad física para obtener un turno. Para colmo, el DV no puede garantizar que cumplió con la ley de turnos preferentes para adultos mayores y personas de diversidad funcional.

Otro programa del DV va dirigido a proveer energía renovable a 16 comunidades vulnerables, pero está por verse cuáles serán y ya el gobierno reconoció que no serán micro redes como proponemos desde el PIP. Estos programas no promueven la energía renovable en función de las realidades de las comunidades. Dependen del mercado y decenas de compañías para la ejecución del programa. Ojalá que para las familias que lograron acceder a este programa se cumpla la meta de lograr una energía renovable para satisfacer sus necesidades.

El modelo que debemos aspirar es uno planificado, organizado colectivamente, en función de las comunidades y sus realidades. Ese es el camino.

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Desde que la Junta de Control Fiscal entró en funciones hace prácticamente siete años, una de las dinámicas más vergonzosas y, al mismo tiempo, frustrantes, que ha provocado la presencia de esa entidad impuesta antidemocráticamente a nuestro pueblo, es la impotencia de los funcionarios gubernamentales de Puerto Rico ante sus determinaciones. Como representante, he observado el consecuente “desfile” de secretarios/as de agencias durante el proceso de discusión presupuestaria en la Cámara, intentando que la asignación de fondos que ha “aprobado” la Junta, aumente sustancialmente porque, sencillamente, “los chavos asignados no dan”.

Es un asunto cuestionable bajo dos administraciones consecutivas del Partido Nuevo Progresista (PNP) —partido que apoya incondicionalmente todo lo “federal”—son sus propios funcionarios del poder ejecutivo los responsables cuando el presupuesto de cada año fiscal no es suficiente para cumplir con la gestión de cada agencia, corporación pública o municipio. Nuestra gente es la más afectada, que reclama servicios y soluciones a sus problemas en las agencias del gobierno como testigos, observamos el espectáculo triste y desafortunado de las gestiones frustradas de los jefes y las jefas de agencias PNP que utilizan su derecho de comparecer ante la Legislatura en ocasiones como último recurso y sin éxito, para ver si “la Junta” se apiada de ellos/as.

En el caso del poder legislativo, controlado por el Partido Popular Democrático (PPD), ocurre invariablemente que la totalidad de las iniciativas legislativas, cuando tienen que ver con temas fiscales, se enmarcan a la medida de lo que ha sido aprobado por “la Junta”. Los populares se han conformado, como en tantas ocasiones anteriores, a lo que dispongan los representantes del Tío Sam en Puerto Rico. La consabida expresión “nos oponemos a la Junta, la rechazamos”, pero aceptan cabizbajos todas sus determinaciones. La existencia de la Junta, la manifestación más burda del colonialismo es un problema político, demuestra subordinación. Para acabar con ella es necesario enfrentarla políticamente e incluir un proceso de descolonización, y a eso vamos.

Evidentemente, esta realidad refleja de forma dramática lo que sin duda es el colmo del colonialismo. Este año tenemos la gran oportunidad de cambiar esta dinámica. Ya es tiempo de darnos a respetar, con la madurez que tenemos como pueblo.

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Recientemente, como todos los años, recibí el informe sobre el Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud 2023 y la Encuesta Socioeconómica de las Familias con Menores de Puerto Rico (ESeFaM) del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Estos informes nos demuestran una vez más el claro diagnóstico de una sociedad con una inmensa desigualdad social.

La situación descrita en estos informes es impactante, devastadora y debe suscitar reflexión y, sobre todo, derivar en legislación, acción social y política para la transformación de esta realidad.

En el renglón económico el 55 por ciento, alrededor de 300,000 niñas, niños y jóvenes viven bajo el nivel de pobreza. Un 40 por ciento de las familias con menores tienen al menos un padre sin empleo y un 13 por ciento de jóvenes entre los 16 y 19 años se encuentran sin matricularse y sin empleo. Se encontró que las familias de bajos ingresos son lideradas por mujeres que trabajan y participan de programas de protección social, pero que, aún así, enfrentan dificultades para satisfacer necesidades básicas del hogar. Además, el 79 por ciento de los hogares son monoparentales y el 85 por ciento de estos son encabezados por mujeres.

Sobre el panorama de empleo, las jefas y jefes de familias de bajo ingreso enfrentan obstáculos significativos que limitan el acceso a empleos. Un 61 por ciento carece de grados universitarios ni técnicos postsecundarios. Un 75 por ciento informó que la falta de cuido es un problema para poder trabajar. Un 48 por ciento lleva tres años o más sin poder participar del mercado formal y un 92 por ciento no ha tomado cursos de adiestramiento laboral en los últimos meses. De igual manera, un 70 por ciento citó los bajos salarios como otro factor limitante para entrar a la fuerza laboral.

En el aspecto educativo, el 52 por ciento de nuestra niñez, entre 3 y 4 años, no está matriculada en la escuela y un 14 por ciento de estudiantes matriculados, no asistieron a clase por sentirse inseguros en la escuela o en el camino.

Finalmente, cuando se trata de seguridad, un 5 por ciento de estudiantes han sido víctimas de “bullying” en la escuela y un 20 por ciento de menos ha consumido alcohol recientemente.

Esta horrible realidad que vive nuestra niñez es un mensaje contundente para el Gobierno y la Legislatura de acción urgente. Es necesario paz y justicia para nuestros niños y niñas.

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Por la transparencia de los fondos públicos

En la calle, casa a casa

El país que merecemos

Cuando fui electo representante por primera vez, uno de los asuntos que me sorprendió fue el control absoluto que cada legislador tenía de su presupuesto de oficina, que podía asignar, aumentar o disminuir los salarios de sus empleados a su mejor o peor criterio y que los presupuestos de los legisladores dependían si era de mayoría o minoría. Ello acompañado a la ausencia total de un plan de clasificación y retribución para establecer criterios uniformes en las labores y salarios de los empleados de la legislatura.

Durante ese primer cuatrienio diseñé un plan de clasificación interno y planteé la necesidad de transformar el manejo de los salarios y presupuestos en la Cámara. Luego de resultar reelecto en las pasadas elecciones junto a María de Lourdes Santiago, planteamos a todos los legisladores electos la necesidad de crear planes de clasificación y retribución en los diversos cuerpos legislativos.

A finales del cuatrienio pasado, y durante este, el país ha vivido los terribles casos de corrupción de representantes que utilizaban su poder del presupuesto para inflar salarios a empleados y luego recibir ese dinero a cambio, hoy todos están convictos. En este cuatrienio, la Cámara aprobó unas guías de salarios voluntarias y trataron de aprobar un plan de clasificación para los empleados legislativos resultando infructuoso aprobarlo.

Recientemente con el propósito de promover la transparencia de los fondos públicos en la legislatura, el manejo adecuado de salarios y compensaciones equitativas entre los empleados, radiqué el proyecto de la Cámara 1981 con el propósito de:

1- Crear un plan de clasificación y retribución obligatorio en Cámara y Senado.

2- Que los legisladores estén obligados a apoyar, cumplir y colaborar con los planes.

3- Los empleados legislativos estén obligados a participar de entrevistas y cuestionarios para la creación del plan.

4- No se pueda derogar un plan hasta tanto se cuente con uno nuevo.

5- Los cuerpos legislativos contraten a la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR, para la preparación del plan.

Están emplazados todos los legisladores a darle paso y apoyar esta medida, el país lo exige y nuestra responsabilidad es promover la transparencia y buen uso de fondos públicos.

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Este año nuevo comienza con periodo de candidaturas, primarias y contiendas electorales. Por primera vez en la política reciente, se logró un acuerdo político entre dos partidos, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), para combatir el anquilosado y desprestigiado bipartidismo y presentarle al país una alternativa de transformación y esperanza. Este acuerdo, que se trabajó y se pactó con el mayor desprendimiento político y con una responsabilidad histórica, ha provocado los ataques más bajunos, irresponsables y demagogos por parte de los que durante décadas nos llevaron a lo que vivimos: la quiebra económica y social.

Han recurrido, en pleno siglo XXI, a las falsedades y los cucos del pasado que usaron contra nosotros, para “meter miedo “en el proceso electoral. Es patético ver a jóvenes del colonialismo con posiciones retrógradas, que son capaces de revivir las carpetas y la persecución política para evitar, no la existencia de la alianza, sino la posibilidad del triunfo de esta.

Son los que mediante legislación prohibieron la posibilidad democrática de las candidaturas coligadas, los que no dieron paso a enmiendas a la ley para permitirlas y que se opusieron tenazmente en el tribunal. Han sido capaces de citar casos judiciales inaplicables, que no son opinión del Tribunal Supremo. La respuesta es contundente, continuáremos con la alianza, seguirán los diálogos y los acuerdos.

Desde el Partido Independentista Puertorriqueño continuamos desarrollando nuestro programa de gobierno de Patria Nueva, que no solo son propuestas, son soluciones concretas y precisas a los múltiples desafíos sociales, gubernamentales y económicos que enfrentamos en este país.

Vamos a estar en la calle, casa a casa, llevando el mensaje de que llegó el momento de la transformación, de cambiar, de comenzar a curar la enfermedad, de limpiar el gobierno, de reconstruir lo destruido. El tiempo del nefasto bipartidismo llegó a su final. No hay duda de que los intentos de miedo continuarán y nuestra respuesta será mayor audacia y seguridad en nuestro proyecto para una Patria Nueva. Con la honradez, valor y constancia de que somos la alternativa para salir del pasado y de este oneroso presente, hacia un futuro esperanzador.

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Ha llegado la época navideña, tiempo de compartir en familia, de intercambio de regalos, de reflexionar sobre el presente y el futuro. Un nuevo año se avecina, año de mucha discusión pública y eventos electorales, de búsquedas de nuevas alternativas y esperanza para el país. Es tiempo de desear lo mejor, pero también de trabajar y luchar para ello.

Recientemente en la Asamblea General del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), expresé un conjunto de ideas y propuestas para nuestro país, que son necesarias para reconstruir esta sociedad. Las comparto en este espacio, y reafirmo la necesidad y urgencia de estas:

Primero, iniciar un verdadero proceso de descolonización, que permitirá la expulsión de la terrible Junta de Control Fiscal y obtener los poderes necesarios de la independencia para la gran transformación socioeconómica.

La esperanza se hará realidad con un gobierno limpio, sin corrupción. Con acceso al derecho a la salud. Con una verdadera educación pública de excelencia. Que la Universidad de Puerto Rico (UPR) y sus 11 recintos cuenten con los recursos necesarios para garantizar su acceso a nuestro pueblo.

Con un detente a la violencia en contra de la niñez. Con justicia y equidad para que todas y todos amemos y nos unamos con quien queramos sin sufrir discrimen.

También, mediante la preservación, promoción y desarrollo de nuestro patrimonio cultural en todas sus formas y manifestaciones.

Además, ser ejemplo de protección contra el cambio climático, y en defensa de nuestras costas y recursos naturales. Crear una red de micro redes de energía renovable y eliminar la privatización de corporaciones públicas.

Proteger los derechos de los empleados públicos, sus salarios y sistema de retiro. Brindar los más amplios derechos a la clase trabajadora.

La protección y trato digno a nuestros adultos mayores, desarrollar una agricultura sustentable, vivienda accesible y empleos y oportunidades para nuestra juventud, para que no tengan que irse. El impulso a nuestra economía, el cooperativismo y apoyo a nuestros comerciantes y empresarios… Todo en busca de un desarrollo económico con justicia social y transparencia.

Así, convertimos el triunfo de la esperanza en una realidad con equidad, justicia social, solidaridad, amor y alegría. Es la construcción de una nueva sociedad para todos los que habitamos en esta patria y que merecemos un mejor país.

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El pasado domingo celebramos una histórica asamblea donde miles de pipiolas y pipiolos ratificaron las candidaturas nacionales de María de Lourdes Santiago, Juan Dalmau y este servidor.

Allí, acepté la encomienda de trabajar para continuar transformando la realidad a la que el bipartidismo corrupto ha llevado a Puerto Rico. Voy a esta encomienda junto a María de Lourdes en el Senado y un conjunto de compañeras y compañeros para cambiar la Legislatura.

Fue una asamblea entusiasta con la participación de militantes de toda la isla incluyendo Vieques y Culebra y la diáspora puertorriqueña. Comparecieron generaciones de independentistas, entre ellos los que llevan décadas dando ejemplo de lucha y la nueva generación de jóvenes.

La asamblea comenzó con una precisa y diáfana explicación del Lcdo. Fernando Martín sobre el contexto de la alianza:

“Este es un acuerdo sensato, prudente, diáfano, transparente, que maximiza nuestras oportunidades […] Estamos en condiciones en este momento de poder aprovechar el reto de esta nueva circunstancia. La militancia está lista, tenemos excelentes candidatos y el día de hoy es prueba de ello. Estamos en condiciones de dar un gran salto electoral”.

Luego nuestro líder histórico, Rubén Berríos, nos inspiró a reconocer a quienes nos precedieron y a no cesar de trabajar planteando que las décadas de lucha están rindiendo fruto:

“Esta extraordinaria multitud de todos los rincones de la isla confirma que la tierra prometida ya se ve en el horizonte”.

María de Lourdes en su mensaje de aceptación señaló:

En todo este tiempo, siendo la delegación de una, no ha habido un día en que yo me haya sentido minoría representando al pueblo puertorriqueño.

Y finalmente, Juan, al aceptar la encomienda de dirigir el proyecto del triunfo de la esperanza nos dijo:

“Esta jornada es por el amor que le tenemos a esta Patria nuestra, por el amor que le tenemos al prójimo, por el amor que le tenemos a la familia y a nuestros seres queridos. El amor supremo que le tenemos a ser puertorriqueños sobre todas las cosas. Solo por eso podemos construir una Patria Nueva, solo por eso llevaremos el triunfo de la esperanza y solo por eso podremos el día de las elecciones celebrar en grande que ha llegado nuestro momento”.

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Este próximo domingo 10 de diciembre miles de personas nos daremos cita desde la 1:00 de la tarde en el Centro de Convenciones en San Juan para celebrar la Asamblea General del Partido Independentista Puertorriqueño.

En esta asamblea se ratificarán las candidaturas de María de Lourdes Santiago al Senado por acumulación, de este servidor a la Cámara de Representantes por acumulación, y la del compañero Juan Dalmau a la gobernación.

Con esta asamblea dará inicio la jornada del proyecto Patria Nueva, encabezado por Juan Dalmau, en el contexto de una alianza política con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), con el propósito de romper con el bipartidismo y ofrecerle un gobierno justo, honrado y de justicia social, y el inicio de un verdadero proceso de descolonización.

Esta también es la culminación de un proceso extenso e intenso de ratificación de candidaturas a las alcaldías y al Senado y Cámara por distritos mediante decenas de asambleas alrededor de todo Puerto Rico. Esas candidaturas están compuestas por un conjunto de compañeras y compañeros que han asumido la responsabilidad histórica de ser candidatos, jóvenes universitarios, maestras, líderes sindicales, defensoras de los derechos humanos, de la mujer y de la comunidad LGBTTIQ+, activistas ambientales, veteranos en la lucha por la libertad. En fin, una combinación amplia y diversa.

La asamblea es, además, una gran celebración pues será el punto de partida de la campaña electoral en la que llevaremos el mensaje de que llegó el momento de acabar con los que nos llevaron a la quiebra económica y social, los que han sido los protagonistas continuos de la corrupción, los causantes principales de la debacle gubernamental, que son el bipartidismo Partido Nuevo Progresista (PNP) /Partido Popular Democrático (PPD). Por lo tanto, nuestra campaña será educar al país para votar por una transformación social, estableciendo el contraste entre el bipartidismo nefasto y los que constantemente hemos estado al lado de los derechos humanos, la solidaridad y la justicia social.

De igual forma, ya inició un proceso para la redacción de un novedoso programa de gobierno a tono con las verdaderas necesidades del país.

Los invitamos este próximo domingo, para que sean parte de este evento histórico que será el inicio del triunfo de la esperanza.

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Recientemente el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), danunciamos al país los acuerdos para forjar una Alianza de País que brinde a nuestro pueblo un gobierno honesto, competente y funcional.

Tanto nuestro secretario general, Juan Dalmau, como el coordinador general del MVC, Manuel Natal, detallaron los aspectos fundamentales de esta Alianza de País en la que el MVC y el PIP apoyaremos al compañero Juan Dalmau a la gobernación y a la compañera Ana Irma Rivera Lassén a la comisaría residente. Para Representantes por Distrito procuraremos una distribución equitativa. Para Senadores por Distrito cada colectividad presentará una candidatura al Senado por cada distrito senatorial y, a nivel municipal, el PIP presentará candidaturas a la alcaldía y la legislatura municipal en cuatro municipios, en los cuales Victoria Ciudadana no presentará candidatura y viceversa y establecer acuerdos políticos en el resto de los municipios.

Esta alianza electoral, sin precedentes en la historia moderna del país no ha pasado desapercibida por quienes nos han llevado a la quiebra moral, política y económica. Ante el temor de que sobrepasemos los resultados de las elecciones pasadas, el bipartidismo hará valer de cualquier artimaña para aferrarse al poder y continuar destruyendo a Puerto Rico. Saben que somos una alternativa electoral real con capacidad para ganar las elecciones y transformar al país.

Una de las artimañas que ya escuchamos del bipartidismo es de lo “complicado” que será para los electores entender cómo votar por los y las candidatas del PIP y el MVC. En primer lugar, ello representa una ofensa a la capacidad de aprendizaje del electorado y, en segundo lugar, y como corresponde en cualquier elección, realizaremos una campaña educativa al respecto.

Las acciones concertadas que el PIP y el MVC presentamos al país son, quizás, el acto de desprendimiento político más notorio que se haya atestiguado en el escenario político puertorriqueño. Que dos instituciones diferentes tengamos la capacidad de llegar a entendidos puntuales, sobre la base del respeto mutuo, es un cambio fundamental en el proceso político puertorriqueño, que no se equivoque nadie, ¡la alianza va! Para transformar a este país, para sanear la gobernanza pública, para un verdadero proceso de descolonización, para que triunfe la esperanza.

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Luego de varios años de investigación, fiscalización y denuncia sobre la terrible crisis de violencia contra la niñez en Puerto Rico, logramos un primer paso. La Cámara de Representantes aprobó recientemente nuestro proyecto de ley 1333 para declarar un estado emergencia por la violencia infantil.

Esta declaración de emergencia mandata a varias agencias del gobierno a establecer protocolos, adiestramientos y planes de educación continuada, la rendición de cuentas a la Legislatura, que se atiendan con urgencia los referidos de casos de maltrato y tortura de menores y, crear un registro único para uniformar los datos de las agencias, entre otras disposiciones.

La Coalición paz para la niñez, que agrupa a un nutrido grupo de organizaciones que atienden y manejan casos de violencia infantil en primera fila serán, además, parte del ente fiscalizador para el cumplimiento de la ley.

¿Por qué declarar una emergencia? En los últimos años en Puerto Rico ha habido un aumento alarmante en la cantidad de incidentes de maltrato infantil, que incluye la agresión mental y emocional, agresiones físicas y sexuales e incluso, la tortura. Las emergencias que ha enfrentado el país durante los pasados años, como los huracanes, temblores y la pandemia del COVID-19, provocaron un aumento, y a su vez invisibilizaron el maltrato infantil en Puerto Rico. A lo anterior sumamos las deficiencias presupuestarias por las que atraviesan muchas de las agencias y programas dirigidos a ofrecer los servicios necesarios para atender esta crisis.

Con nuestra iniciativa, y la de un nutrido grupo de expertos y grupos profesionales en la materia, estaremos protegiendo a miles y miles de niñas y niños en Puerto Rico que están a la merced de la violencia, el daño y la tortura. Niñas y niños que están sufriendo física y emocionalmente.

Estamos conscientes que con una sola ley no resolveremos un problema tan complejo y difícil, pero con la aprobación en el Senado y, posteriormente la firma de gobernador, el Proyecto 1333 será una contribución importante debido al conjunto de obligaciones que tiene el gobierno por los próximos tres años como parte de la declaración de emergencia.

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