De camino a los comicios de 2024 en los que los electores podrán registrarse y activarse de forma electrónica, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no ha inactivado, como dispone el Código Electoral, a los electores que están inscritos en los Estados Unidos (EE. UU.), a pesar de que la agencia tiene la información.

La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, reconoció que, aunque la agencia recibe esa información de las jurisdicciones con las que tiene acuerdos colaborativos, no hacen prácticamente nada con ella a menos que ese elector sea recusado por alguien que tenga propio y personal conocimiento de ese hecho o por un oficial de un partido político. La Comisión tiene acuerdo con 15 jurisdicciones.

“La notificación la tengo y, ya ahí, yo levanto una bandera de que este es un elector hábil para votar en otra jurisdicción”, dijo Padilla Rivera. Pero la única acción que toma la CEE es informar a Secretaría para que tenga constancia de que llegó ese aviso de registro de ese elector en Estados Unidos.

El Código Electoral, aprobado en junio de 2020, establece los pasos a seguir cuando “la Comisión detecta duplicidad entre el contenido del registro de un elector activo de Puerto Rico con esa información obtenida a través de sus acuerdos de colaboración”. La CEE “deberá notificar por escrito a la última y más reciente dirección informada por este, sea en el Registro Electoral de Puerto Rico o en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos de América, explicando la discrepancia específica, y le otorgará un término de 15 días al elector para que acepte, corrija o rechace tal discrepancia”.

Sin embargo, la CEE no hace esto, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Ni siquiera tiene una lista con los nombres de las personas registradas como electores en Estados Unidos como herramienta para alertar y prevenir que un elector no domiciliado en Puerto Rico solicite el voto ausente, el voto adelantado o que venga a votar de manera presencial, reconocieron al CPI Padilla Rivera y Eduardo Nieves Cartagena, director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico de la CEE (OSIPE).

“Si el elector registrado como activo en Puerto Rico tiene como última y más reciente dirección un domicilio como elector activo en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos que no sea Puerto Rico, será causa suficiente para que la Comisión inactive o excluya su inscripción en el Registro General de Electores de Puerto Rico siguiendo el procedimiento de notificación y los términos dispuestos en esta Ley”, dispone el Artículo 5.4 del Código Electoral.

Esta disposición del Código Electoral fue discutida en varias ocasiones por el pleno de la CEE bajo la presidencia de Francisco Rosado Colomer, según el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario.

El 26 de abril de 2021 los comisionados electorales decidieron que las notificaciones de otras jurisdicciones tenían que enviarse a la Unidad de Exclusiones de Secretaría para que “las canalice y trabaje con las correspondientes Comisiones Locales”, según una certificación revisada por el CPI.

Pero otro documento con fecha de 10 de junio de 2021 refiere el asunto al Comité de Reglamentos para que se prepare un reglamento único que incluya todas las categorías de exclusiones. Pero los comisionados fueron posponiendo la discusión del mismo y el Reglamento para el Trámite de las Recusaciones, Exclusiones e Inactivaciones fue aprobado más de dos años después, es decir, hace casi cinco meses. A esta fecha no se ha inactivado a un solo elector por doble jurisdicción, confirmó Claribel Lanausse, comisionada electoral alterna del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Según explicó la presidenta alterna, la CEE deja que la impugnación de un elector se haga estrictamente por el proceso de recusación iniciado por terceros y no por la propia agencia, en contravención de la ley que rige a este organismo electoral. Tampoco el Registro de Electores se depuró por duplicidad de domicilios durante las Elecciones de 2020, aunque el entonces presidente de la CEE, Juan E. Dávila Rivera, acordó en junio de ese año hacerlo según las directrices que imponía el Código Electoral (Ley 58-2020), aprobado ese mismo mes.

“El proceso para sacar a una persona de la lista, para excluirla de la lista por motivo de doble residencia o doble jurisdicción es un proceso de recusación. Es lo que dispone el Código, o sea, no es un proceso automático”, insistió el director de OSIPE.

El Código Electoral define que, como mínimo, un elector deberá ser ciudadano de Estados Unidos, tener 18 años de edad y cumplir con los requisitos de domicilio electoral en Puerto Rico dispuestos en la Ley Electoral.

Históricamente, la CEE ha relegado su responsabilidad de mantener depurada la lista de electores sin entender la importancia que tiene para la transparencia del proceso democrático dijo al CPI el abogado y experto electoral, Eudaldo Báez Galib.

Sostuvo que con el aumento de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos, la facilidad de movilidad y las herramientas electrónicas que facilitan el registro, reactivación y solicitud de modalidad de voto adelantado hace imperativo que la CEE promueva una mayor fiscalización ya que “cualquiera puede coger un avión votar y regresar a Estados Unidos o simplemente solicitar voto adelantado”.

“Las recusaciones son un mecanismo adicional para que ese registro se mantenga lo más puro posible, pero eso no releva a la CEE de esa responsabilidad que es innata porque el propósito de la CEE es mantener un proceso electoral constitucionalmente puro”, puntualizó Báez Galib.

“No es un proceso automático porque supongamos que hoy yo me voy a vivir a Florida. Me fui y me inscribí allá para votar, y resulta que en agosto regreso a Puerto Rico. Automáticamente no lo puedo hacer. Tengo que demostrar que la persona ya no es residente de Puerto Rico y el peso de esa prueba la tiene el recusador”, planteó Nieves Cartagena.

Sin verificar el doble domicilio

Ambos funcionarios entraron en contradicciones al responder cómo se divulga la información de los electores registrados en otras jurisdicciones para que pueda iniciarse un proceso de recusación. Al ser entrevistados, inicialmente Nieves Cartagena y Padilla Rivera dijeron que la información se entregaba a los partidos políticos al comenzar el período de recusaciones, pero luego dijeron que la notificación de ese elector se divulga solo si alguien acude a la CEE a indagar sobre ese elector en específico porque le consta que se mudó del país.

Otro problema que genera la inacción de la CEE con los electores con doble jurisdicción electoral es que el proceso de recusación culmina el 30 de abril, pero la solicitud de voto ausente y voto adelantado cierra en septiembre. Esto permitiría que en la práctica, un elector con intención de defraudar puede solicitar votar a distancia después de concluido el periodo de recusación, votar en las elecciones de Puerto Rico y también en las de Estados Unidos. Igualmente, podría votar solamente en Puerto Rico aunque ya no tenga su domicilio aquí. Esto podría ocurrir a pesar de que la CEE haya sido alertada de antemano que ese elector se inscribió en otro estado. En Puerto Rico, las personas pueden registrarse para votar en las elecciones generales hasta el 6 de octubre. Las elecciones son en noviembre.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de Estados Unidos, cada vez son más los estados que realizan verificaciones cruzadas de sus registros con otros estados para identificar electores que se hayan mudado y poder así detectar la duplicidad del registro, y, por ende, doble voto. Igualmente, esta entidad indica que los estados pueden confrontar las direcciones del registro electoral con la Oficina Postal de EE. UU. que cuenta con una base de datos que recopila algunos cambios de direcciones.

En el Código Electoral los legisladores en Puerto Rico le impusieron a la CEE el deber de establecer acuerdos de colaboración entre entidades públicas y privadas en y fuera de Puerto Rico para corroborar y actualizar electrónicamente los datos y las direcciones domiciliarias de los votantes.

Se estima que cerca de 55,000 y 43,000 personas emigraron a Estados Unidos en 2021 y 2022, respectivamente, según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. En 2022, el estado con mayor población puertorriqueña es Florida (1.2 millones). Le siguen Nueva York (994,949) y Pensilvania (491,432).

Vieja la inacción para depurar el Registro electoral

Una controversia por la inacción de la CEE en la exclusión de electores que figuran en diversas jurisdicciones de los Estados Unidos fue traída en 2020 por el entonces comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind O. Merle Feliciano.

Merle Feliciano recurrió al Tribunal para que revisara una determinación del expresidente de la CEE, Dávila Rivera, quien denegó su solicitud para que se excluyera del registro electoral de ese año a 5,551 electores detectados en ese momento como registrados en Puerto Rico y en Estados Unidos, y prevenir así que se diera un doble voto.

El excomisionado popular argumentaba que el Código Electoral de 2011 — también lo dice el aprobado en 2020 — le imponía a la CEE el deber de mantener en el registro información confiable y actualizada para, entre otras cosas, evitar el fraude electoral.

Según Merle Feliciano, el asunto que traía a la atención no era uno de recusación por domicilio, porque la dirección registrada en Puerto Rico no correspondiera al verdadero domicilio, sino que contaban con dos domicilios electorales de forma simultánea. Para fines electorales, sólo puede haber un domicilio según establece la Ley Electoral.

En medio de esta controversia, se aprobó el nuevo Código Electoral y el Comisionado del PPD desistió del recurso porque la CEE se allanó a evaluar e implementar el “nuevo mecanismo de depuración que dispone la Ley Núm. 58-2020, conocida como el Código Electoral de Puerto Rico de 2020″, señala la sentencia de la jueza Rebecca De León Ríos.

Para la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, se acerca aceleradamente el proceso electoral y al igual que en 2020, la CEE no está preparada para el evento, lo cual afecta gravemente la democracia en Puerto Rico.

“El Registro de Electores está plagado de errores, omisiones e información incorrecta, lo cual se debe a varios factores, incluyendo problemas de diseño, falta de capacidad y simple ineficiencia. La CEE ha tardado demasiado en actualizar la información sobre las transferencias de electores a otras jurisdicciones o estados, lo que impide saber cuántos electores están registrados en Puerto Rico y simultáneamente en otra jurisdicción, lo cual viola el Código Electoral y es responsabilidad de la CEE resolver. Sin embargo, este problema, al igual que muchos otros, sigue sin resolverse”, sostuvo la comisionada electoral del MVC.

“La dificultad de que cada estado envía una información diferente e insuficiente complica el proceso para que la CEE concluya que ese elector deba ser inactivado”, dijo por su parte el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte.

TIC TOC: se mueve el reloj pero no la CEE

La inacción de la CEE para prevenir que voten personas no domiciliadas en Puerto Rico no es el único problema que enfrenta esta agencia para el evento electoral 2024.

Esperando por posibles enmiendas al Código Electoral, la CEE no movió un dedo durante los primeros nueve meses de esta administración para establecer los sistemas electrónicos electorales que el propio Código exige tener hábiles para el ciclo electoral que ya inició. Esto ha provocado una cadena de retrasos y fallas operacionales que podrían ocasionar que en esta elecciones se repita el desastre ocurrido en las elecciones de 2020, encontró el CPI.

“La Comisión detuvo los trabajos, y eso fue así, en pleno, porque iban a enmendar la Ley Electoral”, admitió el director de la OSIPE.

La agencia esperó a mediados de noviembre del 2023, 15 días previo al inicio del proceso de radicación de candidaturas, para tramitar y solicitar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) los fondos necesarios para cumplir con la adquisición de la tecnología — los módems, tabletas y otros — que exige el Código Electoral, además de completar otras fases de desarrollo del Registro Electrónico de Electores.

El Código ordenó que ese registro estuviera disponible para ser utilizado a más tardar el 1ro de julio 2022. No fue hasta el 30 de octubre de 2023 que la CEE lo hizo disponible al público.

El Código dice expresamente que no es discreción de la CEE determinar si adopta o no los sistemas tecnológicos dispuestos en la Ley ni tampoco las fechas para su implementación.

Según expertos electorales consultados por el CPI, estos atrasos ponen en riesgo que se pueda cumplir con el apretado calendario electoral. Para las primarias, ni el Partido Popular Democrático (PPD) ni el Partido Nuevo Progresista (PNP) utilizarán las solicitudes electrónicas de voto adelantado y voto ausente, según han confirmado al CPI.

La expectativa es que el sistema electrónico de la Junta Administrativa de Voto Adelantado y el Voto Ausente (e-JAVAA) estará disponible el 29 de febrero, lo que solo hubiese concedido a los partidos entre 40 a 45 días para que sus electores completaran ese trámite.

“El e-JAVAA no está listo, por lo que nuestras solicitudes de voto adelantado para las primarias son en papel”, subrayó Karla Angleró, comisionada electoral del PPD.

Angleró cuestionó que a su llegada en junio de 2023 a la CEE se discutieron los proyectos tecnológicos sin tener la certificación de fondos necesarios y sin haber hablado con la OGP. Mencionó que, por ejemplo, se buscaba aprobar el e-JAVAA teniendo la CEE sólo $238,000 disponibles para un sistema que cuesta $1.2 millones. Según Angleró, lo mismo ocurrió con los e-poll books, que son las listas electrónicas de los electores hábiles para votar que sustituirán las listas en papel en los colegios de votación durante las elecciones.

“Este Código es del 2020, no es nuevo y se sabía todo lo electrónico que tenía que implementarse para estas elecciones. No se podía haber esperado a noviembre o diciembre”, acotó Angleró.

“Está todo retrasado, sin lugar a dudas. A solo meses de las elecciones generales preocupa igual lo tecnológico porque tiene el mismo retraso que tiene la Comisión en cuanto a la reglamentación y ya vimos y evidenciamos lo que fue el retraso con el Registro Electrónico y el impacto que ha tenido en el proceso de candidaturas”, expresó por su parte la comisionada electoral de MVC.

Consistente incumplimiento al Código Electoral

Fue a mediados de septiembre del 2021, que se iniciaron los trabajos para encaminar los sistemas electrónicos, cuando la CEE contrató a la compañía Project Support Inc, presidida por Edwin Velázquez Bosques, para iniciar el análisis y el modelo conceptual del Registro Electrónico.

“Ese proceso de levantamiento de requisitos [para establecer el Registro Electrónico] también tomó mucho tiempo, porque era un sistema complejo y hubo participación de todos los partidos”, añadió Nieves Cartagena.

Para el comisionado electoral del PIP, las explicaciones del director de OSIPE no se ajustan a la realidad. “Me parece que eso es más una excusa ya que durante todo el cuatrienio se estuvo discutiendo la posibilidad de enmiendas al Código Electoral y eso no podía detener los proyectos tecnológicos”.

Tranque entre CEE y Dominion retrasó compra módems de máquinas de escrutinio

En enero de 2022 el Negociado de Telecomunicaciones informó que a partir de febrero de ese año los proveedores de servicios de telefonía móvil eliminarían gradualmente sus redes 3G, la tecnología que utilizan las máquinas de escrutinio electrónico para transmitir los resultados en los eventos electorales.

Aunque la CEE sabía desde esa fecha que las 6,075 máquinas de escrutinio electrónico estarían obsoletas para los eventos electorales de 2024, no fue hasta el 14 de noviembre de 2023, un año y medio más tarde, que sometió la petición a la OGP para la compra de los 5,500 módems que permitirían que las máquinas transmitan los resultados, según los documentos revisados por el CPI.

Desde 2022, el pasado presidente de la CEE, Rosado Colomer, tenía conocimiento sobre la necesidad de sustituir los módems, pero no se adquirieron porque el funcionario entendía que le correspondía a Dominion Voting System asumir el costo del equipo por ser las máquinas de escrutinio electrónico propiedad de la compañía. Dominion alegó que esa inversión no les correspondía a ellos, confirmó la presidenta alterna.

La Comisión optó por allanarse para evitar un pleito legal. Dominion, que es el proveedor de los módems, acordó venderlos al costo y se le compraron.

“Teníamos dos alternativas: o demandamos a Dominion para que el carro corra, o no me meto en un pleito legal en año eleccionario, porque entonces ahí sí íbamos a ir al ‘tally’ [conteo manual] y entonces [mejor] compro yo los módems. Y esa negociación tomó tiempo”, arguyó la presidenta alterna del CEE.

Sin esta actualización, las máquinas — que se utilizaron por primera vez en las elecciones de 2016 — solo podrían contabilizar las papeletas, pero no podrían transmitir los resultados desde los colegios de votación, dijo Rivera Padilla.

La tecnología 3G es la abreviatura de la tercera generación de voz y datos de la telefonía móvil que se estableció en el 2002 y permitió el internet móvil. Los proveedores de servicio telefónico móvil eliminaron las redes 3G, que se apoyaban en tecnología antigua, para dar cabida a redes de servicio más avanzadas como las de cuarta y quinta generación (4G y 5G) que cuentan con mayor velocidad.

La petición de $1,287,000 para la adquisición de los módems se hizo el 14 de noviembre de 2023 junto a la solicitud de $11.8 millones para comprar 9,400 tabletas para el registro electrónico de electores, $918,000 para el proceso electrónico de voto adelantado y $280,000 para dos máquinas para el escrutinio del voto adelantado, según la plataforma electrónica de la OGP.

La Junta de Control Fiscal aprobó la petición junto a otra solicitud de fondos para el pago de nómina a empleados transitorios y las campañas de orientación el pasado 22 de diciembre.

El director de la OGP, Juan Carlos Blanco, dijo en entrevista con el CPI que, aunque se discutió la necesidad de la transferencia de ese dinero a la CEE durante el 2023, se esperó hasta noviembre para la solicitud de manera que  la gestión incluyera las cotizaciones de la compra del equipo.

Cuando el CPI le preguntó por qué tomó tanto tiempo conseguir las cotizaciones y documentos hasta llegar a noviembre casi en año electoral, Blanco respondió que desconocía los detalles, pero que en sus conversaciones con la presidenta alterna estaba consciente del tiempo y la cercanía de las fechas dispuestas en el Código Electoral.

Según el funcionario, decidieron trabajar de esta forma para facilitar el proceso de preguntas y solicitudes de información que de costumbre hace la JCF como parte de su evaluación de las peticiones presupuestarias y agilizar el proceso de aprobación que en ocasiones toma más de un mes en ser evaluado por el ente fiscal.

La presidencia dice que el proceso marcha bien

Para la presidenta alterna de la CEE, sólo se trata de “una percepción que las personas tienen, pero la realidad es que la Comisión no arrastró los pies, la Comisión no está arrastrando los pies”.

“Hemos trabajado con conciencia de las fechas que da el Código Electoral”, aseguró la funcionaria. “El Código Electoral, tenemos que reconocer que ha sido ambicioso en las fechas y en los proyectos que nos ha impuesto, y en que la Comisión lo tenga que hacer porque nosotros no tenemos todos los elementos para poder hacerlo. El primer reto que nosotros enfrentamos es el presupuesto”, agregó.

La presidenta alterna y el director de OSIPE dijeron que esperan comenzar a recibir los módems a partir de marzo, las tabletas o computadoras portátiles (e-poll books) el 29 de febrero; y que puedan tener listo el sistema electrónico de la Junta Administrativa del Voto Ausente y Voto Adelantado (e-JAVAA) para el 29 de febrero.

Sin embargo, apenas a principios de febrero se adjudicó la subasta para la compra de las tabletas, dijo Angleró, comisionada electoral del PPD. Estos dispositivos — que sustituirían las listas de registro de asistencia en papel de los electores en los colegios de votación — llegarán entre la segunda y tercera semana de marzo, añadió. La primaria de los partidos es el 2 de junio.

“Esa será la prueba de fuego para esos dispositivos. Yo me quiero asegurar que, en caso de que el e-poll book no funcione, haya listas de electores en papel, por lo que solicité copia de la lista de votantes”, subrayó la comisionada electoral del PPD.

Las 6,075 máquinas de escrutinio electrónico fueron arrendadas en el 2015 a un costo de $38.2 millones. Según dispone el contrato, luego de un pago final de $3 millones pasarán este año a ser propiedad de la CEE.

Inactivar no quiere decir que el elector sea sacado de las listas, sino que la persona tendría que activarse nuevamente en el registro de Puerto Rico cuando demuestre que es un elector con domicilio en la isla, según el Código Electoral. En las notificaciones que recibe la CEE de algunas jurisdicciones estadounidenses aparecen los últimos cuatro números de Seguro Social de los inscritos, aunque no en todas, aclaró Nieves Cartagena. Por medio del registro electrónico, la Comisión también conoce los últimos cuatro dígitos del Seguro Social de los electores, lo que serviría para verificar que se trata del mismo elector. La CEE no contestó cuántas notificaciones ha recibido.

El director de la OSIPE dijo que no inactivan al elector a pesar del aviso de que se mudó a Estados Unidos porque una persona puede inscribirse allá, pero luego regresar a vivir en la isla y en ese caso puede participar de los eventos electorales que se celebren aquí.

Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, puedes leer la publicación original AQUÍ.