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El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, instó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a reconsiderar su postura respecto a la Reforma Contributiva aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

La JSF expresó preocupación por los efectos financieros de la reforma, argumentando una reducción de ingresos gubernamentales de aproximadamente $750 millones para este año fiscal y alrededor de $3,000 millones en los próximos cinco años. Afirmaron que la medida comprometería la estabilidad fiscal del gobierno y sería inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico y la ley federal PROMESA.

“Con estas pérdidas sustanciales de ingresos, el presupuesto del Gobierno volvería a caer en déficit; borrando así el progreso logrado en los últimos años para estabilizar las finanzas de Puerto Rico. Es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico, el presupuesto del año fiscal en curso y PROMESA. La Junta de Supervisión exhorta a la Legislatura a no enviar el proyecto de ley al gobernador para su firma, así como exhorta del mismo modo al gobernador a no convertirlo en ley”, lee la declaración. Agregan que la medida se aprobó de forma apresurada y sin los análisis necesarios.

Parés Alicea aseguró que el gobierno tiene la capacidad financiera para otorgar estos alivios sin comprometer las obligaciones estatales, incluyendo las establecidas en el Plan de Ajuste de la Deuda ratificado por el Tribunal Federal. Insistió en que el impacto fiscal de la reforma sería de aproximadamente $550.2 millones anuales, con un ingreso adicional estimado de $283 millones por año. Asimismo, proyectó que los alivios podrían atraer de vuelta a Puerto Rico a unas 15,000 personas, lo que impulsaría la economía.

“El gobierno en general, ha tenido mucha disciplina y hemos tomado las medidas necesarias para absorber los costos. La Reforma Contributiva también cuenta con el endoso de organizaciones del sector privado, que entienden es necesaria para hacer justicia a los contribuyentes y estimular la economía en general”, dijo Parés Alicea.

El proyecto de reforma mantiene ajustes en tasas contributivas para individuos y corporaciones, con tasas del 7%, 14%, 22%, 30% y 33% para diferentes rangos de ingresos individuales, y del 16%, 26% y 36% para corporaciones. Además, incluye aumentos en créditos para personas mayores de 65 años, exenciones para médicos residentes, y descuentos para contribuyentes cuyos ingresos no superen los $100,000. Se eliminan contribuciones adicionales y pagos mínimos de la Contribución Alternativa, junto con cambios administrativos como la eliminación de reconciliaciones de gastos y obligaciones de informes anuales para corporaciones ante el Departamento de Estado.

El Departamento de Hacienda está actualizando los estudios de impacto económico de la reforma según los cambios finales aprobados, aunque no se anticipan alteraciones sustanciales. Parés destacó el respaldo del sector privado a la reforma, considerándola necesaria para la equidad tributaria y la estimulación económica. Sin embargo, algunas medidas propuestas, como la extensión de beneficios fiscales a residentes de Puerto Rico bajo la Ley 22/Ley 60 o la eliminación del Impuesto sobre Ventas y Uso en la cadena de distribución, no fueron aprobadas en esta legislatura.

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