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Una mujer ecuatoriana que pide acceder a la eutanasia al padecer una enfermedad terminal, incurable y degenerativa aseguró el lunes que lo que vive “es doloroso, solitario y cruel” en un alegato ante los jueces de la Corte Constitucional que deben decidir si aceptan su petición sobre la muerte digna.

Su caso ha abierto por primera vez el debate legal en Ecuador sobre la eutanasia, en un país en donde no está regulada y solo está permitida la desconexión de los aparatos de asistencia vital que mantienen con vida a una persona inconsciente por decisión de sus familiares.

Paola Roldán, de 42 años, padece esclerosis lateral amiotrófica que causa la pérdida progresiva y permanente del control de los músculos. Únicamente conserva ciertos movimientos de su rostro con los cuales expresa emociones y aún puede hablar con dificultad. Permanece postrada con vigilancia de enfermeras durante las 24 horas y permanente asistencia de oxígeno.

Aun así, asistió a la audiencia ante la Corte Constitucional que debe pronunciarse sobre su petición acostada en una camilla hospitalaria, con asistencia de un respirador y con permanentes pausas por el llanto y la incapacidad de hablar de corrido.

Ya había anunciado, cuando se puso fecha a la sesión ante la Corte, que acudiría para que la escucharan.

“Semana a semana soy testigo consciente de cada facultad que voy perdiendo”, declaró ante los magistrados.

Y defendió que presentó su demanda constitucional para acceder a la eutanasia no para que le tengan lástima. “Eso sería injusto y revictimizante”, pronunció. Sino porque, según dijo, ha vivido “una vida plena”.

“Lo único que merezco es una muerte con dignidad”, recalcó.

Su caso, apuntó, muestra “cientos y cientos de voces que hoy salen del silencio y se muestran junto a mi”. Dio al menos una docena de nombres de personas con enfermedades terminales e incurables.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, en el país se han detectado 58 casos de enfermedades neuromotoras degenerativas e incurables aunque no se especificó la condición de los pacientes.

El Código de la Salud sólo contempla lo que se conoce como eutanasia pasiva, es decir, que cuando una persona está inconsciente la familia puede tomar la decisión de desconectarla de los aparatos que la mantienen con vida o poner fin a la asistencia médica.

En Latinoamérica, el único país que ha despenalizado la eutanasia es Colombia, mientras que Uruguay y Chile debaten proyectos al respecto. En México está vigente el derecho al “buen morir” que permite a los enfermos o familiares pedir que no se mantenga artificialmente a alguien con vida.

Farid Simon, abogado de la parte demandante, manifestó que su defendida “tiene una discapacidad del 95%” y ella pide poder acceder a una muerte digna, así como modificar varios derechos constitucionales y el artículo 144 del Código orgánico penal, que sanciona el delito de homicidio e “impide que ella pueda morir con dignidad”. Quienes la ayuden, podrían ser sancionados con penas de hasta 13 años de cárcel.

Los representantes de la Presidencia y de la Asamblea Nacional no presentaron mociones a favor ni en contra del pedido de Roldán, que podría contar con una respuesta de la Corte Constitucional hacia finales de año.

La audiencia de la Corte Constitucional estuvo presidida por el magistrado Enrique Herrería Bonnet, quien escuchó también a los tres abogados de Roldán y otros comparecientes que argumentaron a favor y en contra de la eutanasia.

Otro de los participantes en la audiencia, Pablo Proaño, representante de la Fundación Dignidad y Derecho, requirió a la Corte Constitucional rechazar el pedido, aduciendo que el marco constitucional ecuatoriano no contempla el derecho a la eutanasia o la muerte digna y que el pedido pide el reconocimiento a nuevo derechos.

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