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La Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, llevó a cabo hoy, martes, una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 663, para crear la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico” con posiciones a favor y en contra de la pieza legislativa.

En la audiencia, el presidente del Negociado de Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora del Servicio Público, Rafael Otaño y la licenciada Mayra Nieves mostraron preocupación sobre la medida y no la favorecieron como está redactada.

“Entendemos que el PC 663 impone cargas adicionales a la construcción de las torres de telecomunicaciones, los cuales en conjunto podrían tener el efecto de paralizar el desarrollo de nueva infraestructura de telecomunicación inalámbrica en Puerto Rico. Además, del impacto sobre el desarrollo económico de Puerto Rico. Por lo tanto, no favorecemos la aprobación del P. de la C. 663, según está redactado”, expresaron.

Dalmau Santiago preguntó al deponente cómo es el proceso para la otorgación de endoso para la construcción de torres. La licenciada Nieves indicó que el endoso se solicita a través de la Oficina de Gerencia y Permiso (OGPe) y tiene que cumplir con unos requisitos de seguridad. Para otorgar el mismo, se hace la evaluación de cobertura, así como las torres cercanas para determinar si se le da endoso.

El líder senatorial también preguntó si durante el proceso se hacen vistas públicas. Nieves respondió que de forma mínima, pero que se han hecho. Añadió que se hacen unas evaluaciones de campo y se rinden informes, basadas en la tendencia a nivel de Estados Unidos y la proyección por la tecnología 5G.

En su turno, el portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau preguntó qué tan eficiente se pueden establecer unos parámetros precisos en términos de la topografía.

“Cuando se hace un estudio para una torre a través de la Junta de Planificación y la OGPe se hace de viabilidad, por ejemplo la altura del terreno, de la torres, un estudio de piso y suelo, toman en consideración la topografía en términos de la viabilidad de la torre. Se hace con estudios de tráfico para triangular con otras antenas para que esa área sea más apto”, dijo Otaño.

Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, cuestionó en cuáles artículos de esa medida, a juicio del negociado, interfieren con la ocupación de campo federal.

“En nuestra lectura no vemos citado ningún estudio, si vemos en su exposición de motivos que se alude a las radiofrecuencias”, indicó Otaño, quien agregó que actualmente hay alrededor de 1,700 torres en operación en Puerto Rico.

La senadora independentista preguntó cuántas torres se estima van hacer falta para satisfacer la demanda de telecomunicaciones. Otaño manifestó que al momento no se ha hecho ese estudio. A preguntas de la senadora, el deponente añadió que podrían existir torres construidas bajo anteriores códigos de construcción. Actualmente, la distancia debe estar a un radio de seguridad más apropiado que lo establecido actual en la Ley 89 del 2000.

Por su parte, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales, preguntó qué otras recomendaciones pudiera tener la Ley del 2000. Otaño puntualizó que la ley establece que para áreas residenciales y rurales el radio de seguridad es la altura de la torre más un 10 por ciento y la medida con la residencia más cercana.

En la misma línea y en oposición a la medida, participó como deponente Aramis Cruz, quien preside la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones, de Puerto Rico, Local 3010 de Communications Workers of America. La organización representa a los trabajadores de Liberty Mobile Puerto Rico Inc. y del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Las emergencias ocurren a diario y es por eso que las comunicaciones en nuestro país deben ser confiables, estables y en crecimiento. Es por eso que las compañías de comunicaciones del país deben tener todas las herramientas a su disposición para expandir sus servicios, cumplir con la demanda de los clientes y salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos. Durante los pasados años, se ha visto un avance positivo en reforzar significativamente el sistema de comunicaciones del país. Es por eso que la CWA Local 3010 no está a favor del Proyecto de la Cámara 663″, sostuvo Cruz, enfatizando su posición en la seguridad pública.

En iguales términos, se expresó Wanda Pérez de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones.

De otro lado, Wilson Rivera y la profesora Teresa Vélez del Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas, que representa a 35 comunidades, favorecieron la medida legislativa. Rivera aseveró que están a favor de la tecnología en Puerto Rico, pero de manera responsable.

“Nos oponemos a la ubicación y construcción de antenas bajo la vieja y obsoleta Ley 89 del 2000 por ser una ley inoperante y balanceada en contra de nuestras comunidades pobres”, apuntó.

Adicional, el deponente reclamó mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones, lo que está claro en el proyecto y una mayor distancia entre las torres de telecomunicaciones y las residencias.

“Necesitamos una ley que nos proteja de una manera más accesible, que se construyan pero que no nos afecten. Puerto Rico es un territorio con la instalación de más de veinte mil 20,000 antenas de telecomunicaciones a las que se pueden sumar unas 600 antenas militares que operan en Puerto Rico como Naval Aguada Unit (NAU) , Fuerte Allen en Juana Díaz, Echelon en Sabana Seca, Ramey en Aguadilla, Vieques, Salinas datos del libro Marcados por las Antenas de Wilson Rivera, 2022″, añadió Vélez.

De igual forma, Vélez denunció que la OGPe otorga los permisos desde su base de datos sin vistas oculares, dando por bien la información que proveen los ingenieros de las empresas.

“Es importante señalar que llama la atención que ingenieros electromecánicos examinen los documentos y endosen sin tener una especialidad en temas relacionados a las telecomunicaciones como es el caso de Guayanilla”, sostuvo.

En la misma línea, se expuso en un turno la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.

“Hoy día todo el derecho internacional reconoce que el acceso a las tecnologías de información y comunicación es un nuevo derecho humano. Y entonces, el problema que tenemos con eso, que yo lo defiendo, es que debe ser accesible, pero también tiene que ser sostenible. Entonces, no puede ser que socolor de decir que el mundo tiene que moverse en esa dirección, vamos a pasar de por encima a los otros derechos. Todos los derechos humanos, por su propia definición, tienen que mirarse entre sí y tienen que ser interdependientes y uno no puede utilizarse para aplastar a los demás”, enunció la legisladora.

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