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El ingeniero, excandidato independiente a la gobernación y activista ambiental, Eliezer Molina, se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática luego que esta semana fuera arrestado en los predios del condominio Sol y Playa en Rincón por una supuesta violación a una orden de acecho que luego no prosperó en radicación de cargos. Luego del incidente Molina denunció lo que considera una persecución policial.

Según Molina, la policía lo arrestó sin fundamento durante la protesta, alegando que había violado una orden de acecho sin que los elementos necesarios estuvieran presentespara la detención. Fue esposado y pasó seis horas en una celda en Aguada antes de ser liberado, algo que calificó como “secuestro”. Además, Molina acusó al Comisionado de la Policía, Antonio López de proteger la corrupción.

“El país ayer entero vio lo que es la persecución policiaca en Puerto Rico, el país entero ayer vio cómo quieren silenciarme simplemente por estar fiscalizando lo que el gobierno no tuvo la capacidad de hacer. Yo no hice nada. Esas personas dijeron y alegaron que yo había violentado una orden de acecho sin estar los elementos presentes. Me montan en una patrulla, le dicen a la gente que me van a llevar a Aguadilla, me esposaron, me arrestaron y me tuvieron seis horas en una celda en Aguada solo”, dijo Molina en WKAQ 580.

Además, el activista llamó canalla, charlatán y corrupto al coronel López. “Nosotros no tenemos miedo ni a usted, ni a sus informados, ni a sus jefes, ni a nadie a que atente contra este país. La agresión contra el medio ambiente acabó”, señaló Molina refiriéndose al Comisionado de la Policía.

Absuelto

Por su parte, su abogado, Gabriel Olivieri Miranda, detalló a Metro Puerto Rico que Molina ha sido arrestado en el pasado, pero en todos los casos ha sido absuelto, argumentando que no se habían presentado pruebas de los delitos que se le imputaban. Olivieri Miranda explicó que el martes pasado, Molina se encontraba en una zona marítimo-terrestre y no en propiedad privada, lo que invalidaba las acusaciones en su contra.

El abogado recordó que Molina había sido arrestado en 2021 mientras se manifestaba en la playa Los Almendros en Rincón, oponiéndose a una construcción que, según él, se construía ilegalmente en un área de playa pública. Molina enfrentó a acusaciones de escalamiento agravado, daños agravados y obstrucción en las obras de construcción.

“Los casos se cayeron en la vista preliminar en alzada, luego de eso no lo habían vuelto a arrestar hasta el martes pasado”, dijo.

El más reciente arresto de Molina se llevó a cabo por una orden de protección emitida por una jueza a favor de la licenciada Ignaris M. Acevedo Rosario y su esposo, el teniente del CIC de Aguadilla, Orlando Camacho. Según Olivieri Miranda, esta orden se basaba en el temor de la pareja de que Molina pudiera acecharlos.

Olivieri Miranda destacó que la presencia de Molina en la playa durante la manifestación estaba destinada a asegurarse de que se cumpliera una orden de demolición del muro frente al condominio. Además, insistió en que Molina no había tenido contacto con la esposa del teniente ni había ingresado a la propiedad privada del condominio, ya que se encontraba en un área de playa pública.

El abogado subrayó que la ley y las pruebas respaldaban a Molina en este caso y que la orden de acecho no tenía fundamento sólido. Además, señaló que la orden emitida parecía tener como objetivo disuadir las manifestaciones de activistas en áreas públicas.

Fiscal asegura no hay nada personal contra Molina

Por su parte, la fiscal Sharon Falak explicó que, al momento del arresto de Molina, la policía actuó por un motivo fundado, ya que tenían información de que existía una orden de protección contra el excandidato a la gobernación y que éste se encontraba en las inmediaciones del condominio Sol y Playa donde reside la parte peticionaria de la orden.

La fiscal también abordó la investigación llevada a cabo tras el arresto, destacó que se profundizó en los detalles del diligenciamiento de la orden de acecho. Tras esta revisión, la fiscal determinó que existían deficiencias en la extensión de la orden de acecho. Esto llevó a la decisión de no presentar cargos criminales contra Eliezer Molina.

“La Policía obra bajo el entendimiento de que hay una orden de acecho y está en las inmediaciones de un área donde reside precisamente la parte que peticionó esa orden”, añadió la fiscal.

“Si está con todos los parámetros que se exigen en la ley y ve unas deficiencias, por ende, deciden radicar cargos y eso prueba incluso más la responsabilidad de la fiscal de no tener, ningún interés personal en contra de nadie si no de hacer una investigación responsable conforme a la ley, conforme al derecho y conforme a los elementos que tiene que investigar”, dijo.

Falak negó que exista una persecución de parte de la policía por uso de recursos y los aparentes arrestos sin consulta con fiscales.

Persecución a Defensores del Medio Ambiente

En entrevista por separado, el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), William Ramírez Hernández, resaltó que la defensa del medio ambiente es un asunto de derechos humanos y que a nivel mundial se ha evidenciado una creciente tendencia de perseguir a los activistas que abogan por el ambiente. El director de ACLU destacó que en muchos países, los activistas han desaparecido o enfrentado represión debido a sus denuncias sobre asuntos que afectan adversamente al medio ambiente y, en última instancia, a la población.

Hizo hincapié en la relevancia de los esfuerzos de los activistas en Puerto Rico, especialmente en casos como el de Sol y Playa, donde se cuestiona la legalidad de proyectos de construcción en playas públicas y la aparente corrupción que permite que se otorguen permisos para dichos proyectos. Ramírez Hernández afirmó que estos esfuerzos son un “cantazo al bolsillo de las personas pudientes que están desarrollando” y señaló la importancia de los activistas en exponer y detener la corrupción.

El director de ACLU también expresó su preocupación por la falta de acción de las autoridades para hacer cumplir las leyes que protegen el medio ambiente y las áreas de dominio público, tanto a nivel local como federal. Señaló que la persecución de activistas es una forma de disuadir las manifestaciones y de proteger los intereses de aquellos que promueven el desarrollo en áreas sensibles.

Ramírez Hernández enfatizó que es una tendencia global. La protección del ambiente, que en última instancia pertenece a la población, sigue siendo un tema apremiante que requiere atención y acción a nivel nacional e internacional.

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