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En la primera de una serie de vistas públicas convocadas por el Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico (CPEPR), profesionales de la enfermería en anestesia y los que trabajan en el sistema correccional presentaron las complicaciones que enfrentan en sus respectivas prácticas.

Entre las experiencias esbozadas, las enfermeras anestesistas Lydia Maldonado Rodríguez y Mariel Quiñones Vázquez expusieron la falta de accesibilidad a seguros de impericia médica, dificultad en radicar licencias provisionales y problemas con la facturación a planes médicos, que impulsa la transición a hospitales y reduce personal en práctica privada con grupos anestesiólogos.

Quiñones Vázquez, quien es presidenta de la Sección de Práctica Avanzada en Anestesia del CPEPR, explicó que el seguro es vital por ser una rama de enfermería de alto riesgo. Planteó que desde que se induce al paciente hasta el final del procedimiento pueden presentarse complicaciones y reacciones alérgicas, entre otras situaciones.

Según la enfermera, aunque permanece el requisito del seguro de impericia médica por la ley 254, la Junta Examinadora de Enfermería de Puerto Rico no estipuló en el Reglamento para regular la profesión de la enfermería en Puerto Rico (Reglamento 9104), publicado en 2019, el tope del seguro. Incluso, denunció que la junta ha emitido licencias sin este documento que protege al enfermero de malpractice.

Por su parte, la enfermera anestesista Maldonado Rodríguez contó, en un aparte con Metro Puerto Rico, que trabaja con licencia provisional como generalista desde 2019 y, tras pasar por un fallo renal que le impidió trabajar por año y medio, comenzó a trabajar per diem (por día) para subsistir.

“Al estar un año sin práctica, pierdes muchas cosas que aprendes en la universidad. Yo empecé con licencia provisional, me enfermo de los riñones y, cuando regreso [al hospital Auxilio Mutuo], me dijeron que no pasé el período probatorio. Para no perder la práctica, me quedo como enfermera generalista, pero comienzo a hacer turnos per diem en Ashford [Hospital]”, manifestó.

Mientras, los enfermeros que trabajan en instituciones correccionales,  Carlos Valentín Rosa y Julio Pizarro Valdés expusieron cómo se puede ver la seguridad comprometida por el riesgo elevado que enfrentan en la práctica, pocos servicios que faciliten el diario vivir de los confinados y la falta de reconocimiento como profesionales.

Valentín Rosa, quien trabaja en la Institución Correccional de Guerrero, en Aguadilla, explicó que se mantienen incomunicados porque, por complicaciones con los pacientes confinados, no se permiten dispositivos de comunicación al personal. Según el profesional de la salud, hay 30 empleados en el área.

Asimismo, en la Unidad de Intervención en Crisis del Centro Médico Correccional, donde trabaja Pizarro Valdés, el enfermero especialista en salud mental expuso el poco personal en la facilidad, la baja remuneración y que no se le ha permitido la jubilación.

“Nuestra seguridad está en riesgo. Uno nunca sabe lo que va a ocurrir. Exigimos que se nos respete. Respeto a la labor que realizamos día tras día porque siempre tenemos que estar vigilantes y pendientes para podernos defender. Respeto en ese sentido y en cuanto a lo monetario, porque hay un diferencial mínimo y no hace justicia en 2023″, sostuvo.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre temas de salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.

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